No es que hubiera muchas dudas, pero en el PP están convencidos de que su estrategia, entrando de lleno en el debate sobre la inmigración –con medidas muy concretas y novedosas que cristalizarán en un plan concreto en las próximas semanas– ha conseguido sus dos grandes objetivos. El primero, plantear una alternativa clara a lo que consideran «una política inexistente» dentro del Gobierno a pesar de que se trata de un asunto clave en toda Europa y que operará en el próximo ciclo electoral.
El segundo, y a pesar de que nada indica que Vox vaya a estancarse en las encuestas, enviar un mensaje al electorado que veía a Vox como el único actor que hablaba de inmigración. «Ha quedado bastante claro que tenemos una propuesta y que este debate no es exclusivo de Vox ni mucho menos. Ya nadie puede dudar de lo que piensa el PP», zanjan fuentes del partido, confirmando que el endurecimiento en las posiciones es una decisión meditada y que no tiene marcha atrás.
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Las líneas generales del plan –una inmigración regulada, con más control y exigencias a los países de origen; restringir los requisitos para acceder a prestaciones públicas o a la residencia de larga duración; la apuesta clara por una inmigración de proximidad priorizando a los llegados de Hispanoamérica o vincular las entradas a las necesidades del mercado laboral con un carné de puntos similar al de Canadá o Australia, como avanzó Alberto Núñez Feijóo hace días– serán complementadas con otras medidas. En los últimos días el líder del PP también ha propuesto reformas legales para poder expulsar a cualquier extranjero «que se declare menor de edad sin serlo».
Ese «fraude» estará especialmente perseguido en la propuesta del PP. «Los menores no pueden convivir con los adultos. Y si no se determina rápido la edad de esa persona que entra ilegalmente en España, y convive con menores durante meses, es evidente que el sistema falla», explicó el dirigente gallego en el Foro La Toja de Pontevedra el pasado viernes.
En el PP están convencidos de que el Gobierno «no lee bien la situación actual», como evidencia que ya sea el único gobierno europeo –con independencia del signo político– que no toma medidas contra la inmigración ilegal.