Mientras la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se pone firme – «España no va a tolerar que sigan llegando a sus costas inmigrantes de forma irregular» – , el ministro Jesús Caldera lo tiene claro. Dice que la buena salud del sistema de pensiones está, precisamente, en el impacto positivo de la inmigración. Para el titular de la cartera de Trabajo el proceso de regularización de trabajadores inmigrantes, acometido por el Gobierno socialista durante el primer semestre del pasado año, ha permitido más empleo, el aumento de la renta per cápita y la presencia de dos millones de afiliados a la Seguridad Social, lo que, en teoría, garantiza el futuro del sistema de las pensiones. Visto así, parece que «ganamos todos» con este fenómeno. Sin embargo, hay quien percibe ya «algún que otro problemilla». Por un lado, las primeras consecuencias de ese «exitoso» proceso de regularización ya están sobre la mesa: muchos inmigrantes «puestos al día» se han quedado, un año después, sin ese puesto de trabajo que les sirvió para obtener los papeles y, lógicamente, están cobrando su correspondiente seguro de desempleo. Algunos ya han estimado el coste para las arcas españolas del paro inmigrante: casi 59 millones de euros, un 33% más que hace un año. Por otro lado, desde la CE se advierte también que el aumento de la población por inmigración condena a España a truncar el proceso de convergencia con la UE. En concreto, sus expertos explican que si bien nuestro país es cada vez más rico, debe dividir la renta entre una población que no deja de crecer. De momento, ya somos cuarenta y cuatro millones de habitantes… y subiendo. Si no funcionan las medidas tomadas – ¿la regularización a «tutti plein» para conseguir el voto fácil? – habrá que pensar en otras. Pero a ser posible eficaces, que ya se sabe que «pan para hoy…».

MARÍA JESÚS PÉREZ