Las llegadas de cayucos a las islas Canarias siguen encadenando semanas en descenso, pese a que los primeros compases del otoño son proclives a la buena navegación en la peligrosa ruta atlántica. Según los datos publicados ayer por el Ministerio del Interior, en lo que van de año han arribado al archipiélago 13.491 personas en 218 embarcaciones. El año pasado, en el mismo periodo, lo hicieron 32.878 inmigrantes. Un 59% menos gracias, en gran medida, a la colaboración de Mauritania, regada con fondos de la Unión Europea y España para contener desde sus fronteras la inmigración irregular.

El titular de Interior, Fernando Grande – Marlaska, se reunió ayer en Madrid con su homólogo mauritano, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a quien agradeció esa “excelente cooperación” de su país en materia de seguridad y en lucha contra las mafias que trafican con personas. Según reveló, las fuerzas de seguridad de Mauritania han colaborado en la interceptación de 3.500 personas, que pretendían subirse a un cayuco para pisar suelo europeo. 10.000 salidas, según el ministro, fueron abortadas en 2024. Unas cifras que, en palabras de Marlaska, constatan “el sólido compromiso” de España para hacer frente al reto de la migración irregular “contribuyendo a prevenir muertes en el mar”.

Las cifras en descenso, que no se experimentaban en años, avalan la política migratoria de externalización de fronteras, usada previamente en países como Marruecos, Libia o Túnez con métodos en entredicho por la vulneración de derechos humanos. Mauritania, que sufre una presión migratoria sin precedentes, ha expulsado –de forma forzosa– a casi 30.000 personas a Malí y Senegal. Human Rights Watch (HRW) documentó este verano, en un extenso informe, la mano dura que está utilizando la policía mauritana para frenar los cayucos rumbo a Canarias: redadas contra personas por su color de piel, condiciones de arresto infrahumanas –con torturas, abusos sexuales, incluidos–, retenciones en centros saturados sin comida durante días o expulsiones colectivas a lugares recónditos de la frontera. Mauritania, donde se encuentra desplegado medio centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, negó las acusaciones de tortura y racismo. España no se pronunció entonces.

Ayer, el ministro del Interior calificó a Mauritania como “un país socio y amigo con el que existen vínculos históricos, relaciones de vecindad muy estrechas y una excelente cooperación en materia migratoria y de seguridad”. Además, señaló en que el país africano desempeña un “papel esencial en la gestión migratoria regional”, comprometiéndose con su homólogo a “seguir abogando por la cooperación con Mauritania en el seno de la UE”.

El descenso de cayucos que llegan a Canarias ha servido para situar el total de inmigrantes que llegan a España en un 35% menos que en 2024.