Junts forzó la votación sobre la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña consciente de que no iba a salir adelante por el anunciado veto de Podemos. La formación liderada por Carles Puigdemont conocía de antemano que el partido de Ione Belarra no iba a cambiar el sentido de su voto y que tampoco el PSOE podía hacer nada por convencerlo de que no subyacen motivaciones racistas tras el ansia de los neoconvergentes por ver su iniciativa aprobada.

Aun así, el prófugo decidió que la proposición de ley acordada con el PSOE se sometiera al juicio del Congreso. Además de para seguir erosionando al Gobierno mientras decide si rompe con él, Puigdemont actuó así para recordar a sus votantes que sigue volcado con la cuestión migratoria y para instarles a que no caigan en la tentación de continuar transitando hacia la marca de moda en el separatismo: Aliança Catalana, a la que las últimas encuestas ya sitúan a sólo dos diputados de Junts en el Parlament.

Hacemos todo lo posible, pero la «extrema España» nos impide ejecutar nuestro plan para regular el fenómeno migratorio, alegó Puigdemont tras la derrota de la delegación competencial a la Generalitat. Pero, esta vez, el ex president fue un paso más allá. «Quieren que Cataluña tenga un problema» con la inmigración, espetó. «Les gusta que no funcione», abundó, sugiriendo que España pretende que la autonomía catalana colapse por la llegada desordenada y promovida por el Estado de flujos migratorios a la región.

La tesis es calcada a la recurrentemente utilizada por Sílvia Orriols para seguir amasando seguidores. «España nunca nos dará las competencias efectivas en inmigración. Precisamente, la utiliza para desnacionalizarnos y frenar el movimiento independentista», alegó la líder de Aliança Catalana en una entrevista concedida a EL MUNDO el pasado agosto.

Pero no es éste el único argumento coincidente. Durante su intervención en el Congreso y en las entrevistas concedidas tras la derrota parlamentaria de la iniciativa de Junts y el PSOE, la vicepresidenta de los secesionistas, Míriam Nogueras, se refirió al «desbordamiento» poblacional que genera la llegada de inmigrantes a Cataluña, especialmente en los servicios sociales educativos y sanitarios, y a la necesidad de «controlarlo».

A ese mismo «desbordamiento» apelan continuamente los dirigentes de Aliança para justificar su proyecto político de sesgo xenófobo y especialmente antiislámico.

En la última semana, los cuadros de Aliança se han empleado con dureza contra el portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, por aplaudir que Cataluña tenga ya ocho millones de habitantes y desear que llegue a los diez.

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«España se frota las manos viendo que, para acabar con los catalanes, sólo es cuestión de dejar pasar el tiempo y que acabemos siendo una minoría en nuestro país. Extranjeros en nuestra tierra», rebatía Sergi Maraña, un activo miembro de Aliança en las redes.

Al mismo razonamiento se adhirió ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien sostuvo que «en un país preparado para seis millones» de personas hay ocho y reclamó la potestad para que Cataluña pueda decidir «cuántos cabemos», antes de comparar la sociedad catalana con la salsa alioli: «Si pones demasiado aceite de golpe, se corta».