El PP y Vox pactan diferenciar en las estadísticas entre población nacional y migrante y acaban con la comisión LGTBI en las Cortes Valencianas
La oposición califica estas medidas "racistas" y "discriminatorias" de nueva cesión de Mazón a la extrema derecha "por su supervivencia"
El Mundo, , 21-10-2025El PP y Vox han pactado en las Cortes Valencianas dos medidas que afectan a los derechos de dos colectivos que la formación de Santiago Abascal tiene entre sus prioridades recortar, siguiendo la estela iniciada en otras autonomías donde también sustentan el gobierno de los populares: migrantes y colectivo LGTBI .
A propuesta de Vox, ambos partidos, con la mayoría en el parlamento, han aprobado este lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda una propuesta de resolución para instar al Gobierno valenciano a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 una serie de “estadísticas diferenciadoras” entre “población nacional” y “población migrante”, siempre “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales”.
En concreto, la formación voxista pide esta distinción en los datos de la contribución neta al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios de urgencias sanitarias, la cantidad de donantes de sangre existentes y el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública, en este último caso también “diferenciando hombres y mujeres y edad”.
Según ha defendido la diputada Teresa Ramírez, “uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad es la entrada sin control y desatada de inmigrantes sin papeles y sin identidad”, por lo que a su juicio “es necesario conocer qué está pasando en la calle”. También se ha preguntado “qué problema hay” de pedir estas estadísticas diferenciadas.
No fue tan lejos el PP, que se agarró a que «medir no es un tema ideológico». «La información es información y, a partir de ahí, se pueden tomar las mejores decisiones. Nunca resta, siempre suma», defendió la diputada popular Mari Carmen Contelles.
Para Compromís, se trata de una iniciativa “racista” y “vulnera claramente los derechos humanos”, según la describió Aitana Mas, mientras para el PSOE, “no es política, es ideologías del odio con sello institucional”. “Es un intento descarado de criminalizar a la población migrante y de normalizar el racismo desde el Boletín Oficial. Es la rendición total del PP ante la ultraderecha”, insistió el diputado José Díaz.
Fin al lenguaje inclusivo
No es la única medida que Vox impulsa con el apoyo del PP. Ambas formaciones han presentado este lunes una propuesta para reformar el reglamento de las Cortes en la que, entre otras cuestiones, se plantea la eliminación del lenguaje inclusivo y de varias comisiones parlamentarias, entre ellas la de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBi , que quedan integradas en una nueva comisión de Familia, Política Social e Igualdad. También se reorganizan las comisiones de Asuntos Europeos, de Derechos Humanos y de Participación Ciudadana, que pierden su entidad propia. Para Vox, supone «un cambio simbólico y político de calado» al ser “un freno a la proliferación de organismos y comisiones identitarias” y “reforzar el papel central de la familia”, dijo su portavoz, José María Llanos. Para el PP, no es mas que una “reorganización”.
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Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha manifestado que esta es “una prueba más” de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “está entregado a la extrema derecha y que comparte con Vox el ideario retrógrado y del pasado en cuanto a los derechos y libertades”. Con esta decisión, Mazón “demuestra que es un presidente de extrema derecha al que solo le preocupa su propia supervivencia al frente de la Generalitat” y que “está dispuesto a vender todos los derechos y libertades conseguidos durante muchos años con el esfuerzo de colectivos como el LGTBiQ+”, según Muñoz.
Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado al PP y a Vox de inventarse “una nueva cortina de humo para tapar su responsabilidad en la muerte de 229 personas durante la dana” del 29 de octubre, “y nuevamente el precio lo pagan las mujeres, las personas LGTBi o los Derechos Humanos”. Ha tildado de “antidemocrática y parcial” esta reforma reglamentaria y ha considerado que ambos partidos “representan el mismo proyecto de odio que no representa de ninguna manera a la mayoría del pueblo valenciano”.
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