SALVADOR GINER
Sociólogo. Presidente del Institut d’Estudis Catalans

a llegada masiva de inmigrantes al lugar menos insospechado de la frontera meridional de España, las Islas Afortunadas, ha encontrado a nuestros políticos con el trasero al aire. Cuando demógrafos, economistas y sociólogos lo habían advertido, el Gobierno, y por supuesto la vociferante oposición conservadora, no hicieron caso alguno a sus advertencias. Que yo sepa. ¿O es que se creían que el cierre efectivo de la valla en Ceuta y Melilla no iba a reconducir la corriente más al sur? ¿O es que suponían que Mauritania, Senegal y Gambia poseen gobiernos eficaces y modernos que controlan su propio territorio como si de escandinavos se tratara?
El caso es que lo que se veía venir, llegó. Si ni Estados Unidos logra controlar la larga frontera entre Tijuana en el Pacífico y Matamoros en el golfo de México, ¿cómo vamos los europeos a poner coto a la nuestra con el mundo africano? ¿Apelando a una UE que no es capaz aún de poseer una fuerza pública unificada, ni en pensar seriamente en ella? Allá se las hayan los italianos con los pobres kurdos desesperados que huyen de una Turquía impresentable -¡y con ínfulas de europea!- y los españoles con moros y negros africanos, a los que la prensa, en ofensa lamentable al idioma, suele llamar magrebís o subsaharianos. ¿Es que el Sáhara posee un encima y un debajo?
El Gobierno español decía ser, a principios de su legislatura, un Gobierno de inspiración republicana. No teman los monárquicos. El apelativo iba dirigido a una escuela del pensamiento político que pone énfasis en la autonomía de la ciudadanía, la participación política y la capacidad de autogobierno del pueblo en todos los niveles. Es una filosofía que se fundamenta en el fomento de la virtud cívica y de la responsabilidad moral de las gentes. Parte esencial de ella es su confianza en la sociedad civil para organizar su propia vida a través de asociaciones cívicas altruistas. Estas, desgraciadamente, han recibido el nombre de oenegés, que todos entendemos, pero que nada quiere decir. ¿Organizaciones no gubernamentales? ¿Es el hampa, que esperemos no sea gubernamental, una de ellas?
Hace tiempo que el Gobierno ha abandonado su retórica republicanista, sea por vergüenza o porque tiene mejores cosas que hacer. Sin embargo, hoy, ante el alud de desesperados que en sus cayucos arriban sin cesar a las Islas Canarias, he aquí que ha descubierto la importancia de las asociaciones cívicas, de las oenegés, para que le ayuden a salir del mal trago. Naturalmente, las oenegés reciben también sus subvenciones o las recibirán, pero no es lo mismo acordarse de Santa Bárbara cuando truena que poner un pararrayos antes de que los relámpagos comiencen a iluminar los cielos. No es lo mismo presentar una ideología republicana (y hasta invitar al forastero de turno que con total ignorancia de la lengua castellana dé cursillos intensivos a los príncipes de la democracia) que acordarse de sus principios y criterios cuando el alud de los desesperados se amontona en la playa.
España necesita absorber un nivel importante de inmigración. La economía no mantendría su ritmo de crecimiento sin ellos. Sin sus cotizaciones a la Seguridad Social no resistirá por mucho tiempo el sistema de pensiones. Sin su esfuerzo no funcionarían muchos servicios elementales. Hecho reconocido hace mucho tiempo en Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania, es hoy sujeto de especulación en España.
Mientras se van filtrando hacia el norte, por los pasos pirenaicos, cuantos inmigrantes pueden, o no son absorbidos por el mercado ibérico de trabajo, llegan otros, rumanos, búlgaros y polacos. No siempre los acoge el Gobierno ni sus múltiples agencias, sino cada vez más las sacrificadas y entusiastas asociaciones cívicas altruistas. Sin idealizarlas, son las que a menudo complementan las deficiencias del Estado asistencial que tanto place a las izquierdas. Pero para tener unas izquierdas modernas, eficaces, amigas de la humanidad -es decir, también de los inmigrantes- hay que ser menos estatalista y establecer un gran pacto progresista con la sociedad civil, un pacto republicano y fraterno. La fraternidad republicana no es compatible con la arrogancia jacobina de quien no se fía de las asociaciones cívicas más que cuando truena.
En Inglaterra, Tony Blair se ha desgastado terminalmente no solo porque mintió a la ciudadanía y atacó a Irak siguiendo ignominiosa y servilmente a George Bush. Está acabado también por haber prometido a los británicos mayor autonomía cívica, mayores estímulos para que el poder fluyera de abajo a arriba y otros valores propios de la necesaria renovación de una izquierda digna del siglo XXI. Como no ha cumplido, se viene abajo. Y aquí, ¿qué queda del republicanismo retórico? ¿Qué se ha hecho para potenciar la sociedad civil de veras? Con retirar las tropas de Mesopotamia no bastaba. La sociedad civil, la que practica el altruismo, la fraternidad, tenía que haber notado el cambio. Queda para cuando llega la riada, la estampida, el alud.

Acabarán siendo ‘gente de aquí’

MIGUEL PAJARES
Antropólogo. Responsable de inmigración de CCOO

Cada nueva subida de tono que adquiere el debate político sobre inmigración aumenta la alarma social y tiene un efecto negativo para los inmigrantes en lo referido al disfrute efectivo de sus derechos, no solo para aquellos que están llegando ahora, sino para toda la población inmigrada que ya está asentada en nuestra sociedad. Cuando destacados políticos dicen que “esto ya es insoportable”, o que “al Gobierno se le ha ido de las manos”, o las muchas cosas parecidas que se están repitiendo diariamente, lo que va asentándose entre la población receptora es la idea de que la inmigración es uno de los grandes males de nuestro tiempo, van incrementándose ciertos temores y van creciendo los recelos y los rechazos. Todo ello va generando dificultades para lo que, por otra parte, esos mismos políticos predican: la buena integración entre los inmigrantes y la sociedad receptora.
El gran reto que tiene una sociedad de inmigración como la nuestra es lograr que las personas inmigradas sean consideradas, por las demás y por sí mismas, miembros de pleno derecho de esta sociedad, “gente de aquí”, personas que en su relación con las instituciones, con las leyes, con los derechos y las obligaciones, en nada se distinguen de cualquier otra. Actualmente se está insistiendo desde ciertas instancias en los enormes beneficios (no exentos de problemas, como todo en esta vida) que está comportando la inmigración: favorece el crecimiento económico, ampliando las posibilidades de empleo para los autóctonos, mejora las arcas del Estado con sus impuestos, etcétera. También se insiste en que las personas inmigradas ya no van a dejar de ser (ni ellas ni sus descendientes) parte de nuestra sociedad en el futuro.
Pero lo que no se está logrando es que nuestra población interiorice que esas personas son, como decíamos, “gente de aquí”, personas con los mismos derechos que las demás, y no se logra, entre otras cosas, porque hay demasiada carga contra la inmigración en el discurso público.
Lo cierto es que, lejos de irse rompiendo las barreras y de irse deshaciendo los prejuicios, estos se están incrementando en nuestros barrios y ciudades. El discurso del rechazo aumenta entre los vecinos, y cada vez se cuestiona más el hecho de que una persona inmigrada pueda disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro vecino. Crecen los comentarios sobre la pérdida de posibilidades que tenemos para que a nuestros hijos les den becas porque se las llevan todas “ellos”, o sobre los problemas que tenemos para que nos atiendan en la Seguridad Social porque “ellos” atestan las salas de espera, o sobre los comercios que vamos cerrando porque “ellos” abren muchos negocios. Como crece también la oposición a que los musulmanes levanten lugares de culto dignos, uno de los aspectos que mayor movilización social xenófoba está generando. No es sino una forma de cuestionar que las personas inmigradas puedan hacer efectivos los derechos que legalmente tienen reconocidos.
Invertir esta tendencia no va a ser fácil. De entrada, es necesario modificar el discurso y el tratamiento político que se hace de la inmigración, y es necesario abordar el tema con más valor y con más recursos. Los propios inmigrantes y sus asociaciones harán bien en levantar la voz para decir que, en una sociedad democrática, todos tenemos los mismos derechos, al trabajo, a las prestaciones sociales, a disponer de lugares de culto dignos sea cual sea nuestra religión. Harán bien en exigir ese derecho de voto en elecciones locales que se les anuncia y luego se guarda de nuevo en el cajón.
Últimamente han surgido voces criticando esta propuesta lanzada por el PSOE e IU-ICV del voto de los inmigrantes en elecciones locales, diciendo que es inoportuna, cuando la cosa está tan caliente por la crisis que está generando la llegada de los cayucos a Canarias. Lo que en realidad se está pidiendo a las personas aquí establecidas (que inmigraron en algún momento) es que renuncien a derechos que deberían tener, para aplacar las iras que generan otras personas que ahora están llegando. Otra forma de cuestionarles sus derechos que se une a las que están sufriendo en el día a día.
Existe ciertamente el riesgo de que las personas inmigradas y sus asociaciones acepten este estado de cosas, bajen la voz y se recluyan en sus espacios propios, lo que, desde luego, no es la vía de integración que los llevará a la plena incorporación al marco de ciudadanía existente. Más conveniente sería apostar por lo contrario: por una ofensiva a favor de la igualdad efectiva de derechos. Y aquí hay que añadir que tal ofensiva no puede ser cosa solo de las personas inmigradas y sus asociaciones, sino que ha de implicar a las demás organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones públicas. Parece que el camino adecuado es el que recientemente han marcado un conjunto de organizaciones con la propuesta que han lanzando para un consenso social sobre migraciones.