Empecemos por lo positivo. Es de agradecer que el Partido Popular haya definido mejor sus propuestas en política migratoria, e incluso que plantee un discurso más articulado del que hasta ahora venían empleando. Se dirá que es lo mínimo en un partido que aspira a gobernar España; también se dirá que es una respuesta al empuje demoscópico de Vox. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero la indolencia que el PP ha mostrado en otros momentos sobre todo ante temas tan espinosos como este animaba a no tener expectativas muy altas. Si la inmigración va a ser uno de los grandes asuntos de debate de los próximos años, está bien que el PP aporte algo propio para debatir, en vez de repetir vaguedades sobre la necesidad de emplear el «sentido común» y alejarse de «extremismos».
Varias de las propuestas anunciadas por Feijóo el domingo incentivar la vía legal; expulsar a quienes cometan delitos; vincular las prestaciones sociales al empleo; priorizar los sectores con mayor necesidad de trabajadores parecen sensatas. El problema es que, en este asunto, resulta mucho más sencillo esbozar ideas generales que aterrizarlas en leyes y mecanismos que realmente funcionen.
El caso de las expulsiones, con los problemas que plantea la falta de colaboración de algunos países de origen, resulta ilustrativo. Lo mismo podría decirse del caso británico, citado por el PP como ejemplo de un país que emplea el «visado por puntos» que se desea implantar aquí. Ese sistema, introducido tras el Brexit, no ha impedido que la inmigración irregular haya seguido creciendo en Reino Unido, ni que este asunto haya ido adquiriendo cada vez más importancia. Es más, la incapacidad de traducir los principios en políticas eficaces explica que ahora mismo los tories no superen el 15% de intención de voto; la derecha nacionalpopulista de Farage, por su parte, ya estaría en el 30%.
Lo que resulta más cuestionable, y no en el plano práctico sino en el de los principios, es el énfasis en la «integración». Al menos, si esto implica algo distinto de respetar las leyes y las obligaciones constitucionales. Una exigencia mayor puede resultar atractiva y está claro que muchos votantes la preferirían, pero conduce a una pendiente resbaladiza y peligrosa: que sea el poder político quien decida quién está o peor: quién puede llegar a estar adecuadamente «integrado» y quién no.
Ya no es solo que, como mostró Juanma Moreno ayer en una entrevista en Onda Cero, los propios dirigentes del PP tienen dificultades para explicar cómo se demostraría esa voluntad de integración, o qué aspectos habría que priorizar ¿idioma? ¿Religión? ¿Haber leído el Quijote?. El problema mayor es que una sociedad libre reconoce el derecho del individuo a no integrarse en la cultura o las costumbres de la mayoría; a que cada cual elija sus valores y su manera de relacionarse con el resto de la comunidad, siempre que respete sus obligaciones legales y las libertades de los demás. El derecho, en definitiva, a cumplir y que te dejen en paz. Quitárselo a otros es siempre el primer paso para que se lo acaben quitando a uno mismo.