Alberto Núñez Feijóo presentará el martes que viene en Barcelona su plan de medidas para frenar la inmigración irregular. El lugar elegido tiene mucho que ver con el electorado al que se dirige este paquete de reformas legales, porque Cataluña es una de las autonomías en la que la inmigración tiene más efecto como vector de voto. De hecho, en esta autonomía ya se está produciendo un trasvase de votos desde la izquierda a los partidos de derechas.
«Van a venir votos del PSOE por la inmigración», vaticinan en Génova. «Y también del PSC, claro». Los populares manejan encuestas que aseguran que «el 60% del electorado del PSOE en toda España está categóricamente a favor de endurecer la política migratoria». Entre las medidas que presentará el martes Feijóo destacan los cambios en el Código Penal para penalizar y deportar a los delincuentes multirreincidentes, las medidas para deportar incluso a los «regulares» que cometan un delito, la restricción del acceso a las prestaciones no contributivas, el visado por puntos, nuevos «compromiso de integración» y qué exigencias lingüísticas deberán superar.
El plan se resume en un intento de cribar más la integración: «Quedarte aquí es un privilegio que hay que poner en valor, y a quienes se quieran quedar les tenemos que ayudar a que contribuyan», explican en la sede de Génova.
Para el Partido Popular, la inmigración está siendo uno de los motivos por los que Vox le roba votos ya más de un millón. Y quiere diferenciarse claramente del partido que preside Santiago Abascal. «Vamos a estar en un punto intermedio entre ‘que aquí no venga nadie’ [por Vox] y que ‘entren todos’ [por el PSOE]», añaden.
Pero sobre todo va a apelar a los votantes tradicionales de la izquierda que, a juicio del PP, «sufren» las consecuencias de una «inmigración desordenada». «Es penetrar en un electorado socialista que no siente que su partido represente la política que ellos querrían. En este momento, la política migratoria va en un solo sentido en toda Europa, sin atender colores políticos», explican en el equipo de Feijóo.
¿Qué diferencia a España, entonces? «Sumar y Podemos. Los socios. Sánchez no puede hacer la política migratoria de otros países porque no tiene los votos, por eso está generando una desafección en una parte de su electorado. No es una cuestión de ideología», agregan.
En la última encuesta autonómica de Sigma Dos para este diario, en septiembre, Vox ya le quitaba un 2,1% al PSC y un 1,7% a los Comunes, cuando en el ámbito nacional no les araña absolutamente nada. Y el PP se hacía con un 3,8% de los electores del PSC, un 1,7% de los Comunes y un 2,2% de la CUP. Se ha abierto una oportunidad de trascender los bloques en Cataluña, una autonomía clave para decantar las mayorías, como bien comprobó Pedro Sánchez en 2023.
La estrategia del PP, coordinada por la vicesecretaria Alma Ezcurra, se va a volcar, sobre todo, en las áreas metropolitanas de Barcelona, donde cree que se está produciendo una transformación social similar a la de París, en cuyos barrios el voto tradicional de izquierdas pasó al otro «bloque», entre otros factores, por la gestión migratoria. «El cinturón rojo de Barcelona es territorio PSC. Si comparas la periferia de París y la de Barcelona, son territorios que han ido perdiendo voto la izquierda, por el fenómeno migratorio», observan las mismas fuentes.
En ese sentido, el PP de Cataluña lleva la estrategia de endurecer sus políticas migratorias al Debate de Política General del Parlament, la principal cita del curso en Cataluña y un examen a la gestión del Govern de Salvador Illa tras un año de mandato. Así, el partido de Alejandro Fernández propone un mayor control en el reparto de ayudas a inmigrantes y la expulsión de los menores extranjeros no acompañados que delincan en las propuestas de resolución que llevará a votación el jueves.
En concreto, los populares reclaman «asociar» la continuidad de las ayudas sociales «al cumplimiento contrastado de obligaciones de integración en la sociedad catalana». Y ponen de ejemplo «la búsqueda activa de ocupación laboral», y contemplar como «causa de pérdida» de prestaciones «la infracción de las ordenanzas de civismo o la comisión de delitos». También proponen crear «un registro administrativo interoperativo de ayudas sociales que unifique datos, evite duplicidades y pueda detectar fraude en el empadronamiento».
Como segunda medida para garantizar en Cataluña «una migración legal, ordenada, con obligaciones, que contribuya y respete nuestra sociedad de valores y nuestro ordenamiento jurídico», el PP pide un plan «integral de orden y convivencia, que incluya la creación de unidades mixtas de patrullaje entre el Cos de Mossos d’Esquadra y las policiales locales en barrios con una alta conflictividad».
La última iniciativa del PP, la más novedosa, recoge la posibilidad de «solicitar ante el Gobierno de España hacer efectivos los convenios con terceros países para acelerar el retorno a sus países de origen de los menores no acompañados que hayan cometido delitos o que hayan demostrado nula voluntad de integración, con todas las garantías legales y velando por la protección de los menores».
En su turno de intervención ante la Cámara catalana, Fernández desgranó ayer sus propuestas en materia fiscal supresión de los impuestos de sucesiones y patrimonio, y la deflactación del IRPF, en seguridad «tolerancia cero con la multirreincidencia» y en inmigración, capítulo en el que reclamó que sea «legal y ordenada».