Catalu�a suma otra pol�mica en la gesti�n de los menores tutelados por parte de la Generalitat: la Polic�a Nacional ha desarticulado una red de familias en Tarragona que estaf� 1,5 millones de euros haciendo pasar a sus hijos por menores migrantes no acompa�ados para obtener ayudas de la Administraci�n. Un caso que llega despu�s de varios esc�ndalos relacionados con la reformada Direcci�n General de Atenci�n a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), como los pagos indebidos en prestaciones sociales a j�venes ex tutelados, bajo investigaci�n de la Fiscal�a del Tribunal de Cuentas.

La investigaci�n policial conocida ayer se ha saldado, por el momento, con una treintena de padres detenidos por abandonar a sus hijos despu�s de aleccionarlos para que se hicieran pasar por menores inmigrantes sin acompa�amiento con un doble objetivo: beneficiarse de recursos de la Generalitat y el Estado para su manutenci�n, educaci�n y salud; y, a su vez, poder lograr permisos de residencia para los ni�os. Seg�n el Cuerpo policial, 22 de esos menores, que estaban bajo tutela del Govern, ya han sido entregados a sus progenitores.

Las investigaciones se iniciaron en 2023 al detectar familias que tra�an a sus hijos menores a Espa�a con visados de turismo tipo C. La Polic�a Nacional ha identificado dos perfiles de padres implicados: progenitores con un poder adquisitivo medio-alto y m�ltiples visados Schengen, que abandonaban a los menores y regresaban a su pa�s manteniendo visitas programadas a los centros. Y familias con menor capacidad econ�mica que, despu�s instruir a sus hijos, permanec�an en Espa�a y manten�an contacto por tel�fono.

Los agentes remarcan que esta pr�ctica fraudulenta no solo desvirt�a el sistema de protecci�n, sino que tambi�n supone un alto coste para la administraci�n: el mantenimiento de estos supuestos menores no acompa�ados, incluyendo mayores de 18 a�os, puede oscilar entre 31 y 140 euros al d�a.

Finalmente, los padres han sido arrestados por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigraci�n ilegal y fraude a la Administraci�n. Las investigaciones contin�an activas para el resto de los expedientes. Los investigadores han localizado 124 casos en centros de protecci�n de la provincia de Tarragona que �cumplen con estas caracter�sticas�. De estos, 109 expedientes han sido analizados.

Esc�ndalos en la DGAIA
Otra vez en el foco de la pol�mica, la consejera de Derechos Sociales, M�nica Mart�nez Bravo, trat� de defender su gesti�n y justific� que las reformas de los �ltimos meses para refundar la DGAIA (denominada DGPPIA desde junio) dan �sus frutos� para detectar �el fraude donde pueda haberlos�. �Esto no puede poner en tela de juicio todo el sistema�, avis�.

Por este caso, el PP reclamar� �una macroauditor�a del sistema de atenci�n a menores no acompa�ados� y la comparecencia de la consellera en el Parlament. Asimismo, los populares piden �una unidad de an�lisis de fraude en tutela de menores� que incorpore a la Polic�a Nacional, la Fiscal�a de Menores, el Ministerio del Interior, el de Derechos Sociales y la Generalitat, adem�s de un protocolo de aviso autom�tico entre provincias �cuando se detecten patrones an�malos o abandonos en periodos temporales cortos�.

La gesti�n de Mart�nez Bravo ya hab�a sido protagonista de la sesi�n parlamentaria de control al Govern el mi�rcoles. La diputada del PP Lorena Rold�n interrog� a la consejera sobre la reciente renovaci�n del contrato para la prestaci�n de servicios entre la Generalitat y la Fundaci� Resilis, se�alada por los pagos irregulares detectados por la Sindicatura de Cuentas auton�mica. El Govern justifica que la pr�rroga es �un tr�mite administrativo� que no pod�a impedir porque se corr�a el riesgo de dejar sin ayudas a los j�venes y asegura que ha iniciado el proceso de contratar a otra entidad.

En paralelo, la Oficina Antifraude est� ultimando el informe que empez� el a�o pasado a ra�z de la denuncia bajo protecci�n de un trabajador de la UTE Fundaci� Merc� Fontanilles-Fundaci� Resilis por supuesta mala praxis en las prestaciones sociales a j�venes ex tutelados.

Desde que estall� el esc�ndalo de la gesti�n de la DGAIA, a mediados de este a�o, Mart�nez Bravo ha sido acusada por la oposici�n de intentar tapar este asunto debido a que la consejer�a estaba anteriormente en manos de Esquerra Republicana, principal socio parlamentario del Govern del PSC.