En España, el derecho de asilo no se pide, se persigue. Miles de personas quedan atrapadas en un laberinto digital en el que las citas disponibles desaparecen en segundos o donde la web siempre está caída. Lo que debería ser un trámite gratuito y garantizado por el Estado se ha convertido en un mercado negro donde una cita puede costar hasta 500 euros.

La mayoría de las citas son capturadas por mafias, gestorías o particulares mediante programas informáticos y bots que las reservan automáticamente para luego ponerlas a la venta. Lo que la ley reconoce como un derecho, ahora se ha convertido en un bien escaso objeto de negocio, de forma que quien puede pagar accede y quién no, se queda fuera.

“Nunca hay disponibilidad en la web. Sabía que se podía conseguir pagando 50, 100, 200 euros, pero yo no tenía ese dinero”, relata Marina, entrevistada en el informe Sin citas no hay derechos, elaborado por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG) y Oxfam Intermón. “Nunca logré renovar la tarjeta roja (documento provisional de los solicitantes de asilo). Tengo dos hijos, pago el alquiler. No tuve acceso a la renovación por más que lo intenté”.

El informe denuncia que el Estado español incumple desde 2018 su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo, convirtiendo un trámite administrativo, que debería ser sencillo, en una carrera agotadora. Sin cita previa, no es posible solicitar protección internacional ni renovar documentos, lo que deja a las personas viviendo en un limbo legal, perdiendo trabajo, ayudas públicas e incluso el acceso al sistema de salud.

Además, al no poder acceder al proceso no figuran en ningún registro, por lo que no pueden acreditar su condición de solicitantes de asilo y, por tanto, quedan desprotegidas frente al principio de no devolución, el pilar que impide expulsar a alguien a un país donde su vida o sus derechos corren peligro.

Según apunta la jurista autora del documento, Adilia de las Mercedes, España está obligada a respetar este derecho según tratados como la Convención de Ginebra de 1951, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Negar una cita bloquea el acceso a la Administración pública, un derecho garantizado por la Constitución Española, y vulnera derechos fundamentales como la igualdad, la tutela judicial efectiva, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierten, en conversación con Público, de que este bloqueo también impide acceder al sistema de acogida para personas solicitantes de protección internacional. Explican a Público que quienes no tienen recursos pueden pedir alojamiento y manutención durante unos meses, pero solo si cuentan con el documento que acredita que han iniciado el trámite. Es decir, para poder entrar en el sistema “primero hay que tener una cita”. Como consecuencia, muchas personas quedan fuera incluso de ese amparo y viven “en la calle, en casas de amigos o familiares, o en albergues”, en condiciones de extrema precariedad.

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Foto de archivo de Mauricio Valiente, codirector general de CEAR.
El sufrimiento de vivir en un limbo
María, mujer maya achí de 57 años, llegó a España hace ocho junto a sus tres hijos huyendo de la violencia de género, del genocidio en Guatemala y de la persecución del crimen organizado. Relata que, debido a la precariedad de criar sola a tres hijos, no pudo dar continuidad a su petición de asilo y se le negó el estatuto. Su segundo intento de conseguir cita fue una pesadilla: “No encontrábamos disponibilidad a pesar de que buscábamos a toda hora los cuatro. Perdí mi trabajo y esto puso en riesgo la salud de mis hijos porque nos negaron en ocasiones la asistencia sanitaria y no tenía recursos para atender sus necesidades más básicas”. La precariedad también incrementó el racismo que sus hijos sufrieron en los colegios, con secuelas que, según explica, aún afectan su salud física y mental.

“Poner en riesgo el sustento de toda mi familia por una cita y devolvernos a la casilla de salida después de más de un año viviendo en España fue devastador para mi salud física y mental”, admite. Añade que rechaza los discursos que los acusan de vivir de ayudas, porque para acceder a ellas primero habría tenido que estar en situación regular, algo que el Ministerio del Interior le negó, junto con el derecho de sus hijos a pedir asilo.

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María trabajó durante la pandemia en primera línea cuidando a personas ancianas, exponiendo su salud y la de su familia. Sin embargo, cuando su documento caducó al terminar el estado de alarma, fue despedida. “Ojalá que en este país valoren en algún momento lo que aportamos las mujeres refugiadas porque muchas nos dejamos la salud y la vida para que este país siga creciendo. A cambio no pedimos caridad, solo pedimos derechos”, añade.

No pedimos caridad, solo pedimos derechos

Paula (nombre ficticio para preservar su anonimato), psicóloga nicaragüense, llegó a España en 2019. En su país trabajaba con víctimas de violencia sexual infantil y en defensa del aborto, penalizado en Nicaragua. Explica a Público que antes de la pandemia aún existía la atención presencial y logró entrar en el sistema de acogida. Pero al salir del programa de vivienda y tratar de renovar el permiso, se encontró con una odisea digital: páginas que se colapsaban, grupos de Telegram donde se anunciaban citas fugaces y una frustración constante.

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Abou posando en una foto cedida.
Al adentrarse en ese laberinto sin salida en búsqueda de cita asegura que descubrió “la vulnerabilidad y la desprotección” que sufren las personas solicitantes de asilo. Incluso llegó a contactar a una persona que ofrecía una cita a cambio de 300 euros, pero acabó echándose atrás “por principios” y tras cuatro meses logró renovar la tarjeta con ayuda de una organización. “Conozco a personas que sí han pagado importes altísimos. Es el temor, la ansiedad, la angustia de andar con un documento caducado, el riesgo de perder el trabajo o que te cierren la cuenta bancaria”, explica.

Necesidad de reforzar medios
La digitalización completa del sistema de asilo ha generado un efecto de invisibilización sobre muchas personas solicitantes de protección internacional. Según Mundo en Movimiento, antes era posible identificar y apoyar a quienes eran más vulnerables en las colas presenciales, pero ahora “todo se hace desde casa y los sistemas electrónicos están bloqueados por bots”. La organización subraya que la Administración podría ampliar la disponibilidad de citas o mejorar la web, pero la falta de voluntad política deja a estas personas completamente invisibles ante el sistema.

La Policía Nacional ha desmantelado redes que bloqueaban el sistema oficial mediante bots. En mayo de 2023, descubrió un grupo que sorteaba los filtros de seguridad y capturaba las citas disponibles, que luego se revendían. La operación terminó con 94 personas identificadas, 69 detenidas y 25 investigadas que presuntamente alquilaban un bot informático que tenía la capacidad de evitar los mecanismos de seguridad instalados en la página web, de forma que podían conseguir la mayoría de citas en segundos.

También en febrero de este año, la Policía detuvo en Málaga a dos personas por vender citas de asilo en distintas provincias españolas. Sin embargo, según aseguran desde CEAR, cada vez que se desmantela una red de este tipo, surge una nueva. Por lo que el problema siempre continúa.

La Policía Nacional ha desmantelado redes que bloqueaban el sistema oficial mediante ‘bots’

La ONG reclama “dotar de medios humanos y tecnológicos suficientes” a la Policía Nacional, que es quien gestiona las citas. “Cuando la Administración quiere que un trámite funcione, lo hace”, señalan, recordando cómo durante la guerra en Ucrania se crearon los CREADE, centros presenciales que gestionaban el registro y la acogida sin colapsos, por lo que propone replicar ese modelo, con ventanillas únicas donde se tramiten las solicitudes de asilo y se evalúe el acceso al sistema de acogida. También piden reforzar la atención presencial para reducir la saturación y frenar el mercado negro de citas.

Por su parte, el Ministerio de Interior asegura a este medio que la Policía Nacional trabaja de manera continua para mejorar el sistema de citación, “haciéndolo más ágil y seguro”. “En las provincias con mayor demanda se han habilitado alternativas a la página web de cita previa, como atención telefónica, correos electrónicos o servicios presenciales”, apuntan. Además, destacan que en 2024, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) encargada de estos procedimientos recibió más de 167.000 solicitudes de protección internacional, un 2,5% más que en 2023 y la cifra más alta desde la creación de la oficina en 1992.

Sin embargo, España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo más de 167.000 en 2024, pero solo concede el 13%, frente al 51% del promedio europeo.