l Gobierno aprobará en próximas semanas un real decreto para implantar criterios que deberán cumplir todas las comunidades sobre los centros de acogida de menores inmigrantes . La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una entrevista en la Cadena Ser, detalló que se limitará a 10 o 15 el número de menores en cada centro y habrá una ratio de personal. No entró en cómo se financiarán.

La ministra también dijo que el centro que la Xunta proyecta en Monforte de Lemos, que va a tener una capacidad de 80 menores y que fue atacado con cócteles molotov en septiembre, «no es el modelo», y recordó que «el sistema de acogida, de protección de menores en nuestro país es universal», por lo que «toda política de segregación tiene que ser firmemente rechazada».

Rego negó que haya «imposición» en la distribución de menores inmigrantes y acusó a la Xunta de tener «sesgo racista», intentar «bloquear» el reparto y hacer «seguidismo» de las directrices de Alberto Núñez Feijoo, que sigue «la agenda ultra de Vox».

La previsión es que Galicia reciba a 327 menores inmigrantes no acompañados. El primero llegó esta semana. De aplicarse lo anunciado por la ministra, la Xunta tendría que habilitar más de 20 centros para acogerlos.

En respuesta a sus declaracions, el Gobierno gallego instó a la ministra a ponerse «a traballar», y cumplir el auto del Supremo que les obliga a acoger a mil menores que solicitan protección internacional y que lleva siete meses sin ejecutar.

La Xunta también recordó que el Gobierno ya creó en Galicia «centros específicos» de migrantes, al albergar en Mondariz, que tiene 600 habitantes, a 300 menores. También señalaron que en Navarra, donde gobierna el PSOE, está uno de los mayores centros del país y que el Ejecutivo ha planteado convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un gran centro de acogida.

El Gobierno gallego, que subrayó que todos los menores que vengan a Galicia serán atendidos de forma digna, señaló que este año el Ejecutivo facilitó «cero euros» para menores migrantes, y reprochó a la ministra que el Ejecutivo plantee «recortar nun 75 %» la financiación para ellos.