N. C. / P. M.

MADRID. La creación dentro del Ministerio del Interior de una dirección general de Relaciones Internacionales y Extranjería es la demostración práctica del giro de 180 grados que el Gobierno ha dado a su discurso político en materia de inmigración desde el inicio de la legislatura hasta ahora. De la regularización masiva llevada a cabo por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se ha pasado a la acción policial y al mensaje de que los ilegales que entren en España «antes o después, saldrán»; de la permisividad se ha pasado a la dureza y a una posición activa que impida la llegada masiva de sin papeles. Al frente de la dirección general se ha nombrado al diplomático Arturo Avello.

La inclusión en el organigrama de Interior – dependiente de la secretaría de Estado de Seguridad – de la nueva dirección general puede encuadrarse en este «giro», pues pretende un doble objetivo: de un lado, una mejor coordinación de las Fuerzas de Seguridad para luchar contra este fenómeno dentro de nuestras fronteras; de otro lado, tener un papel protagonista en la escena internacional con la participación en el desarrollo de los convenios de repatriación firmados con distintos países y cuyos aspectos técnicos se estudiarán en este nuevo departamento.

La filosofía, según las fuentes consultadas, es la siguiente: «Si se puede, evitar que salgan de su país colaborando con las distintas policías; si salen, interceptarlos en sus aguas y devolverlos al punto de origen; si llegan a España, rescatarlos y, en la medida de lo posible, repatriarlos».

«Desaparición» de Caldera

La medida coincide en el tiempo con la «desaparición» del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, del mapa político en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal y se produce justo después de la crisis de los cayucos, que este verano han traído miles de indocumentados a las Islas Canarias. En este punto es significativo recordar que Caldera pidió las competencias en esta materia, tuvo un papel mediático importante con motivo de la regularización masiva y, posteriormente, en la medida que le ha sido posible, ha preferido quedar al margen de la crisis.

Al llegar al poder, los socialistas aseguraban que el de la inmigración no era un problema policial y, de ahí, que sacaran de Interior la secretaría de Estado de Inmigración para integrarla en el organigrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Todas las fuentes consultadas aseguran que la creación de la nueva dirección general es el mejor reconocimiento de que en este fenómeno las Fuerzas de Seguridad juegan un papel «clave e imprescindible». Aún así, la secretaría de Estado de Inmigración sigue en el Ministerio que dirige Caldera.
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