El auge de la extrema derecha en España que pronostican todas las encuestas ha conseguido colocar en la opinión pública la cuestión de la inmigración como problema y ha arrastrado a las formaciones tradicionalmente conservadoras a discursos cada vez más escorados. El Congreso es un termómetro directo de ese cambio: en las últimas semanas los diputados han votado varias propuestas relacionadas con las personas migrantes mientras la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de más de medio millón de personas sigue estancada en el trámite parlamentario.

Esta semana la Cámara Baja debatió la toma en consideración de una ley pactada entre Junts y el PSOE para traspasar las competencias de inmigración a Catalunya. El texto no salió adelante con el rechazo de PP, Vox y Podemos, que cree que detrás de la iniciativa se esconde una pelea de los independentistas con el partido xenófobo de Aliança Catalana. Esa pugna alrededor de la inmigración entre los dos partidos frena las pocas esperanzas de los grupos para impulsar las negociaciones de la ILP, en barbecho desde antes del verano.