«La debilidad del Gobierno está arrastrando a la nación. Sin Presupuestos Generales del Estado desde 2022, sin una mayoría parlamentaria sólida y con la legislatura menos productiva, la gestión se resiente gravemente y los problemas reales de los españoles se relegan», como por ejemplo «las dificultades en el acceso a la vivienda, la pérdida del poder adquisitivo, la elevada presión fiscal o el descontrol de la inmigración irregular», y eso se suma al «uso de las instituciones del Estado para fines exclusivamente partidistas», con «entes públicos absolutamente colonizados», y al «trato asimétrico» que les da el Ejecutivo a las comunidades autónomas, «impulsado únicamente para satisfacer al separatismo». Mientras tanto, hay «riesgo de extinción de una clase media cada vez más empobrecida».
Ése es el espíritu central de la Declaración de Murcia, el nuevo «contrato» que han suscrito la dirección nacional y los barones del PP para homogeneizar medidas de las comunidades que gobiernan los populares. Y que busca ser un impulso político para esta segunda mitad de la legislatura. De hecho, lo que busca Génova con estos acuerdos éste es el tercero, tras la Declaración de Córdoba y la Declaración de Asturias es escenificar «cómo gobernará Feijóo» a través de la acción ejecutiva de sus 11 barones, además del vicepresidente de Canarias y los presidentes de Melilla y Ceuta. Lo que están suscribiendo todos ellos con su firma no es sólo su vocación de unidad autonómica frente a Pedro Sánchez, sino la promesa de que Feijóo hará lo mismo que ellos.
De ahí que este fin de semana hayan consensuado medidas en materia de infraestructuras, para impulsar la construcción de vivienda asequible, de igualdad o para mejorar las condiciones económicas y de acceso al agua del medio rural, entre otras. Pero, por encima de todas las demás, el principal eje de la Declaración de Murcia es la lucha contra la inmigración, con propuestas más duras en pugna con Vox que las que planteaban hasta ahora los populares. Y que se resumen en un epígrafe: «Integración con exigencias». «La integración es un resultado, no un punto de partida automático. Supone aprender el idioma, conocer la Constitución y respetar valores esenciales: igualdad, libertad y cumplir la ley», reza el texto.
La principal medida que propone el PP en este sentido es la creación de un «visado por puntos» que prime a los inmigrantes que lleguen de países que ayuden a España a frenar la inmigración, que hablen español o que quieran trabajar en los sectores que requieren más mano de obra foránea, como el campo o la construcción. Así lo dijo Feijóo durante su discurso: «Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal». «Tal como hacen Canadá, Australia o Reino Unido», el PP creará, si gobierna, «un visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores que tienen falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene capacidad de integración». En ese visado también computaría «el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria», sostuvo. Las personas que vengan de estados que «incentivan el desorden», agregó, «no tendrán visado».
Esto sería imprescindible, según el documento rubricado ayer por los barones y Feijóo, para articular «una política migratoria que alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa». El visado servirá, a ojos del presidente del PP, para situar la política migratoria entre los «extremos» de PSOE y Vox y que no se propicie el «efecto llamada» ni se caiga en la «xenofobia». Eso sí, como Vox, Feijóo quiere darle preferencia a Hispanoamérica, como Vox: «La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común. Reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de Hispanoamérica, cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo».
Otro punto clave de la propuesta migratoria del PP son las deportaciones. «Tolerancia cero con el delito; los delitos graves implicarán que se pierda el derecho a la permanencia en España», dijo el presidente de los populares. Y la reincidencia en delitos leves, «también». «Quienes no cumplan las leyes se irán», resumió.
Otro eje fundamental es el de ligar las prestaciones sociales al empleo. «Contribuir tiene que ser condición para permanecer. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad» y en consecuencia, tal como adelantó EL MUNDO el sábado, las prestaciones no contributivas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se reservarán, si gobiernan los populares, a quienes cuenten con un permiso de residencia «de larga duración», para que el IMV en sí no sea «el propósito» de quienes vienen a España.
El anfitrión, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, resumió así la idea migratoria que ha consensuado el PP en su tierra: «Orden, seguridad y sumar. Para estar en esta sociedad hay que aportar».
En transportes, el primer compromiso del PP es reponer las indemnizaciones por retrasos en el Ave, como ya anunció Feijóo este mismo mes. El segundo, un plan nacional de infraestructuras. Y el tercero: «El ministro de Fomento de nuestro Gobierno deberá viajar cada tres meses a cada comunidad autónoma para dar cuenta del nivel de ejecución de infraestructuras que hemos pactado».
En materia de agua, prometió «reutilizar el agua». «Y, si falta, traer el agua de los sitios donde sobra». Se trata de la defensa más clara de los trasvases desde que llegó a la presidencia del PP, en 2022. «Eso es unir a la gente y no enfrentarla», incidió. Para el campo, el líder popular prometió, si llega a La Moncloa, «menos impuestos, menos burocracia y más respeto». Antes que él, López Miras se rebeló contra el exceso de burocracia de la PAC y pidió reformarla, e hizo una encendida defensa del Trasvase Tajo-Segura.