El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha reclamado al Gobierno más “transparencia” en su gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), que ingresaron a un total de 1.863 personas en 2024, un 10% menos que el año anterior, y desde los que se ejecutaron el 31,56% de las repatriaciones forzosas.

Así se desprende de su informe Raíces Tras los Muros, en el que recogen datos sobre las visitas que la ONG ha realizado a los distintos centros y que consideran extrapolables a todas las personas internas. Aunque el SJM aprecia el descenso de la curva de internamientos, considera “alarmante” que la excepcionalidad que debe regir “no se respete”. También destaca que se priva de libertad a personas “con largas trayectorias de arraigo, sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación”.

Los CIE que son centros no penitenciarios donde se ingresa a inmigrantes en situación irregular, mientras se tramita un expediente que puede derivar en su expulsión del país internaron a 1.863 personas el año pasado, 222 menos que en 2023, cuando ascendieron a 2.085. Entre estas personas, el informe recoge un aumento de mujeres internadas (85) que en 2023 (64).

Del total de los migrantes internados el año pasado, 853 solicitaron protección internacional. En concreto, el informe revela que las personas acompañadas por SJM (611) contaban con “largo tiempo de arraigo e inclusión” en España, el 59,6% llevaba de uno a siete años. Estas tenían una edad comprendida entre 25 y 46 años y despuntaban las nacionalidades de Colombia y Marruecos.

Durante la presentación del documento este lunes en el Congreso, el SJM ha reclamado la “publicación periódica” de datos y procedimientos de expulsión.

En esta línea, 1.563 personas (83,90%) fueron internadas por expulsión frente a las 300 (16,10%) que siguieron la misma hoja de ruta por la vía de la devolución. El documento destaca que los CIE que estuvieron activos en 2024 fueron el de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura del centro de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo.

“Pensamos que la Administración tiene una asignatura pendiente. Persiste falta de transparencia y ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no solo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación”, ha asegurado el coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos, Iván Lendrino.