Mientras el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentaba cerrar en Madrid un acuerdo con su homólogo senegalés Ousmane Ngon para repatriar a los inmigrantes ilegales, una patrulla conjunta de ambos países interceptó un cayuco con 88 senegales. La actuación se inició a primera hora de la noche del viernes, justo al mismo tiempo que la rueda de prensa en la que Rubalcaba anunció que aún no hay un acuerdo para la repatriación, pese a las «buenas relaciones» que existen.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil, la embarcación fue localizada por la mañana por un avión de reconocimiento italiano. Ya de noche, en torno a las 23.30 horas, la patrullera ‘Poponguine’ de la Armada senegalesa, en la que navegaban militares de este país y dos guardias civiles en el marco del operativo especial de vigilancia Frontex, interceptó la patera y la remolcó hasta la capital, Dakar.

En este sentido, fuentes policiales del país africano hicieron público ayer que en los últimos días han detenido a 146 personas que pretendían emigrar de forma clandestina a Canarias. Los servicios de seguridad explicaron que los organizadores de los viajes aprovecharon los 700 kilómetros de costa para burlar su vigilancia.

Marruecos, por su parte, anunció que ha repatriado a 279 ilegales a Senegal desde la ciudad de Dajla, en el territorio del Sahara Occidental. Los inmigrantes fueron trasladados en aviones marroquíes al aeropuerto de Dakar, donde fueron entregados a las autoridades.

Mientras tanto, ayer siguió el continuo goteo de cayucos que asola Canarias. A bordo de tres embarcaciones, 169 inmigrantes, dos de ellos menores, alcanzaron el Puerto de Los Cristianos, en Tenerife. Según informaron fuentes del servicio 112, cuatro de los ‘sin papales’ tuvieron que ser traslados a centros de salud por síntomas de deshidratación.

En Fuerteventura, varios inmigrantes del centro de internamiento de El Matorral protagonizaron ayer un nuevo motín para no ser identificados como senegaleses por policías de su país. Los agentes tuvieron que pedir refuerzos ante la «violencia» de los internos.

«Conflicto social»

La de ayer también fue una jornada pródiga en reacciones políticas. Una de las más relevantes vino de dos de los ayuntamientos canarios con mayor número de inmigrantes acogidos, La Laguna y Arona, quienes anunciaron que boicotearán los intentos de abrir más plazas. Por lo pronto, han denegado las licencias de obra para acondicionar instalaciones militares como centros de internamiento.

Por su parte, el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, alertó de un «conflicto institucional y social» si el Gobierno no corrige su «errática» política respecto a la inmigración ilegal y el «abandono» en el que ha dejado a las islas. En esta misma línea se expresó el secretario general del PP, Ángel Acebes, quien volvió a achacar al proceso de regularización masiva un ‘efecto llamada’ que «está siendo aprovechado por las mafias».

Tras recordar el «enorme esfuerzo» que está realizando en materia de inmigración, el Gobierno anunció ayer que mañana se reunirá con representantes de las comunidades autónomas para buscar una salida, tanto jurídica como asistencial, a los menores de los centros de Canarias.