“Tras décadas de presiones y congelaciones internacionales, rompemos las convenciones y conectamos Ma’ale Adumim con Jerusalén. Este es un paso que prácticamente elimina el espejismo de los dos Estados y que consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel”. Con estos términos anunciaba triunfalmente el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, el arranque de su nueva operación de asentamientos ilegales, esta vez en Cisjordania, que partiría en dos este territorio del pueblo palestino.

Se trata del denominado proyecto E1, aprobado el pasado 20 de agosto por la Knesset (Parlamento hebreo), y que hoy contempla la construcción de 3.401 viviendas, la mayor parte de ellas en el área entre Jerusalén y Ma’ale Adumim (donde viven decenas de miles de colonos). Tal y como destacaba la cadena Al Jazeera, el levantamiento de nuevos asentamientos provocará el bloqueo de la expansión urbana palestina en la zona de Ramallah hacia el sur, pero también el avance de Belén hacia el norte.

La idea es la siguiente: facilitar la unión entre colonias israelíes geográficamente distanciadas para, finalmente, asegurar el control de facto sobre la zona, según el proyecto del Gobierno israelí.

La parte de este plan colonial que más amenazará la supervivencia misma del pueblo palestino en estas tierras es la construcción de lo que ya muchos palestinos llaman “carretera del apartheid”. Constituye un sistema vial que dejará aislados a miles de palestinos e impedirá su libre movilidad, incluso para acceder a servicios básicos. “La nueva carretera aislará Jerusalén de Cisjordania y cortará la conexión geográfica entre ambas. Les impedirá acceder a la Ruta 1, la carretera principal que conecta el sur de Cisjordania con el centro y el norte”, informaba la BBC a escasos días de salir a la luz los pormenores del plan. Miles de palestinos quedarán así atrapados dentro de su propio territorio como en una ratonera.

“Esto también es importante a nivel económico, porque el desplazamiento y el movimiento de bienes es extremadamente necesario para el comercio palestino”, puntualiza a Público Yonatan Mizrachi, codirector del proyecto Settlement Watch en el movimiento hebreo Peace Now, que lucha contra la ocupación sionista en este territorio fronterizo con Jordania.

Pero, en última instancia (y lo que resulta políticamente más grave), más allá de las profundas trabas logísticas que todo esto traerá a la población palestina, el plan impediría la consecución de una paz basada en la solución de los dos Estados. Básicamente porque borraría Palestina del mapa, algo de lo que el propio Smotrich se jactaba públicamente al presentar las bases del proyecto. “El objetivo de la soberanía es eliminar, de una vez por todas, un Estado palestino de la agenda”, jaleaba.

Lo apuntala en conversación con este medio Raquel Martí, directora de UNRWA España: “La reconstrucción de asentamientos va a dividir Cisjordania en norte y sur, va a dejar incomunicadas las dos zonas, y va a impedir la viabilidad de un Estado palestino. Cuando se dediquen a sentarse solo en la mesa para hablar de los dos Estados no habrá dos Estados que poder crear”.

Un proyecto resucitado tras años de parálisis
Pero la idea del proyecto, que expandirá los asentamientos israelíes junto a Jerusalén Este, ni es nueva ni ha nacido de la noche a la mañana. De hecho, llevaba en boca del Gobierno israelí desde la década de 1990, cuando la oposición dentro y fuera del país (inclusive dentro de EEUU) logró que se paralizase hasta que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó retomarlo por primera vez en 2012.

Sin embargo, explica Mizrachi, “ese año tampoco prosperó y el proyecto se congeló hasta comienzos de 2020, cuando el primer ministro volvió a trabajar por darle continuidad hasta aprobarse definitivamente en este 2025”.

Dos hechos íntimamente unidos a la coyuntura internacional han favorecido que el plan haya resucitado tras años en el tintero. Por un lado, la vuelta al poder de Donald Trump en EEUU, hoy colega político de Netanyahu, que no sólo apoya sin pudor cualquier iniciativa colonial por parte de Israel, sino que además prevé construir un macroproyecto millonario sobre las ruinas de Gaza. Por otro, el foco mediático (y también la presión internacional) ha estado centrado fundamentalmente en la Franja de Gaza, de manera que apenas ha habido conocimiento general ni, por tanto, denuncia pública sobre la realidad de Cisjordania.

Todo apunta, pues, a que el E1 sería solo la antesala de un proceso de anexión definitiva de Cisjordania, donde la construcción de carreteras y nuevos asentamientos para aislar a los palestinos facilitará a las fuerzas coloniales culminar la ocupación del territorio. “Ya lo han anunciado, quieren anexionar todo Cisjordania y Gaza y para ello tienen que conseguir la máxima cantidad de tierra posible con el mínimo número de habitantes árabes. Lo que tenemos es una falta de continuidad territorial, en el que Cisjordania se ha quedado con unos islotes en los que entre sí ya no tienen conexiones”, advierte a Público Saida Ghodaieh, presidenta de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén.

Ello se produce a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su opinión consultiva emitida el 19 de julio de 2024 sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, declaró lo siguiente: “El abuso continuado por parte de Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”.

Una operación que culmina el asedio sobre Cisjordania
Pero la operación en Cisjordania lleva cimentándose a conciencia desde hace décadas a través de ir mermando cada vez de forma más atroz los recursos esenciales de la población. Hasta el punto de que, desde las incursiones israelíes de enero, “más de 40.000 palestinos de los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem se han desplazado forzosamente en la mayor escalada de evacuaciones registrada desde 1967 (año en que comenzó la ocupación en Cisjordania)”, indica Shakir.

Además, Amnistía Internacional ha documentado que, entre el 21 de enero y el 4 de junio de este año, las fuerzas israelíes han asesinado al menos a 80 personas palestinas, entre ellas 14 menores, en el norte de Cisjordania. En toda Cisjordania, según datos de la ONU desde octubre de 2023 hasta julio de este año, la cifra asciende a los casi 1.000 palestinos asesinados (entre ellos figuran 210 niños según la UNWRA), además de cerca de 2.907 demoliciones de viviendas durante el mismo período.

La destrucción continuada de las tierras y cultivos de la población, con el fin de arrebatarles su sustento de vida de forma cruel, es otra de las acciones habituales de Israel para hostigar a la población. “Están destruyendo tierras de cultivo, arrancando olivos, robando animales a las familias beduinas o pastores palestinos, están aterrorizando a la población y están agrediéndola. El Ejército israelí ha destruido en lo que llevamos de año 2.800 infraestructuras de todo tipo, desde viviendas hasta estructuras agrícolas, pozos de agua, estructuras de saneamiento, etcétera”, alerta Martí.

No obstante, las políticas de restricción, represión y violencia han experimentado una brutal escalada desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Israel puso en marcha su Operación Muro de Hierro y se inició el genocidio sobre la Franja. Así lo traslada a este medio Omar Shakir, encargado de los territorios de Israel y Palestina en Human Rights Watch: “Lo que hemos visto en los últimos dos años es que en Cisjordania, desde los ataques de Hamás, los niveles de represión contra los palestinos han aumentado considerablemente”, apunta.

Desde esa fecha, como reza un comunicado emitido por Naciones Unidas, el comienzo del asedio en Gaza fue a su vez la puerta de entrada a otro paralelo de menor intensidad bélica en el resto de territorios. "Disparan a quien quieren, destruyen impunemente campos de olivos y además sin tener que justificar nada y sin tener que enfrentarse a la Justicia. Esto agrava la inseguridad, la rabia y la intranquilidad de la población”, concluye Ghodaieh.