La estadística de la UE, así como la EPA del INE del segundo semestre, desmienten que nuestro país precise de mano de obra extranjera. España está a la cabeza de Europa en paro, pese al maquillaje oficial de estos datos. Pero también estamos a la cola en productividad y en tasa de actividad.

La media de la Unión Europea en actividad está en el 75,8%. En España estamos en el 59,03%. Esto quiere decir que ocupados y parados suman 24,8 millones sobre una población activa de 42,0 millones, es decir personas de 16 a 65 años capacitadas para trabajar; trabajen, estén inscritos como desempleados o no busquen trabajo.

Esto nos lleva a que hay 7,0 millones de españoles en edad y capacidad laboral que ni trabajan, ni figuran como demandantes de empleo. Es un auténtico escándalo en el seno de la Unión Europea y una ruina económica para la nación.

Si se anima, en unos casos y se fuerza en otros, los ocupados en España pasarían de 22,3 a 29,3 millones. El número de cotizantes se incrementaría en un 31,9%. La Seguridad Social tendría de nuevo superávit y podría sostener las pensiones y Hacienda incrementaría notablemente la recaudación de IRPF e IVA, con lo que se podría reducir impuestos y amortizar deuda pública.

Además serían miles de millones de euros los que nos ahorraríamos en subvenciones, subsidios, paguitas y demás métodos de comprar votos y alimentar la vagancia. ¿Necesitamos inmigrantes si movilizamos a estos 7 millones que deberían estar buscando trabajo u ocupados?.

En un periodo de 20 a 30 años la inmigración hará incrementar el número de pensionistas en 1,2 millones de personas. Son los que hoy cuentan entre 35 y 44. Mientras que la jubilación de los nativos españoles comprendidos en esas edades se incrementará en 5,7 millones. Por lo que en tres décadas el 17,8% de los pensionistas serán de origen inmigrante. Hoy la proporción de jubilados es de 4,9% de inmigrantes frente al 95,1% de españoles. Por lo que el sistema público de pensiones colapsará. Ya que la media salarial de los inmigrantes, y por lo tanto sus cotizaciones, está por debajo de la media nacional, por lo que no aportan los mismos recursos a la Seguridad Social que los españoles, y sin embargo tendrán derecho a una pensión contributiva de jubilación que se irá revalorizando con el tiempo.

Por otra parte, la natalidad de las mujeres extranjeras se elevó en 2023 a 100.365 nacimientos, el 31,3% del total nacional, mientras que las nativas sumaron 220.291 hijos, el 68,7%. Más significativo debe ser comparar estos resultados con la proporción real de inmigrantes extranjeros en España, que es el 11,6% y ya cuentan con un tercio de los nacidos.

La estadística de reclusos correspondiente a 2023 del Consejo General del Poder Judicial apuntaba a que el 31,2% de los recluidos en centros penitenciarios son extranjeros. Otro dato que contrasta con el peso real de los extranjeros en España.

Las estadísticas gubernamentales sobre los pros y contra de la inmigración están disponibles en los países escandinavos; en el otro extremo, el oscurantismo reina en España.

En un informe del gobierno de Dinamarca de 2018 se cuantificaba lo que cuesta a la sociedad danesa los inmigrantes. La contribución neta total de los inmigrantes y sus familiares fue de saldo negativo con – 24.000 millones de Coronas al cambio, 3.220 millones de euros, y el 1,07 % del PIB.

Por otra parte, se calcula que en Europa hay entre 2,6 y 3,2 millones de inmigrantes irregulares. Una nueva investigación demuestra que, por lo general, se prefiere que los inmigrantes irregulares tengan acceso a la atención sanitaria primaria antes que recibir ayudas por bajos ingresos. Los encuestados del Reino Unido fueron los menos partidarios de conceder a los inmigrantes irregulares acceso a la atención primaria de salud.

Big data

A. Cruz

La Razón