Eman Akram tiene 17 años, es de origen pakistaní y lleva hiyab. Y por eso fue expulsada del Instituto Práxedes Mateo Sagasta en Logroño la semana pasada, cuando la institución prohibió el uso del velo islámico en sus aulas y ella contravino las consignas de sus profesores. Siete alumnas fueron afectadas por esta restricción, y seis de ellas se retiraron el pañuelo para entrar en clase. Eman, no: “Limitan mi derecho a la educación porque me harán marcharme si quiero mantener mi identidad. Es un límite por ser musulmana”.

Cuando habla con EL MUNDO, ha pasado una semana desde su expulsión y algunos días desde que varias personas se congregasen frente a las puertas del centro para protestar contra esta decisión. “En ningún sitio pone que no se pueda llevar hiyab”, sostiene la joven, “ni en el reglamento del instituto”, opina. La semana que viene tendrá que volver a retirarse el velo que le cubre el cabello, las orejas y el cuello, si no quiere perder horas lectivas.

Su caso reabre un debate sobre el uso en espacios públicos del hiyab; esta vez en La Rioja, donde la comunidad musulmana representa un 7,6% de la población residente en la región. “En Logroño hay muchísima comunidad islámica: pakistaníes, marroquíes… Esto nunca ha pasado aquí”, cuenta por teléfono, después de lanzar una campaña de recogida de firmas que en el momento de cierre de esta edición acumula unas 8.500.

Y es que si bien hay varios centros educativos en la región que ya han impuesto vetos al velo, el IES Sagasta es el primer instituto de la capital riojana que aplica esta restricción. “Estoy preocupada, quiero que se quite esta prohibición porque me siento fatal: todos los días cuando llego me lo tengo que quitar, y ponérmelo de nuevo cuando salgo. Es una humillación y una vergüenza”, dice.

Sucedió el primer martes del curso. Instituto nuevo, primer día. Antes estudiaba en el IES Comercio, en la misma ciudad, pero decidió cambiar de centro para cursar el bachillerato internacional. “Es el único instituto de la ciudad que lo ofrece, y me quise apuntar ahí para después estudiar Derecho en el extranjero”, explica.

Nada más entrar le dijeron que tenía que quitarse el velo. Entonces sí obedeció: “Estaba en shock, no esperaba que me lo pidieran”. Vive en España desde los dos años, “toda mi vida”, relata, “y en La Rioja nunca había visto ninguna cosa de estas”. Esa primera semana de clases se acogió a lo que le decían sus profesores. “Eran los primeros días y no quería meterme en líos, así que elegí no quitármelo”. Pero pronto cambió de opinión: “Cuando llegó el fin de semana, pregunté por qué se prohibe el velo, porque en el reglamento no pone que no se pueda llevar hiyab y sólo me lo indicaban con sus palabras”, recuerda.

En efecto, la decisión del centro no viene explícitamente reflejada en su normativa. El apartado referente a la vestimenta destaca que “como norma general de educación no se permite el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares dentro del edificio”. Y, por otra parte, el precepto que menciona ropa con “mangas amplias” que pueda “engancharse en las máquinas” o “cualquier otro elemento holgado”, aplica al taller de tecnología. La Jefatura de Estudios se reserva el derecho de expulsar a los alumnos que no respeten las normas. Así, la Consejería de Educación remite al reglamento interno de cada centro, y en esta línea, el consejero Alberto Galiana (PP) defendió la “democracia interna” de los centros educativos en el Parlamento autonómico.

Tras valorarlo, a la vuelta del fin de semana la joven empuñó su derecho constitucional (el artículo 16 garantiza la libertad religiosa “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público”). “Les dije que es un derecho fundamental y que no se puede prohibir en una institución pública”. Su negativa a acatar las órdenes del profesorado le valió una visita a Jefatura de Estudios, donde se negó a destaparse frente a la directora, que terminó expulsándola. “Me dijo que el incumplimiento de la normativa conllevaba una expulsión directa. Así que llamó a mis padres y nos sentamos a hablar los cuatro. Ella dijo que con tres expulsiones leves, y ese día era una, se puede abrir un expediente al alumno y la consecuencia sería perder el Bachillerato Internacional. Mediante esta prohibición me están limitando el derecho a la educación, porque me harán marcharme del instituto si quiero mantener mi identidad, y por tanto limitan mi acceso al Bachillerato Internacional que sólo lo hay en este instituto por ser musulmana”, lamenta la joven.

De la mano de las organizaciones que pusieron el grito en el cielo, y de compañeros de otros institutos que apoyan su causa, Eman se manifestó delante de la puerta del instituto. “Contacté con algunos estudiantes que estaban interesados, tres o cuatro, y empezamos a difundirlo boca a boca. Nos manifestamos durante unos 20 minutos, en uno de los recreos, porque somos estudiantes y no podemos hacer más”, recuerda.

Dará el próximo paso el lunes cuando regrese a las clases después del parón, con más de 8.000 firmas respaldándola, pero lo más probable es que sea con resignación: “No me quedaré puesto el hiyab, tendré que quitármelo. Enfrentarme todos los días a los profesores también me perjudica porque tengo dos años por delante hasta que termine el bachillerato. No puedo hundirme y enfrentarme tres veces a los profesores porque dos años es mucho tiempo y tengo que pensar en mi situación a futuro. Por eso pido apoyo, hacer algo”.