El pasado 23 de junio, en plena guerra entre Irán e Israel, fue bombardeada la prisión de Evin, en Teherán, donde están encarcelados cientos de políticos y activistas disidentes del régimen. Fue el ataque israelí más mortífero en suelo iraní, causando 79 muertos y decenas de heridos, entre presos, familiares que los visitaban y guardias de seguridad. Durante días, la tragedia dejó a muchas familias conteniendo el aliento, esperando que sus seres queridos encarcelados siguieran vivos. Pasó más de un mes hasta que los allegados de Babak Shahbazi fueron informados de que su familiar seguía con vida y había sido trasladado a otra cárcel a las afueras de la capital. Pese a que Shahbazi vivía enfrascado en un periplo judicial desde hace más de un año, su familia aún no se había acostumbrado a la opacidad de las autoridades.

antecedentes penales, fue recluido en régimen de aislamiento más de medio año hasta que confesó ante las cámaras que era un espía de Israel. Según sus abogados, el recluso fue amenazado con la detención de su hija de 16 años si no confesaba. Una declaración falsa forzada ya que Shahbahzi no tenía ningún vínculo con Israel, según su defensa. Todo el entorno del preso fue amenazado por las autoridades, en un intento de disuadirlos de hacer una campaña por su liberación. Su padre sufrió un infarto debido a la presión, mientras que sus hijas apenas salían por miedo a ser acosadas por agentes de paisano.

Shahbazi fue detenido por enviar una carta al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ofreciéndose a luchar para salvar a su país. Esta nota bastó para convertirlo en objetivo del régimen iraní, que afirmó que Shahbazi era un espía que aprendió de Israel el uso de los softwares informáticos.

Se le negó el acceso a un abogado contratado por la familia, que tampoco pudo revisar el expediente del caso, según la organización de derechos IHRNGO. Así, Shahbazi fue condenado por «enemistad contra Dios» y «corrupción en la tierra» por supuestamente traicionar a su país colaborando con su mayor enemigo. Fue sentenciado a muerte y ahorcado el 17 de septiembre.

Ya son once los ahorcados por espionaje desde la guerra contra Israel del pasado junio, mientras que el número total de ejecutados —por diferentes causas— en lo que va de año supera los mil, la mayor cifra de la última década. El régimen vive en un estado de pánico por la posible infiltración de la inteligencia israelí en sus servicios de inteligencia, que posibilitó los ataques que descabezaron la cúpula militar del país, así como la muerte de diez científicos nucleares. Las autoridades iraníes han detenido a 20.000 personas por supuesto espionaje desde junio, en lo que Teherán llama una «lucha implacable» contra «las redes de inteligencia occidentales e israelíes, incluyendo la presunta participación de la CIA, el Mossad y el M16».

Sin embargo, las organizaciones de derechos aseguran que entre los detenidos se encuentran disidentes, defensores de los derechos humanos, periodistas, usuarios de redes sociales que habían publicado algo crítico con el Gobierno, inmigrantes ilegales e incluso familiares de conocidos activistas. «El Gobierno se siente débil e inseguro. Creen que cualquier opositor puede ser espía de Israel, que podría ser captado», explica un abogado iraní que prefiere no dar su nombre. «El régimen se siente débil. Hace años que pasamos por una crisis económica. Quieren evitar que el descontento termine en protestas, por eso van a por todas y no dudan en crear miedo», añade.

Las operaciones policiales están siendo especialmente violentas en el sureste del país, donde se encuentra la minoría étnica baluchi. Amnistía Internacional documentó que las fuerzas de seguridad mataron a dos personas durante una operación el 1 de julio. Dispararon munición real contra un grupo de mujeres, matando a una de ellas en el lugar de los hechos, Khan Bibi Bamri, mientras que hirieron mortalmente a una segunda, Lali Bamri. Otras diez resultaron heridas de bala. Una investigación de Human Rights Watch (HRW) revela que una niña de tres años murió en un control policial por disparos de las fuerzas de seguridad. Señala que funcionarios y medios estatales han pedido ejecuciones aceleradas y más olas de detenciones, en algunos casos abogando por repetir las masacres carcelarias que sufrió el país a finales de los 80, en las que altos funcionarios ordenaron ejecuciones extrajudiciales de miles de presos políticos. «Desde junio, la situación de los derechos humanos en Irán se ha profundizado en una crisis, con las autoridades buscando chivos expiatorios y atacando a disidentes y minorías en un conflicto con el que no tienen nada que ver», denunció Michael Page, subdirector de Oriente Próximo y Norte de África de HRW.

Organizaciones de derechos iraníes e internacionales han exigido una moratoria de las ejecuciones pendientes y la liberación de todos los detenidos de forma arbitraria, así como una investigación profunda sobre las «desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos», señalan los grupos en un comunicado conjunto.

La presión de las autoridades también se ha intensificado contra aquellos que informan sobre la actualidad del país, pese a que la prensa generalista trabaja bajo la influencia del Gobierno. Varios reporteros aseguraron a la versión en persa de la BBC que recibieron mensajes de advertencia del ministerio de Inteligencia iraní, informándoles de que sus números de teléfono habían aparecido en listas relacionadas con la inteligencia israelí. Sus familiares habían recibido mensajes parecidos, amenazándolos con detenciones si no presionaban a los periodistas para que dimitieran. «Algunos de estos periodistas viven en el extranjero, en condiciones precarias y han tenido que dejar sus trabajos para que no detengan a sus padres, atrapados en Irán», explica el abogado.