Alberto Núñez Feijóo ha desgranado hoy en Barcelona las bases de la política migratoria que el PP quiere poner en práctica si llega a La Moncloa para “acabar con el actual descontrol del Gobierno” y “poner orden de una vez como el resto de la Unión Europea”. Una de las principales novedades del programa es la de elevar la exigencia lingüística para obtener la nacionalidad hasta el certificado B2 de español (nivel intermedio-alto).

El plan de inmigración, del que ya había hecho anuncios parciales en las últimas semanas, será uno de sus principales estandartes en el camino hacia las próximas elecciones generales y la vía para diferenciarse tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Vox, a los que ha acusado de “utilizar este tema de forma partidista”.

Entre las novedades del decálogo presentado hoy, destaca el endurecimiento de las condiciones para obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o prestaciones como el ingreso mínimo vital (IMV). “La nacionalidad española no se regala, se merece, y no puede ser un mero trámite administrativo”, ha dicho.

Feijóo ha asegurado que, si gobierna, elevará “el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional” para los extranjeros que lleguen a España porque “es el mejor camino para la integración”. El certificado B2 de castellano acredita la capacidad de comprender textos complejos, interactuar con fluidez y naturalidad con hablantes nativos, y producir escritos claros y detallados sobre diversos temas. Quien obtiene este documento oficial está capacitado para desenvolverse con soltura en situaciones cotidianas y laborales. En Bachillerato, por ejemplo, el nivel de competencia oral y escrita en español de un estudiante es asimilable al B1 (intermedio) o B2. El PP, además, pretende implantar una “prueba reforzada” de conocimiento institucional, legal, cultural e histórico del país “para verificar y garantizar el compromiso con los valores comunes”.

La concesión de la residencia de larga duración “dependerá del esfuerzo y la contribución y no del mero paso del tiempo”. Asimismo, varias prestaciones sociales, como el IMV, estarán vinculadas a la búsqueda de empleo, ha señalado en su discurso en un acto que ha contado con la asistencia de cónsules, sindicatos policiales y otras entidades de la sociedad civil, entre ellas algunas asociaciones de extranjeros residentes en Cataluña. “Las prestaciones son concebidas para quienes más lo necesitan y no pueden convertirse en una forma de vida para nadie de forma permanente”, ha valorado.

Las frases de Feijóo han tenido una inmediata respuesta por parte del Gobierno. “Los trámites burocráticos no son simples ni fáciles y todas las personas que han conseguido la nacionalidad española se la han ganado”, ha contraatacado el delegado del Ejecutivo en Cataluña, Carlos Prieto, que ha retado al presidente del PP a “responder a todas las preguntas” que se realizan en el examen de nacionalidad sobre conocimientos del país y de la Constitución. “Quizás él no lo pasaría y acabaría por ser apátrida”, ha ironizado el dirigente socialista a través de redes sociales.

“Barrios irreconocibles”
Arropado por varios dirigentes del partido, el líder del PP no ha escondido su preocupación por ver “barrios enteros de España convertidos en lugares irreconocibles”. Quienes rechazan integrarse, ha dicho, no pueden tener “los mismos privilegios” que quienes “sostienen este país con su trabajo”.

Junto al secretario general del partido, Miguel Tellado, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, Feijóo ha presentado oficialmente los diez puntos del que será uno de sus planes estrella en caso de llegar a la presidencia del Gobierno y que ha sintetizado en una frase: “Mano dura contra las mafias y los delincuentes y tendida a quien viene a trabajar y prosperar”. Lo ha hecho en Palo Alto Barcelona, en el corazón del barrio de Poblenou, en el recinto de la antigua fábrica textil Gal i Puigsech, hoy rehabilitado y convertido en una ajardinada isla urbana que acoge una veintena de estudios donde trabajan profesionales de la arquitectura, la fotografía, el arte, el diseño y el sector audiovisual.

La elección de la capital catalana para presentar el programa no es casual. El PP es consciente de que la inmigración será uno de los asuntos de cabecera en las elecciones generales que se celebrarán, si no hay adelanto, en 2027, y Cataluña es uno de los territorios donde este debate hace tiempo que está sobre la mesa.

En esta región, la competencia en los mensajes que reclaman un mayor control del flujo migratorio y más dureza punitiva con los delincuentes multirreincidentes procedentes de otros países es mayor que en cualquier otra comunidad autónoma. Además de Vox, se unen los discursos de Junts per Catalunya y Aliança Catalana, el partido independentista de extrema derecha que dirige la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, con presencia en el Parlament desde hace un año y con altas expectativas de crecimiento según todos los sondeos.

Feijóo ha remarcado que la inmigración es una competencia del Gobierno y que ejercerla “va más allá del mero reparto de inmigrantes ilegales” y de “intentar minimizar el problema allí donde dicta el independentismo”. En este punto, ha cargado contra la distribución de menores llegados a Canarias y Ceuta por el resto de comunidades autónomas excepto Cataluña y el País Vasco.

Para afrontar sin fisuras el debate sobre la llegada de extranjeros a España, los populares presumen de tener una hoja de ruta clara y concisa “contra la inmigración irregular y el negocio de las mafias”. Si llega a la presidencia del Gobierno, Feijóo centralizará las competencias en esta materia en “una única autoridad” ministerial “frente a los cinco departamentos actuales”. Según el jefe de la oposición, en el Ejecutivo de Sánchez hay “cinco ministros que hablan de inmigración y ninguno de ellos hace nada”.

Tal y como avanzó EL MUNDO el domingo, el PP endurecerá al máximo los permisos de residencia por arraigo si gobierna. El principal partido de la oposición plantea la puesta en marcha de un visado por puntos condicionado a trabajos donde “falta mano de obra” y con preferencia por una inmigración “culturalmente próxima”.

“El empleo será la puerta de entrada como mejor garantía de integración y se establecerá un visado por puntos que clarificará las exigencias para venir a España”, se ha comprometido Feijóo. Para ello, propone dos vías: un contrato en origen en sectores de difícil cobertura o un visado temporal para buscar trabajo en sectores tensionados, sujeto a controles y plazos definidos.

Asimismo, el jefe de filas del PP ha asegurado que, si cuenta con los votos necesarios en las Cortes Generales, reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Extranjería y el Código Penal para perseguir delitos en aguas internacionales y dotar de más competencias a la Fiscalía y la Guardia Civil.

El líder de los populares asegura que su plan se rige por los criterios de “orden, legalidad y humanidad”. Entre otras medidas, una persona a la que se le acabe el visado temporal para estar en búsqueda activa de empleo deberá regresar a su país. “Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado”, ha sentenciado. “Los inmigrantes que cometan delitos graves perderán la residencia”, ha agregado.

En este sentido, el PP aboga por “recuperar el carácter excepcional del arraigo y el asilo” y que la verificación de edad se resuelva “en un máximo de 72 horas” para evitar fraudes con los menores. También por “un sistema de cuotas de entrada por países” que, en función del cumplimiento de los requisitos por parte de estos Estados, serán mayores o menores.

Asimismo, el Partido Popular aboga por expulsar de España a los inmigrantes que delincan “aun siendo migrantes regulares”. Unas expulsiones que se aplicarían “en los delitos contra la libertad sexual” o en casos de “multirreincidencia”. “No hacerlo sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país”, dijo el pasado viernes Ezcurra, coordinadora de un plan cuyo objetivo, según los populares, es promover “una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa”.

“La inmigración no es un tema de moda, es una cuestión de país, una preocupación legítima de gente que se siente insegura o ve que sus barrios han cambiado”, ha descrito hoy la dirigente del PP. “Fue el independentismo el que quiso llenar Cataluña de inmigrantes que no hablasen español y ahora vocifera”, ha añadido. La también eurodiputada considera que “España es el país más atractivo para la irregularidad debido al fraude en el empadronamiento y a las actuales condiciones de arraigo”.

“O a la frontera o a la cárcel”
“En España hay mucho caos y se necesita orden”, ha proclamado Ezcurra, que a la vez ha cargado contra “la derecha radical y los salvapatrias de salón”. “El orden sin legalidad es autoritarismo”, ha sentenciado. “El que venga a España delinquir se ha equivocado de país: o a la frontera o a la cárcel”, ha concluido su intervención.

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“España no es racista, es uno de los países más abiertos y tolerantes del mundo”, ha reivindicado Fernández, que ha señalado que la preocupación por la inmigración que señalan las encuestas, en puestos de cabeza junto a la vivienda, es una “legítima preocupación por la política de inmigración catastrófica de los últimos años”. “Cataluña ha sido el laboratorio esencial en el buenismo populista del ‘papeles para todos’ indiscriminado y el multiculturalismo mal entendido”, ha agregado el líder del PP catalán.

No obstante, Fernández ha reivindicado que “el populismo que ha mirado hacia otro lado ante prácticas deleznables no puede ser confrontado con el otro populismo de ‘todos expulsados’”, en alusión a Vox. “Los españoles no son tontos y no se van a dejar tomar el pelo por la estafa permanente que representan el PP y el PSOE”, ha reaccionado el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, a estas críticas y al plan de los populares, a quienes responsabiliza de que “España esté sumida en una invasión de inmigración ilegal”.