Migrantes en situación irregular, trabajadoras del hogar internas, temporeros o personas sin techo son algunos de los colectivos que habían quedado invisibilizados al no existir para la administración al no estar registrados tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cortar la vía que autorizaba a la Asociación AGAR integrada en la Red InterLavapiés a inscribir en el padrón de su local a personas sin vivienda estable.

Ahora, un juzgado ha respaldado a la asociación al anular el decreto del concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, que en abril de 2024 revocó la autorización del Colectivo AGAR. La sentencia, a la que ha tenido acceso Público, está fechada el 15 de septiembre de 2025 y concluye que el Ayuntamiento actuó sin razones objetivas y no respetó el procedimiento legal, al no dar audiencia previa a la entidad afectada es decir, por no darle la oportunidad a la asociación de conocer los hechos imputados.

El Colectivo AGAR lleva más de dos décadas trabajando con migrantes y vecinos en situación vulnerable en el barrio madrileño de Lavapiés. La asociación contaba con una Carta Aval desde 2018 cuando el Gobierno de Manuela Carmena lo concedió que le permitía empadronar a personas sin domicilio fijo en su sede de la calle Duque de Alba. Este mecanismo legal denominado “domicilio ficticio” garantiza el acceso a derechos básicos como sanidad, escolarización o ayudas sociales a aquellas personas que no tengan un domicilio fijo o no pueden registrarse en la vivienda en la que viven.
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El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida decidió negar esa vía en 2024, argumentando un “exceso” de inscripciones y “ausencia de comunicación de bajas”. Sin embargo, el juzgado ha señalado que “no figura acreditada de ninguna manera en todo el expediente administrativo” la existencia de irregularidades en las bajas o un exceso de empadronamientos. El juzgado recuerda que AGAR gestionó 106 inscripciones en dos años, una cifra “no objetivamente excesiva” en un distrito con altas tasas de vulnerabilidad.

Desde el Colectivo AGAR denuncian que esta práctica de negar el padrón forma parte de una estrategia de “exclusión e invisibilización cada vez más extendida en municipios gobernados por PP y Vox”. “Es una forma de racismo institucional, se pretende que muchos vecinos no existan oficialmente, que no cuenten”, ha denunciado la portavoz del colectivo este martes.

“Sin padrón no puedes ir al centro de salud ni abrir una cuenta bancaria y si eres un niño no puedes matricularte en la escuela”, explica Abdoulaye Ndiaye, un ciudadano senegalés que consiguió empadronarse en el local de Lavapiés antes de la decisión del Ayuntamiento.

Sin padrón no puedes ir al centro de salud ni abrir una cuenta bancaria

Ndiaye relata a Público que llegó a España hace dos años y medio, pasó unos meses en Alacant donde le resultó “completamente imposible” poder empadronarse ya que le decían que la única alternativa era que pagase por ello, pero él “no tenía el dinero suficiente” y una amiga le alertó de que era ilegal.
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Ahora, explica, muchos de sus amigos se ven afectados por la decisión del consistorio madrileño. “Los propietarios de las casas donde viven no quieren darles los papeles necesarios para ello. En Lavapiés estamos luchando para permitir el empadronamiento en la asociación, porque mucha gente lo necesita en su día a día”.

La privación por parte del consistorio de no poder empadronar a aquellos que no dispongan de un contrato de alquiler o propiedad deja a estas personas en un limbo administrativo. A la vez, estarían incurriendo en una ilegalidad ya que no figurar en el padrón puede acarrear sanciones de hasta 150 euros, según el Real Decreto 1690/1986.
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El padrón es además una obligación y un “metaderecho”, ya que da acceso a otros derechos, como ha explicado en rueda de prensa la abogada del colectivo, Patricia Fernández: “De él dependen otros derechos y también la planificación de políticas públicas. Las primeras dificultades de acceso al padrón las vimos con las personas migrantes pero ahora mismo se ven afectadas también personas autóctonas. Todos los discursos y prácticas antiderechos acaban afectando a toda la población en general”.

Todos los discursos y prácticas antiderechos acaban afectando a toda la población en general"

La sentencia también recoge el contexto de la “turistificación del distrito centro de Madrid”, que expulsa a población empobrecida y dificulta el acceso a la vivienda. Para el juzgado, la labor de asociaciones como AGAR resulta “esencial” en ese contexto para que el Ayuntamiento cumpla su obligación de mantener un padrón fiel a la realidad.

Contar con un registro de todas las personas que habitan su municipio “tiene efectos directos no solo sobre las vidas de las personas que no están empadronadas sino con el conjunto de la comunidad”, sostiene Fernández. “Es imposible atender unas adecuadas políticas públicas si no sabemos cuántas personas viven en un distrito o en la ciudad de Madrid”, añade.

“El Ayuntamiento de Madrid invisibiliza la realidad de la falta de acceso a la vivienda, el hacinamiento o las personas empobrecidas. La actual política pública de Almeida desprecia de manera continúa y constante el trabajo de la sociedad civil”, denuncia la abogada.

Los colectivos piden que la iniciativa de que los registros se puedan realizar en entidades y asociaciones de los barrios sea una “medida provisional” mientras que reclaman que “los ayuntamientos pongan en marcha cauces que garanticen cumplir la obligación del empadronamiento por parte de las administraciones”.

Aunque la resolución supone un gran avance y respaldo para el colectivo, la sentencia no es firme y el Ayuntamiento aún puede apelar la decisión, aunque desde la Coordinadora Estatal de Barrios de la que forma parte AGAR solicitan al consistorio que “no alarguen más el proceso y el sufrimiento de muchas personas a las que está afectando esta decisión”.