En España, existen

más de 1.375 centros de protección para menores migrantes no acompañados

, con más de 19.000 plazas disponibles. La mayoría son gestionados por entidades sociales y funcionan como espacios de refugio para jóvenes que llegan solos buscando protección y oportunidades. Sin embargo,

más allá de las cifras, la realidad de estos menores es un camino lleno de retos

y desafíos.

El principal escollo aparece cuando cumplen la mayoría de edad. A partir de ese momento,

la pérdida de estos recursos se hace irremediable y deben enfrentarse a un mundo lleno de incertidumbres

:

buscar empleo

, pagar un alquiler y vivir sin una red familiar ni afectiva que les sostenga. En un país donde

la emancipación juvenil se ha ido retrasando hasta los 30 años

, esta transición abrupta es especialmente dura.

De la protección a la intemperie

Marta Sánchez – Briñas, abogada de la ONG Pueblos Unidos,

señala que “la tutela cesa de forma brusca y los jóvenes pierden el acceso a los recursos que hasta entonces sostenían”. "Mientras otros jóvenes de 18 años deciden qué carrera estudiar o qué vocación profesional seguir,

los migrantes extutelados deben buscar empleo inmediato

, pagar una habitación y sostenerse en un mercado laboral altamente precarizado", sostiene la experta.

Este proceso se complica aún más por el estigma social que pesa sobre ellos. Según algunos profesionales,

el término “mena” puede invisibilizar su condición

de niños y adolescentes y refuerza prejuicios que

dificultan su integración. A esto se suma una percepción errónea que vincula la inmigración con el aumento de la delincuencia.

Pero los datos oficiales cuentan otra historia. Según el Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en España

está en su nivel más bajo desde hace décadas

, con 40,6 delitos por cada mil habitantes. Además, mientras la población extranjera crece,

un 25 % de jóvenes españoles mantiene opiniones discriminatorias

, y en 2023 se registraron 2.268 delitos de odio, el 37,4 % motivados por racismo o xenofobia.

Más prejuicio que realidad

Ante este contexto, el acompañamiento integral en los centros es fundamental.

Albert Vila, trabajador social en Tarragona

, explica que "el acompañamiento es burocrático, social e incluso escolar. Para ellos,

el centro es su casa, su espacio de referencia donde aprenden a desenvolverse

y construir su vida".

Aunque la mayoría de estos jóvenes no domina el idioma a nivel académico, Vila

destaca su capacidad de adaptación

y la buena convivencia que suele darse dentro de los centros, con algunas tensiones puntuales que no deben generalizarse.

Para Marta Sánchez – Briñas, lo esencial es

ofrecer un acompañamiento

humano y genuino: “Lo que más reclaman no es únicamente una vivienda, un trabajo o documentación, sino un referente humano y estable, alguien que permanezca a su lado más allá de lo técnico”.

Mantener el contacto con sus familias en el país de origen también resulta clave

para fortalecer su bienestar emocional y facilitar su integración, ayudándoles a no sentirse desvinculados de sus raíces.

Construir una sociedad inclusiva pasa por

derribar prejuicios y fomentar espacios donde diferentes realidades puedan encontrarse y reconocerse. Marta señala que “la convivencia no se construye solo con normas, sino con cercanía, confianza y una amistad cívica y afectiva”. Los centros y las entidades que los gestionan tienen un papel vital para que estos jóvenes no solo tengan un techo,

sino un lugar donde sentirse valorados y apoyados

en la construcción de su proyecto de vida.