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El Partido Popular continúa sumándose a las políticas xenófobas de la extrema derecha. El PP valenciano y Vox han acordado este lunes pedir al Consell que el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 realice “estadísticas diferenciadoras” entre la población nacional y la migrante para comparar el uso que hacen de “donaciones de sangre” o las “emergencias sanitarias” la “población nacional” y los migrantes. Además, los dos partidos reclaman al Consell también que se mida “el absentismo laboral” de la población extranjera.

Según la propuesta que ha presentado Vox y que ha apoyado el PP alcanzando la mayoría absoluta “les Corts Valencianes aprueban el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 instando al Consell a que, en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario se trasladará al Gobierno autonómico que deberá aprobar su aplicación.

La diputada de Vox Teresa Ramírez ha manifestado que “uno de los aspectos que más preocupa en sociedad es la entrada sin control y desatada de migrantes sin papeles”, y por ello cree necesario recopilar este tipo de datos para “tomar medidas y cuidar el estado de bienestar de los españoles”.

Asimismo, Mari Carmen Contelles (PP) ha defendido que el plan “refuerza” y “mejora” el anterior, con un 13% de estadísticas nuevas, y ha señalado que “medir no es un tema ideológico” y “nunca resta, sino que siempre suma”. “La información es información y a partir de ahí se pueden tomar mejores decisiones”, ha afirmado la diputada popular.

Por su parte, el socialista José Díaz ha denunciado “la rendición total del PP ante la ultraderecha” y su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de dedicarse “a criminalizar a los inmigrantes”, con el fin de “seguir recibiendo respiración asistida de Vox y seguir en el poder”.

Además, las dos formaciones también han presentado este lunes una propuesta para reformar el reglamento de Les Corts Valencianes en el que se plantea la eliminación del lenguaje inclusivo y de varias comisiones parlamentarias, entre ellas la de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBIQ+.

CCOO critica la medida y responde con datos
Comisiones Obreras ha criticado duramente esta propuesta señalando que no se trata de una medida de eficiencia, sino de construir un “chivo expiatorio” al que culpar de problemas que, en realidad, no existen.
“Su solución, la de contabilizar cuántas ayudas recibe cada grupo, no busca eficiencia, sino crear un enemigo al que responsabilizar de dificultades inexistentes”, ha asegurado Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO en el País Valencià.

El sindicato se basa en los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024) que reflejan que la población residente en España nacida en el extranjero con o sin nacionalidad española representa el 18% del total. De este grupo, casi la mitad (47%) es de origen latinoamericano. Lejos de ser una carga, las personas migrantes muestran una alta participación laboral: su tasa de actividad es del 69,3%, frente al 56,4% de la población española. Su presencia es especialmente relevante en sectores clave: siete de cada diez empleadas en el hogar y cuidados son migrantes (72%), casi la mitad en hostelería (45%) y alrededor de un tercio en construcción y agricultura (32% y 31%, respectivamente).

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Según la propuesta que ha presentado Vox y que ha apoyado el PP alcanzando la mayoría absoluta “les Corts Valencianes aprueban el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 instando al Consell a que, en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante; en la recepción de ayudas; en el uso de servicios de urgencias sanitarias; sobre la cantidad de donantes de sangre existentes; y sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública”. El acuerdo parlamentario se trasladará al Gobierno autonómico que deberá aprobar su aplicación.

La diputada de Vox Teresa Ramírez ha manifestado que “uno de los aspectos que más preocupa en sociedad es la entrada sin control y desatada de migrantes sin papeles”, y por ello cree necesario recopilar este tipo de datos para “tomar medidas y cuidar el estado de bienestar de los españoles”.

Asimismo, Mari Carmen Contelles (PP) ha defendido que el plan “refuerza” y “mejora” el anterior, con un 13% de estadísticas nuevas, y ha señalado que “medir no es un tema ideológico” y “nunca resta, sino que siempre suma”. “La información es información y a partir de ahí se pueden tomar mejores decisiones”, ha afirmado la diputada popular.

Por su parte, el socialista José Díaz ha denunciado “la rendición total del PP ante la ultraderecha” y su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de dedicarse “a criminalizar a los inmigrantes”, con el fin de “seguir recibiendo respiración asistida de Vox y seguir en el poder”.

Además, las dos formaciones también han presentado este lunes una propuesta para reformar el reglamento de Les Corts Valencianes en el que se plantea la eliminación del lenguaje inclusivo y de varias comisiones parlamentarias, entre ellas la de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBIQ+.

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En términos económicos, los migrantes aportan más de lo que reciben, al contribuir al 10% de los ingresos de la Seguridad Social mientras representan apenas el 1% del gasto público. La OCDE estima que, de media, cada persona migrante genera un gasto público un 32% menor que un ciudadano español. Es decir, por cada euro destinado a una persona española, se gasta solo 0,68 euros en una migrante. En términos netos, una persona migrante aporta aproximadamente 1.600 euros al año más que un nativo.

Estos datos, subrayan desde CCOO, demuestran que responsabilizar a los migrantes de problemas económicos o sociales carece de fundamento, y advierten que políticas de este tipo pueden alimentar discursos de odio y discriminación institucionalizada.