En Gambia, como en gran parte de la costa de África occidental, la vida se sostiene con lo que da la pesca. De ella comían familias enteras, como la de Abou, hasta que un acuerdo entre su gobierno y empresas chinas permitió la construcción de fábricas en la costa y la entrada de enormes buques de arrastre en sus aguas nacionales. Lo que se presentaba como una oportunidad de crecimiento, empleo y desarrollo, terminó convirtiéndose en una sentencia.

La sobrepesca arrasó los bancos de peces, la construcción de una de las fábricas vertió directamente residuos químicos y el alimento básico del país pasó a ser un lujo, según denuncia. “Nos afectó gravemente. No solo a los pescadores, sino a la población del país en general, a los pobres. Ya no pescábamos nada. El pescado se volvió muy caro, y solo los ricos se lo podían permitir”, explica Abou.

“Duele mucho ver como vienen barcos de otros países y se llevan lo nuestro. Sobre todo porque el dinero que consigue Gambia de esos acuerdos que firmó con China y la Unión Europea no lo han visto los ciudadanos. Se lo queda el Gobierno corrupto mientras nos despojan de nuestros recursos naturales”, denuncia en conversación con Público.

Abou no se quedó callado, denunció el expolio del mar y exigió medidas para proteger el sustento de las futuras generaciones. Sin embargo, sus demandas fueron respondidas con amenazas y agresiones. “Es imposible ser activista en Gambia. Vinieron a mi puesto y destrozaron todo… Se abalanzaron sobre mí y comenzaron a golpearme. Me dieron una paliza sin piedad. Me hicieron tanto daño que casi me matan”, recuerda.

Desde ese momento supo que su vida corría serio peligro si no abandonaba el país. No se podía fiar de unas autoridades que protegían antes los intereses extranjeros que los de su propia población. “Cada día, cada minuto, mi vida estaba en peligro, y yo lo único que quería era sobrevivir”, señala rememorando el día que tuvo que huir y cambió su vida para siempre.

En 2018 tuvo que abandonar Gambia y emprender un viaje largo y peligroso hasta España, donde cruzó el Atlántico a bordo de una patera con 120 personas hasta llegar a las costas de Tenerife. Allí, pidió asilo con el apoyo de CEAR y tras años de espera e incertidumbre, el Estado español le ha reconocido en agosto de este año la protección internacional. “Mi propósito es liberar a mi pueblo y a África, porque si esta situación continúa, África terminará consumiéndose”, afirma.

El gambiano ha encontrado en España un hogar, ahora vive en Sevilla, donde trabaja de camarero, y tiene la esperanza de poder reunirse de nuevo con su familia, especialmente con su hija de nueve años.

El joven es, además, uno de los protagonistas del documental Stolen Fish, un largometraje que ha recibido más de 30 premios internacionales y se ha proyectado en festivales de derechos humanos y medioambiente de distintas partes del mundo.

Abou ha conseguido la protección por motivos políticos, debido a las amenazas que sufrió en su país, pero el origen de su persecución está directamente relacionado con su defensa del medio ambiente y su denuncia del expolio de los recursos pesqueros. Por lo que es un refugiado político, pero también climático.

La sobrepesca extranjera en aguas africanas
Lo que le ocurrió a él no es una excepción, sino el reflejo de una realidad cada vez más extendida en aguas africanas. La sobrepesca por parte de empresas extranjeras evidencia cómo los países más industrializados han construido su riqueza sobre el aprovechamiento de los recursos del Sur global cada vez más castigados también por la pobreza y la crisis climática. “Esto ha atrapado a estas naciones en círculos viciosos de pobreza, conflictividad y degradación ambiental”, señala el informe Huir del Clima de CEAR.

En Gambia, la sobrepesca ha generado la pérdida de más de 300.000 empleos en la pesca artesanal, según la International Collective in Support of Fishworkers (ICSF). La situación también se repite en otros países vecinos como Senegal o Mauritania donde la pesca artesanal era una de las principales fuentes de empleo, alimento y economía local. La llegada masiva de grandes buques industriales procedentes de corporaciones rusas, europeas y asiáticas está agotando las especies marinas y desplazando a los pescadores locales. A esto hay que sumarle que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) ha costado a los países del Área de Gestión Integrada de la Costa del Golfo de Guinea (CCLME), que incluye a Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu y Guinea, una estimación de 2.300 millones de dólares anuales.

El destino de los pequeños peces pelágicos que viven en aguas medias o cerca de la superficie, antes esenciales para alimentar a las comunidades costeras, se ha transformado en harina y aceite para la ganadería y acuicultura internacionales, además de ser utilizados en cosméticos, suplementos dietéticos y productos para mascotas fuera del continente africano. Esta industria, denuncia CEAR, contribuye a agravar la inseguridad alimentaria que ya afecta a más de 33 millones de personas en la región.

Obligados a dejar el país
“Parte de la crisis de los cayucos empieza en las propias aguas de África occidental: vacías de peces, se llenan de pescadores que se adentran en el océano en busca de un futuro mejor. Es, ante todo, una crisis de derechos humanos”, advierte CEAR en su informe.

Solo en 2024, al menos 2.197 personas que partieron desde Gambia y Senegal rumbo a las Islas Canarias murieron en la ruta del Atlántico Norte, según la ONG Caminando Fronteras. Forman parte de las 9.757 muertes registradas en la ruta atlántica ese año, la más mortífera del mundo, con una media de 28 personas fallecidas cada día.

El expolio de los recursos naturales que provoca el encarecimiento del alimento y la pérdida de empleo, sumada a la pobreza, la crisis climática, la inestabilidad política y los conflictos, empuja a miles de personas a arriesgar su vida para llegar a Europa.

Registrar y comprender las migraciones por causas climáticas puede resultar complejo ya que suelen combinar otros factores sociales, políticos y económicos. La Convención de Ginebra no reconoce a los refugiados por motivos medioambientales, pero cada vez hay más casos de personas que se ven obligados a dejar su país por estas cuestiones. Hay historias en las que el exilio viene condicionado por la pérdida de tierras fértiles, la subida del nivel del mar que contamina el agua dulce, las sequías o los ciclones que destruyen hogares.

Las migraciones climáticas son el espejo de un sistema profundamente desigual. “Quienes menos han contribuido al calentamiento global poblaciones rurales, comunidades pesqueras, agricultores, pueblos indígenas son quienes sufren sus efectos con mayor dureza”, denuncia CEAR.

Aunque existen avances, todavía hay un “vacío jurídico” que deja a estas personas “sin derechos ni garantías”, por lo que “desarrollar políticas efectivas y marcos legales de protección” ya no es una opción, sino una necesidad para salvar vidas y reconocer esta realidad, remarcan en el informe.