El Congreso de los Diputados frenó hoy la tramitación de la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE y Junts para delegar en la Generalitat las competencias estatales en materia de inmigración. La iniciativa, fruto de los acuerdos entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para asegurar la investidura, quedó descartada con los votos en contra del PP, Vox, UPN y Podemos, lo que configuró una derrota de alto voltaje político.

La formación morada justificó su posición alegando que el texto es “abiertamente racista” porque vincula la inmigración con­ riesgos para la cohesión social. Y esa decisión situó al partido fundado por Pablo Igle­sias en­ la misma trinchera que la derecha y desencadenó una tormenta política que se exten­dió de inmediato más allá del he­miciclo.

Desde Ferraz y la Moncloa se esforzaron en subrayar a Junts que el tropiezo no se ha debido a a una falta de empeño socialista, sino a la negativa de Podemos. “El PSOE siempre cumple lo pactado”, repitieron varios diputados en los pasillos, temiéndose que el fracaso complique aún más la relación de cara a la negociación de los presupuestos generales del 2026. Y por eso la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, fue la primera en abrir la puerta a replicar la fórmula empleada en julio con el decreto ley antiapagones, cuando el Ejecutivo troceó la norma tras su derrota parlamentaria para salvar por decreto parte de su contenido. “Si decae, intentaremos sacar lo que no requiera rango de ley”, admiten en el PSOE.

El debate arrancó con la defensa de la iniciativa que, al alimón, hicieron PSOE y Junts. El socialista José Zaragoza se centró en remachar que no se trataba de un traspaso de competencias, sino de una delegación amparada por la Constitución. Y, ante los rechazos de PP y Podemos, recordó a los primeros la cantidad de cesiones realizadas por los gobiernos de José María Aznar y reprochó a los segundos que se llenen la boca para “defender la España plural para luego votar en contra”.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, sostuvo que el Estado ha gestionado deficientemente la inmigración hasta provocar un “colapso” en Catalunya y acusó a “los populismos de los dos extremos”, por Podemos y Vox, de bloquear una solución.

Los morados respondieron por boca de Javier Sánchez Serna, que calificó la iniciativa como un “peligro social”. Una postura que encendió a antiguos aliados de la izquierda. Jon Iña­rritu (EH Bildu) negó que hubiera referencias racistas en el texto y reclamó a Podemos que, como firmante de la investidura, se haga corresponsable de las iniciativas que permiten sostener al Gobierno. Gabriel Rufián (ERC) fue aún más gráfico tachando de “kafkiano” acusar de racista una ley promovida también por el PSOE y advirtiendo a Podemos de que su posición resulta “muy peligrosa”.

Las bancadas de PP y Vox, mientras tanto, asistían entre sonrisas al fuego amigo de las izquierdas. Pero no variaron su hoja de ruta.

Los populares, como era previsible, cargaron contra la delegación de competencias, ya que consideran que es un “traspaso” y pone en cuestión uno de los “elementos principales de la soberanía”. De hecho, los populares creen que hay jurisprudencia suficiente del Tribunal Constitucional para tumbar la iniciativa.

Y Vox profetizó la enésima “desintegración” de España “por medio de la revisión del modelo territorial”.

En este escenario, los votos de Sumar –donde afloraron fisuras en Izquierda Unida, Compromís y la Chunta– dejaron de ser determinantes para evitar una derrota que refleja las crecientes dificultades del Gobierno para sostener una aritmética parlamentaria cada vez más precaria. La gestión de la inmigración se perfila ya como un terreno de máxima confrontación política, mientras que la relación con los independentistas se consolida como pieza indispensable para garantizar la estabilidad de la legis­latura.