La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este jueves requerir a la Administraci�n General del Estado para que, en el improrrogable plazo de 15 d�as, proceda a dar cumplimiento al auto del pasado 25 de marzo en el que le orden� garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protecci�n Internacional (SNAPI) de los menores extranjeros no acompa�ados solicitantes de asilo que se encontraban a cargo de los servicios de la Comunidad Aut�noma de Canarias. En el auto, la Sala Tercera pide al Gobierno que cumpla esta orden sin excusa alguna.

El requerimiento enviado a la Administraci�n central a�ade que debe cumplirse su mandato “en sus propios t�rminos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el car�cter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya se�alados”.

El Supremo indica en el nuevo auto que se ha presentado escrito por la Administraci�n canaria, que fue la que inst� la medida cautelar adoptada por el tribunal el 25 de marzo, en el que se pone de manifiesto el insuficiente ritmo de ejecuci�n de las medidas acordadas en este incidente por parte de la Administraci�n General del Estado, “manteni�ndose la situaci�n de hacinamiento de menores no acompa�ados solicitantes de protecci�n internacional en las instalaciones de la Administraci�n auton�mica, que ya se hab�a puesto de manifiesto en el inicio de este incidente cautelar, e incluso incrementado con la llegada de nuevos menores en la situaci�n mencionada”.

Los magistrados contestan al respecto que "no le falta raz�n a la defensa auton�mica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia, y bastar�a recordar que la orden que se dio a la Administraci�n General en el auto de marzo, completado con lo declarado en el de mayo, era que el “acceso y permanencia” de los menores en el SNAPI de manera taxativa e inminente y, sin embargo, transcurridos m�s de siete meses es evidente que, como se aduce por la Administraci�n recurrente, el ritmo de ejecuci�n de dicho mandato es manifiestamente inadmisible".

A�ade la Sala que, “si bien y no sin previo recordatorio por este Tribunal, la Administraci�n General ha remitido peri�dicamente a este Tribunal las concretas actuaciones que se han desarrollado; es lo cierto que dichas actuaciones no han propiciado el cumplimiento de los claros t�rminos de la orden dada”.

En ese sentido, el Alto Tribunal manifiesta que “no se trata de que la Administraci�n Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema, esa ser� una cuesti�n que deb�a resolver la obligada, sino a incluirlos en dicho Sistema en la forma que considerase procedente, posible y con la premura impuesta (diez d�as, iniciales), y, sin embargo, lo actuado est� muy alejado de dicha orden. Menos a�n cabe oponer reparos de gesti�n de la orden dada en base a una pretendida dificultad formal, que debe estimarse obviadas con los claros t�rminos del mandato judicial”.

Por ello, requiere a la Administraci�n General del Estado para que, en el improrrogable plazo de 15 d�as desde la notificaci�n de la nueva resoluci�n, se proceda a dar debido y completo cumplimiento al Auto ordenando la medida cautelar acordada, sin posibilidad “de excusa o reparo alguno” y sin que pueda suspenderse lo ordenado.