P. A.

LAS PALMAS. En plena polémica, el delegado del Gobierno en Canarias admitió ayer que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado están «reventados de actividad, y evidentemente faltan medios», afirmación que, «por obvia», le parece «una simplonería», pero que sólo hace dos semanas él mismo tildaba de «alarmista».

Principalmente las mayores acusaciones proceden de los propios sindicatos policiales y los agentes destinados a atender la emergencia. Sobre estos, Segura dijo ayer que quienes hacen estas afirmaciones «son los que no trabajan, los que están liberados», porque los policías «que trabajan» son «gente entregada en cuerpo y alma» y cuando le comentan que «no aguantamos más, les digo estoy totalmente de acuerdo; yo tampoco».

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigía, a través de su presidente provincial en Tenerife, Juan González, la dimisión de Segura, por haber «mentido» y por su «falta de implicación» en el fenómeno de la inmigración irregular. Se refería González a la afirmación de Segura de que «ningún inmigrante pisa las aceras de Canarias». Tal y como adelantaba ABC, cuatro inmigrantes fueron liberados en Tenerife hace tres días, dado su cumplimiento del periodo máximo de internamiento, y la imprevisión para derivarlos o repatriarlos.

Mientras, la «entente cordiale» que hasta la fecha han mantenido las diferentes instituciones canarias a la hora de afrontar el primero de los inconvenientes de la «crisis de los cayucos» saltó ayer por los aires ante la ininterrumpida llegada de inmigrantes; más de un centenar al día durante todo el mes de agosto y lo que llevamos de septiembre.

Ayer, la alcaldesa de La Laguna (Tenerife) daba por «cumplido» el cupo de solidaridad de esta ciudad», que en la actualidad acoge a 3.000 irregulares. El anuncio de Ana Oramas, respaldado por su corporación, ponía fin a la creación de dos nuevos centros de internamiento, hasta ayer en proceso de instalación, por parte del Ejército, en el municipio tinerfeño.

Pero no sólo la corporación lagunera considera que Canarias «ya no puede seguir ampliando sus centros sin un límite». El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, valoraba para ABC la decisión de la alcaldesa y del propio Gobierno regional, afirmando que «del mismo modo que los inmigrantes recién llegados son trasladados desde La Gomera a Tenerife, pueden ser llevados a Cádiz, Murcia u otro lugar de la Península», donde deben habilitarse centros de retención. «Los inmigrantes no son de Canarias, llegan a España», dijo Becerra.
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