La guerra abiera entre Junts y Podemos por la negativa de los morados a permitir la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña sigue acrecentándose. La formación presidida por Carles Puigdemont ha acusado este lunes a los antisistema de haber intentado un “chantaje” de último minuto para sentarse a negociar el traspaso competencial.

Según el portavoz de los neoconvergentes, Josep Rius, los de Ione Belarra ofrecieron “en el último minuto” a la forrmación independentista “hablar” de la cesión a la Generalitat si antes “apoyaban la regularización de medio millón de inmigrantes” que espera su tramitación en el Congreso como Iniciativa Legislativa Popular (ILP), es decir, como norma impulsada por la ciudadanía mediante la recogida de firmas. Además de comprometer su respaldo a esta regularización masiva de extranjeros, Junts debía retirar la propuesta de cesión competencial pactada con el PSOE del orden del día para volver a someterla a votación en una fecha indeterminada después de ser renegociada con Podemos.

Rius ha asegurado que rechazaron las condiciones de la formación de extrema izquierda, a la que ha vuelto a tildar de “anticatalanista” por considerar que se opusieron a la cesión de las competencias migratorias a la Generalitat porque la propuesta partía de Cataluña, no porque incluyera tics “racistas” como ha repetido en reiteradas ocasiones Belarra y otros dirigentes de su partido.

Con la revelación de la maniobra de Podemos Junts busca reafirmar el perfil antiinmigración que viene cultivando para competir con Aliança Catalana, que plantea, directamente, deportaciones multitudinarias de extranjeros afincados en Cataluña. Los herederos de Convergència, por su parte, defienden poder decidir unilateralmente desde la Generalitat las expulsiones de inmigrantes, así como poder imponerles el aprendizaje del catalán como requisito excluyente para obtener el permiso de residencia. Medidas, ambas, que dependen de que la cesión de las competencias migratorias se haga efectiva y de la posterior aprobación en el Parlament de una ley de inmigración catalana que fijara estas nuevas condiciones.