Si no hay giros de última hora, este martes el Gobierno volverá a perder una votación y en este caso no lo hará a manos de Junts per Catalunya. La cesión de competencias en migración que pactaron los posconvergentes con el PSOE llega al Congreso sin posibilidades de salir adelante y, además, abriendo un incómodo debate entre las izquierdas de la Cámara Baja a cuenta de lo que Podemos considera una ley “abiertamente racista”. Es una postura que no comparte la mayoría del resto de las formaciones a la izquierda del PSOE, pero que ha sembrado dudas en el Grupo Parlamentario de Sumar.

Los números son claros, al menos a última hora del lunes. PP, Vox, Podemos y UPN —175 diputados— votarán en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley. Por lo tanto, no superará la toma en consideración y decaerá. Está por ver cuál es la reacción de Junts, toda vez que la cesión de competencias migratorias es un compromiso que adquirió el PSOE con los de Carles Puigdemont. Es una incógnita también si hay alguna izquierda más en el hemiciclo que acompaña a los morados en el “no” y abona por tanto la tesis de que se trata de un enfoque legislativo racista y no de un paso más hacia la descentralización. Ese ha sido el debate de este lunes y será el de este martes.

Lo que defienden los morados es que la propuesta de ley es “de extrema derecha en su exposición de motivos” —en palabras de Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido— porque vincula la seguridad con las migraciones. Podemos ha dejado claro que no quiere dar apoyo a una medida que ayudaría a perpetuar “el racismo institucional de Estado”. Como ejemplo Fernández ha puesto que la norma no serviría para eliminar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), sino para que cambiaran de manos.

El secretario de organización de Podemos también ha recordado que la ley no contempla precisamente aumentar la dotación de trabajadores sociales, sino de Mossos d’Esquadra. Así lo señala, es verdad, la disposición adicional segunda de la propuesta. Pero la mayor de las críticas de los morados tiene que ver con la exposición de motivos que redactaron PSOE y Junts, en la que se apunta, por ejemplo, que las migraciones pueden conllevar “posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. Ese es el marco que Podemos califica de racista y que ha movido a la formación al no.

Los morados, con este posicionamiento, chocan con la mayor parte de los partidos a la izquierda del PSOE, pero los de Ione Belarra podrían no estar solos. En el caso de Sumar, la mayoría de los partidos adscritos al Grupo Parlamentario Plurinacional apoyan la norma y rechazan el argumento esgrimido por Podemos. Este lunes, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que “estamos ante una proposición de ley estrictamente competencial que transfiere competencias en materia de extranjería e inmigración a Catalunya. Desde una perspectiva plurinacional y federal, entendemos que esa toma en consideración tiene que salir adelante”.

Urtasun ha pedido tratar este tipo de cuestiones “con rigor” y ha pedido a Podemos que explique “cuál de los 13 artículos que contiene la ley es racista”: “Me he tomado la molestia de leerme la proposición, que tiene 13 artículos estrictamente competenciales. Que me digan cuál es el articulo racista”; ha insistido. Preguntado sobre la exposición de motivos de la norma y sobre si considera que podría dar pie a perpetuar el racismo, en este caso en Catalunya, como defiende Podemos, el titular de Cultura ha recordado que “la orientación política de la norma la va a dar una Generalitat gobernada por el PSC con el apoyo de ERC y de Comuns”.

Sin embargo, en este momento no existe una postura totalmente consensuada en el seno del grupo parlamentario de Sumar, ya que, según ha podido saber Público, tanto Izquierda Unida como el diputado de Compromís en este grupo, Alberto Ibáñez, podrían no coincidir en su voto con el resto de diputados de este espacio. En el caso de Ibáñez, fuentes de la coalición recuerdan que ya expresó sus dudas cuando se conoció el texto. Todo lo contrario ocurre con Més per Mallorca, otra de las formaciones que componen el grupo de Sumar, que deja claro que “el debate sobre seguridad jamás debería estar ligado al hecho migratorio”, pero que la cesión de competencias “nunca es negativa”.

Victoria Columba, durante una manifestación en apoyo al colectivo migrante.
Es la misma posición que defienden los Comuns. “Delegar competencias a un gobierno no es racista”, subrayan en conversación con Público. “Si son centralistas”, deslizan en referencia a Podemos, “que lo digan y no busquen excusas”. “De salir adelante, los Comunes registraremos enmiendas donde consideremos para mejorar la ley, especialmente en el preámbulo, pero votaremos a favor de su tramitación porque queremos más autogobierno en Catalunya”.

En el caso de IU, aunque el pasado fin de semana se daba prácticamente como asegurado su voto a favor, este lunes su portavoz y número dos, Eva García Sempere, avanzaba que todavía quedaban algunas reuniones pendientes del grupo parlamentario y advertía de que aunque “han salido algunas voces diciendo cuál es el sentido del voto, nosotros no hemos tomado ninguna decisión y estamos reflexionando”.

Desde IU recuerdan que llevan tiempo pidiendo a Junts que aclare su posición sobre otras cuestiones relativas a políticas de inmigración, y que, en este caso concreto, los de Míriam Nogueras deben dejar claro cuál es su postura en esta materia y qué políticas llevarían a cabo a la hora de gestionar las competencias que se transfieren en la norma. El grupo de Sumar se reunió este lunes por la tarde y hay prevista una nueva reunión para este martes, aunque es probable que los de Antonio Maíllo no desvelen el sentido de su voto hasta escuchar la intervención del portavoz o la portavoz de Junts que defienda el acuerdo en la tribuna.

Efectivamente, en rueda de prensa Urtasun ha fundamentado su defensa de la proposición de ley en que el articulado de la misma —"Lo que cuenta"— no hay ningún atisbo de racismo ni nada que se le parezca.

Pero, ¿qué dice esa parte normativa de la proposición? Por una parte, traspasa a la Generalitat todas las competencias en lo referente a los permisos de estancia y residencia, además de en la gestión colectiva de las contrataciones en origen. De aprobarse la ley, algo que a todas luces no va a ocurrir, también se cederían a Catalunya la aplicación de los procedimientos sancionadores, incluso los que comportasen expulsión o devolución, así como la gestión de los CIE.

El texto también incluye un aumento de competencias para los Mossos, que pasarían a encargarse de la seguridad de puertos y aeropuertos y a participar del control de fronteras. Para ello, la disposición adicional segunda de la propuesta contempla “incrementar progresivamente la dotación de efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra en 26.800 hasta el año 2032”. Por otra parte, también sería Catalunya la encargada de emitir los documentos de las personas extranjeras.

En el artículo 11 de la proposición se especifica, por otra parte, que la Junta de Seguridad de Catalunya “será el órgano bilateral de coordinación y cooperación de las facultades en materia de inmigración, que ejerzan las fuerzas y cuerpos de seguridad” y funcionará bajo el mando del president de la Generalitat. El artículo 13, que es el último, deja negro sobre blanco que se deberá dotar a Catalunya de los “medios personales, patrimoniales y presupuestarios” necesarios para asumir todas las competencias.

Apoyo de ERC, EH Bildu, BNG y… ¿Compromís?
Donde no hay dudas de ningún tipo es en las filas de Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego. Las tres formaciones tienen entre sus prioridades la consecución de competencias para sus territorios y esta no es una excepción. “Nosotros estamos a favor de tener todas las competencias. De hecho, las queremos tanto que las queremos todas”, explican fuentes de Esquerra. Además, recuerdan que la ley “no transfiere las competencias a un partido político, sino a Catalunya… Ahora las gestionaría el PSC”. “Si esto es ser racista”, zanjan, “que venga alguien y que lo explique”.

Así, ERC entiende que la ley va en la línea de seguir descentralizando el Estado, por mucho que sea Junts, “un partido que está asumiendo como propios los postulados de extrema derecha y racistas de Aliança Catalana”, quien la haya llevado a la Cámara Baja. Para los republicanos no hay hueco para un debate sobre racismo en un traspaso de competencias.

EH Bildu y el BNG también darán su voto favorable a la ley y ni siquiera quieren entrar en el marco que propone Podemos. “Compartimos que las comunidades autónomas tengan más competencias y mayor soberanía, que se gestione desde lo cercano”, explican los abertzales. Fuentes del BNG recuerdan que estamos hablando de “una delegación de competencias” y que “la normativa sigue siendo la misma”. “Además”, completan, “hay en la propuesta una disposición adicional [la tercera] que dice que la Administración General del Estado y Catalunya cooperarán en el ejercicio de sus respectivas competencias para asegurar la plena inclusión e integración de la población extranjera en Catalunya”:

En Compromís la cosa va por barrios. Mientras que Alberto Ibáñez prefiere reservarse el sentido de su voto y esperar al martes para entrar en el debate, Àgueda Micó, que se salió del grupo de Sumar, votará favorablemente a la iniciativa porque fomenta el autogobierno. “No es mejor que el Gobierno central tenga esas competencias”, explica. De todas formas, comparte con Podemos el hecho de que lo que debería hacer el Ejecutivo no es cambiar los CIE de manos, sino eliminarlos y virar el modelo hacia uno que ofrezca más cuidados a las personas migrantes. Precisamente por eso Micó rechaza tumbar la ley y apostaría más bien por admitirla a trámite y tratar de abrir el debate sobre los CIE en el período de enmiendas.