Soy británica, llevo cuatro años viviendo en España y la única identificación que tengo en la cartera es española. Paradójico, ¿no? Tengo mi TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero, que hay que sacar nada más llegar al país) y carné de conducir español, pero carezco de cualquier documento del tamaño de una tarjeta de crédito que certifique que nací en el Reino Unido o que tenga derecho legal a vivir y trabajar allí. Ni siquiera uno que me sirva para demostrar que tenía edad suficiente para ver una película con clasificación 15, comprar paracetamol o jugar a la lotería con 16 años. Ni yo ni los 69 millones de personas que residen en el país, sean ciudadanos o no, disponemos de un documento de identidad obligatorio por ley que acredite nuestra edad o estatus legal… pero eso podría estar a punto de cambiar.
Todos los adultos en el Reino Unido recibirán una nueva tarjeta de identificación digital emitida por el Gobierno, según los planes de Keir Starmer. Se espera que el primer ministro anuncie este viernes, durante un discurso en Londres, su apoyo a la apodada “Brit Card” (“tarjeta británica”), un documento que verificaría el derecho de un ciudadano a vivir y trabajar en el país, y que aspira a convertirse en la piedra angular de su estrategia para controlar la inmigración ilegal.
Los detalles de este llamado “DNI británico” serán objeto de consulta y se prevé que requieran legislación antes de su implantación. En virtud de estos planes, cualquier persona que comience un nuevo trabajo o alquile una vivienda deberá estar en posesión de la identificación digital, que se comprobaría contra una base de datos centralizada de quienes tengan derecho a trabajar y vivir en el Reino Unido.
Una imagen de cómo podría ser la nueva tarjeta de identidad británica.
Una imagen de cómo podría ser la nueva tarjeta de identidad británica. LABOUR TOGETHER
Actualmente, los trabajadores deben presentar al menos un documento físico como identificación, pero en Westminster existe preocupación de que estos puedan falsificarse y de que poco impida que los empleadores aseguren haber comprobado la identidad y el estatus legal de sus trabajadores cuando, en realidad, no lo han hecho. Según declaraciones de la miembro laborista de la Cámara de los Lores Harriet Harman a Sky News en julio, la medida “dificultaría el trabajo en la economía sumergida”.
La medida representa un giro radical de política en Downing Street y, concretamente, en el Ejecutivo de Keir Starmer. Hace poco más de un año, el Gobierno rechazó tras sólo dos días en el poder la propuesta del ex primer ministro laborista Tony Blair de introducir un documento de identidad para intentar frenar la llegada de migrantes al país, argumentando que violaría las libertades civiles. Fue precisamente por esta razón que las tarjetas de identificación obligatorias introducidas durante la Segunda Guerra Mundial fueron abolidas en 1952, ya que se consideraba que su existencia chocaba fundamentalmente con los valores británicos y las libertades civiles. “Eso era cierto entonces, y lo es ahora”, argumentó este jueves Sian Berry, ex líder de los Liberal Demócratas.
Blair, ferviente defensor del “DNI británico” desde principios de los 2000, impulsó durante su etapa en el número 10 de Downing Street varias iniciativas para introducir un sistema piloto que comenzaría siendo voluntario y podría pasar a ser obligatorio más adelante. La implantación se descartó después de que el Partido Laborista fuera expulsado del poder en 2010, tras la oposición de los liberal-demócratas y los conservadores en aquel momento. El pasado mes de julio, la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, dijo sobre la idea: “No está en nuestro programa electoral. Ese no es nuestro enfoque”.
Según fuentes parlamentarias, Starmer compartía esas reticencias, pero cambió de postura ante el aumento sin precedentes de las travesías en pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha y el respaldo de su nueva ministra del Interior, Shabana Mahmood. “Creo que un sistema de identificación digital también puede ayudar a hacer cumplir otras leyes relacionadas con el trabajo ilegal. Creo que tiene un papel que desempeñar en el ámbito de la migración”, afirmó la ministra a principios de este mes.
Starmer, haciendo eco de sus palabras, aseguró este mes que los documentos de identidad digitales podrían “desempeñar un papel importante” a la hora de hacer que el Reino Unido resulte menos atractiva para los inmigrantes ilegales. Su argumento siguió la línea de lo expresado en repetidas ocasiones por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien sostiene que la ausencia de “tarjetas oficiales” actúa como “un factor de atracción” para quienes intenten llegar desde Francia.
La líder de la oposición y del Partido Conservador, Kemi Badenoch, calificó ayer el plan como un “ardid desesperado” que “no servirá de nada para detener las pequeñas embarcaciones”. También sostuvo que este asunto “requiere un debate nacional” e insinuó que la medida carece del respaldo popular. No obstante, un sondeo realizado por Ipsos a principios de este mes señala que más de la mitad de la población (57%) apoyaría la implantación de tarjetas de identidad obligatorias, en gran parte por las ventajas que supondrían: un único documento que sirva como identificación, pasaporte y carné de conducir, y la posibilidad de llevarlo en el teléfono en una era cada vez más digital.
La idea parte de una investigación del think tank Labour Together, publicada en julio, que planteaba una identificación digital gratuita y segura, almacenada en el teléfono, verificable por empleadores, inmigración, bancos y propietarios mediante una aplicación de verificación gratuita. La autora del informe y directora de tecnología del think tank, Kirsty Innes hoy asesora especial de Liz Kendall, Secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología, defendió la inciativa: “Una sociedad progresista sólo puede funcionar si contamos con fronteras significativas. La Brit Card dificultaría mucho más el incumplimiento de las normas sobre trabajo y alquileres ilegales, y facilitaría enormemente la identificación y el castigo de los empleadores y propietarios ilegales que explotan a los trabajadores”.