El Congreso ha tirado a la papelera el acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar a Cataluña la competencia estatal de la gestión de la inmigración. Carles Puigdemont ve caer una de sus grandes exigencias, y motivaciones, para mantener el respaldo al Gobierno y Pedro Sánchez asiste con impotencia a la implosión del bloque de investidura entre reproches por haber comprado a Junts un texto “racista” y de la “batalla cultural de la extrema derecha”. La consecuencia de estas dos derrotas lleva a la misma conclusión: el partido independentista catalán se sigue cargando de argumentos para dejar de sostener al Ejecutivo.

No por esperado, este revés del Congreso ha dejado de doler a Junts. Se llegó al debate con la mayoría de las cartas boca arriba y con el anunciado voto en contra de Podemos, que neutralizaba toda esperanza de que la proposición de ley de PSOE y Junts pudiera ser admitida a trámite. Los morados, que justifican su rechazo en que el texto era “racista”, alcanzan una mayoría de bloqueo con 175 diputados con PP, Vox y UPN, que por otros motivos distintos han votado en contra.

Pero es que, además, la votación ha dado más de sí. En el bloque de los grupos parlamentarios que están a favor de la iniciativa ha habido deserciones. En concreto, dentro de Sumar, donde ha aflorado también la incomodidad con un texto cuya exposición de motivos incluye expresiones y planteamientos que hasta diputados que han votado a favor han etiquetado como “xenófobos”, por la vinculación que se hace entre inmigración y la inseguridad. Pese al llamamiento de Yolanda Díaz y otras figuras de Sumar, los diputados Alberto Ibáñez (Compromís-Iniciativa) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) han roto el sentido de voto del grupo. Los cinco parlamentarios de Izquierda Unida (IU) amagaron durante las últimas horas con desmarcarse, aunque finalmente votaron a favor.

Este baile movió el esperado resultado de empate a 175 votos (que bloqueaba la proposición de ley) y propició que el pacto migratorio del PSOE y Junts haya sido derrotado con más noes que síes. 177 votos en contra, 173 a favor.

El debate parlamentario ha dado mucho de sí y ha sacado de nuevo el discurso más beligerante de Junts con la inmigración. La portavoz, Míriam Nogueras, ha justificado la cesión de competencias como un instrumento que Cataluña necesita para “controlar el actual desbordamiento” de migrantes que sufre Cataluña. “Los ciudadanos están hartos y la supervivencia de nuestra identidad no está garantizada, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana”, ha proclamado.

En esta línea, ha sostenido que la clase trabajadora catalana no recibe los servicios sociales ni las ayudas que merece como respuesta a su contribución, mientras que “el 40% de los inmigrantes en Cataluña no trabaja y muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir”. “El sentimiento de agravio existe”, ha afirmado. La neoconvergente se ha explayado en datos para justificarse y en alertar de los problemas que causa una población inmigrante que alcanza el 19%.

“La ley es clara, las políticas sobre inmigración las decidirán los catalanes. Nosotros proponemos más autogobierno más poder político para Cataluña. Cataluña podrá gestionar todos los permisos de trabajos, conceder residencia, tramitar expulsiones… Es decir, las competencias que ahora tiene España que las pase a ejercer Cataluña”, ha abundado, poniendo negro sobre blanco con toda nitidez cuál es el objetivo de su partido.

Según Nogueras, “el populismo de los dos extremos ha coincido en un punto: negar a Cataluña la posibilidad de resolver los problemas que el Estado no ha sabido solucionar”. “Cataluña no necesita más ruido, necesita soluciones y capacidad de gestión. El Estado español no ha sabido gestionar este fenómeno y queremos hacerlo nosotros. La ley no es el problema, el problema es que quien está pidiendo esta ley es Cataluña”, ha zanjado.

Frente al discurso identitario de Junts, el diputado del PSOE José Zaragoza ha presentado la discusión de la ley como una cuestión meramente competencial, despojada de la línea política que quiere imprimir el partido catalán a esa política migratoria.

Podemos, quien ha sido determinante para tumbar la proposición de ley, ha insistido en denunciar el contenido de la ley. Javier Sánchez Serna ha emplazado a Junts a retirar la proposición y poner sus votos a favor de aprobar la iniciativa para la regularización de medio millón de extranjeros como peaje para sentarse a negociar. “Ni ustedes ni nadie van a poder parar a la extrema derecha asumiendo marcos racistas”, ha recriminado.

Gabriel Rufián, de ERC, ha urgido a Podemos a reflexionar y replantearse su negativa. Les ha instado a no hacerle el juego a Junts que saldrá tras la derrota, ha aventurado, “llorando en los medios de comunicación y acusando a los morados de españolistas”. A los representantes de Junts les ha acusado de ser “miserables”, de “hacer daño a Cataluña” y “temer a Aliança Catalana”. Rufián ha tachado la primera parte del discurso de Nogueras de “racista”. Y ha insistido en que la derecha catalana está en manos de la extrema derecha, antes de urgirles a volver a la senda del “humanismo catalanista”.

En cuanto a Sumar, el discurso oficial ha sido a favor de la propuesta y se minimiza otras cuestiones para justificar que se trata de una cuestión meramente competencial. Por eso ha apelado a su sello “plurinacional” para apretar las filas del grupo parlamentario y evitar una fuga de votos.

Sin embargo, se han producido dos deserciones en Sumar: los diputados de Compromís y de Chunta Aragonesista. “Nosotros entendemos que no se está votando un tema meramente competencial, sino que es una batalla cultural que se está llevando a cabo por la extrema derecha y el nacionalcatolicismo, independientemente de que sea [Sílvia] Orriols [de Aliança Catalana] o Vox”, ha explicado Alberto Ibáñez, diputado de Compromís por la cuota de Iniciativa, en rueda de prensa.

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En su explicación, ha incidido en que “ojalá” entendiera que se trata exclusivamente de un tema competencial, como defiende Sumar y Yolanda Díaz. Sin embargo, considera que votar a favor sería estar “contribuyendo” a un marco que no es “plurinacional” ni de “izquierdas”, sino que tiene que ver con vincular a la inmigración asuntos como la multirreincidencia o la delincuencia dentro de un preámbulo de la proposición de ley que, además, es “racista”. “Lo que busca es señalar a unos colectivos más vulnerables como los migrantes temporeros”, ha abundado.

En Chunta Aragonesista, su diputado, Jorge Pueyo, ha advertido de que el racismo es como una “ventolera” que se cuela si abres la ventana. Además, de esa “preocupación” por el enfoque, ha expresado “muchas dudas” por la manera de entender la “plurinacionalidad” que va siempre en solo “un sentido”: ceder competencias a unas comunidades y no a otras, como si en realidad hubiera una “binacionalidad” o una “trinacionalidad”.