Cataluña suma otra polémica en la gestión de los menores tutelados por parte de la Generalitat: la Policía Nacional ha desarticulado una red de familias en Tarragona que estafó 1,5 millones de euros haciendo pasar a sus hijos por menores migrantes no acompañados para obtener ayudas de la Administración. Un caso que llega después de varios escándalos relacionados con la reformada Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), como los pagos indebidos en prestaciones sociales a jóvenes ex tutelados, bajo investigación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

La investigación policial conocida ayer se ha saldado, por el momento, con una treintena de padres detenidos por abandonar a sus hijos después de aleccionarlos para que se hicieran pasar por menores inmigrantes sin acompañamiento con un doble objetivo: beneficiarse de recursos de la Generalitat y el Estado para su manutención, educación y salud; y, a su vez, poder lograr permisos de residencia para los niños. Según el Cuerpo policial, 22 de esos menores, que estaban bajo tutela del Govern, ya han sido entregados a sus progenitores.

Las investigaciones se iniciaron en 2023 al detectar familias que traían a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C. La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de padres implicados: progenitores con un poder adquisitivo medio-alto y múltiples visados Schengen, que abandonaban a los menores y regresaban a su país manteniendo visitas programadas a los centros. Y familias con menor capacidad económica que, después instruir a sus hijos, permanecían en España y mantenían contacto por teléfono.

Los agentes remarcan que esta práctica fraudulenta no solo desvirtúa el sistema de protección, sino que también supone un alto coste para la administración: el mantenimiento de estos supuestos menores no acompañados, incluyendo mayores de 18 años, puede oscilar entre 31 y 140 euros al día.

Finalmente, los padres han sido arrestados por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Administración. Las investigaciones continúan activas para el resto de los expedientes. Los investigadores han localizado 124 casos en centros de protección de la provincia de Tarragona que «cumplen con estas características». De estos, 109 expedientes han sido analizados.

Escándalos en la DGAIA
Otra vez en el foco de la polémica, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, trató de defender su gestión y justificó que las reformas de los últimos meses para refundar la DGAIA (denominada DGPPIA desde junio) dan «sus frutos» para detectar «el fraude donde pueda haberlos». «Esto no puede poner en tela de juicio todo el sistema», avisó.

Por este caso, el PP reclamará «una macroauditoría del sistema de atención a menores no acompañados» y la comparecencia de la consellera en el Parlament. Asimismo, los populares piden «una unidad de análisis de fraude en tutela de menores» que incorpore a la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores, el Ministerio del Interior, el de Derechos Sociales y la Generalitat, además de un protocolo de aviso automático entre provincias «cuando se detecten patrones anómalos o abandonos en periodos temporales cortos».

La gestión de Martínez Bravo ya había sido protagonista de la sesión parlamentaria de control al Govern el miércoles. La diputada del PP Lorena Roldán interrogó a la consejera sobre la reciente renovación del contrato para la prestación de servicios entre la Generalitat y la Fundació Resilis, señalada por los pagos irregulares detectados por la Sindicatura de Cuentas autonómica. El Govern justifica que la prórroga es «un trámite administrativo» que no podía impedir porque se corría el riesgo de dejar sin ayudas a los jóvenes y asegura que ha iniciado el proceso de contratar a otra entidad.

En paralelo, la Oficina Antifraude está ultimando el informe que empezó el año pasado a raíz de la denuncia bajo protección de un trabajador de la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis por supuesta mala praxis en las prestaciones sociales a jóvenes ex tutelados.

Desde que estalló el escándalo de la gestión de la DGAIA, a mediados de este año, Martínez Bravo ha sido acusada por la oposición de intentar tapar este asunto debido a que la consejería estaba anteriormente en manos de Esquerra Republicana, principal socio parlamentario del Govern del PSC.