El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha retado a Jorge Azcón a delegar sobre su partido las competencias en inmigración que este le ofreció, de forma irónica, ante la negativa a que alguien de su equipo de Gobierno incumpliera la ley. Sin embargo, desde la formación verde han optado por tomar en serio esta propuesta y “recoger el guante” lanzado por el barón popular para, de esta forma, desarrollar sus políticas en esta materia con medidas que “están totalmente dentro de la legalidad”.

Así, de volver a formar parte del Ejecutivo autonómico, Nolasco ha explicado que la primera decisión que tomaría sería cancelar los convenios con las ONG que asisten a los inmigrantes , porque, a su juicio, “colaboran con el tráfico de personas de manera indirecta”. “Revocaremos de inmediato todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con las entidades que colaboran con el tráfico de personas”, aludiendo a Accem, Cepaim, Apip Acam o Cruz Roja, las cuales “recibirán cero euros” si Vox regresa al poder.

Del mismo modo, aplicarían el artículo 35.2 de la ley de Extranjería, el cual faculta a las regiones a “establecer acuerdos con los países de origen” de los menores migrantes llegados a España para “procurar que su atención e integración social se realice en su entorno de procedencia”. Asimismo, la norma indica que “tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.

Nolasco ha señalado que solo necesitaría “unos meses” para aplicar estas medidas y que, una vez hecho, “nos volveremos a ir del Gobierno”.

Sin embargo, la propuesta de Azcón fue totalmente irónica, porque el PP no contempla la posibilidad de que Vox vuelva a formar parte del Ejecutivo aragonés. Lo ha demostrado con su respuesta a las declaraciones del portavoz de la formación verde, al que invitan a “darse un baño realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación”.

En ese sentido, desde el Gobierno de Aragón han señalado a través de un comunicado que lo expresado por Nolasco demuestra “un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración”.

Por lo tanto, respecto a la ley de Extranjería, han aclarado que “el procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la Comunidad Autónoma ante el delegado del Gobierno, que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento”, al que el propio menor, su familia o el país receptor se pueden negar, lo que hace que sea “automáticamente inviable”. Además, han apuntado que tanto Argelia como Marruecos tienen los acuerdos de repatriación suspendidos desde hace años".

Más allá de esto, también indican en el escrito que el Gobierno de Aragón “no tiene convenios directos con Cruz Roja, ACCEM, Cepaim y APIP ACAM en materia de inmigración” y que, por lo tanto, las subvenciones que reciben son en “régimen de concurrencia competitiva” y por desarrollar programas que, más allá de la inmigración, también están asociados al “trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas”, entre otros. Por lo tanto, según han expuesto, el Ejecutivo regional únicamente tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, “en los que solo una parte son extranjeros”.

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Tras la aprobación del Real Decreto ley 2/2025, que establece un nuevo sistema de respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la acogida de menores no acompañados, el Gobierno dirigido por Jorge Azcón explica que “en las conferencias sectoriales ya no se decide nada sobre el reparto de menores migrantes, porque el gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022 y el traslado ahora se impone de manera unilateral para beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV”. La norma ha sido recurrida por Aragón ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, el Ejecutivo reclama a Nolasco “más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad”. De esta forma, ambas partes constatan el mal momento por el que pasa su relación, justo cuando el PP necesita el apoyo de Vox en las Cortes para evitar la segunda prórroga presupuestaria y un posible adelanto electoral.