Carles Puigdemont reunirá hoy a su núcleo duro en Bruselas para abordar la estrategia a seguir con el PSOE, después de que la reunión celebrada con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado jueves en la capital belga no sirviera para desencallar los acuerdos pendientes de cumplimiento entre las dos formaciones.
Según trasladan fuentes de Junts a EL MUNDO, el líder separatista expresará hoy a su ejecutiva permanente formada por Jordi Turull y Míriam Nogueras, entre otros que la situación con Pedro Sánchez es “límite”, que tras meses instalados en una “prórroga” con el PSOE, después de haber retirado en febrero la iniciativa para pedir una cuestión de confianza al presidente, el crédito se acaba.
Pero, a la par, Puigdemont pretende trasladar a sus lugartenientes en Cataluña y Madrid que eso no les debe hacer reducir la exigencia hacia el Gobierno, sino al contrario, como prueba que mañana vaya a llevar a votación en el Congreso la proposición de ley sobre la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, una cuestión capital para los neoconvergentes que coloca al Ejecutivo en una situación incómoda, pues enfrenta a sus socios de Junts y Podemos, al estar decididos estos últimos a tumbar la tramitación de la medida por considerarla “racista”. Y al estar acusándolos de “catalanófobos” los neoconvergentes por ello.
El sábado, Turull se dirigió a la militancia de Junts y avisó: “Por muchas etiquetas que nos quieran poner vamos a seguir”, porque “hemos detectado efectos perversos” en cuestiones relacionadas con los flujos migratorios, “como las ayudas a extranjeros o empadronamientos” masivos en determinados municipios catalanes.
Sin embargo, la derrota del traspaso migratorio en el Congreso supondrá un golpe duro para Junts, por mucho que quiera maquillarlo encuadrando a Podemos en el bloque de PP y Vox, dos formaciones que también votarán en contra de la cesión competencial a Cataluña. “No ayudará a las relaciones con el PSOE”, admitía ayer Turull.
Resulta paradójico que el acuerdo entre el PSOE y Junts para permitir a la Generalitat controlar las expulsiones de extranjeros o imponerles el catalán para obtener el permiso de residencia sirviera hace seis para reconducir una relación que se acercaba a la ruptura y que, mañana, tras descarrilar en las Cortes, pueda suponer un punto de inflexión que conduzca a Puigdemont a tomar esas “decisiones” con las que viene amagando desde el final del verano, al constatar que la medida no va a superar el trámite parlamentario y que otras también centrales para ellos como la oficialidad del catalán en la UE tampoco se desencallan.
A Puigdemont le preocupa la mella que está haciendo en su partido la relación de colaboración con el PSOE. Junts firmó el pacto de investidura de Sánchez prometiendo que cobraría “por adelantado” y, en aspectos centrales como el catalán en Europa o las competencias migratorias, no lo está pudiendo hacer ni con retraso, con la consecuente pérdida de credibilidad ante el electorado independentista.
Este mal era el que aquejaba ERC cuando se enfrentó a las elecciones catalanas en mayo de 2024 y perdió 13 diputados. Y no se pronostica una situación mejor para Junts. Un nuevo sondeo auguraba ayer una debacle para la formación. La encuesta, publicada en La Vanguardia, señalaba que el partido del prófugo podría caer de los 35 a los 21 escaños en el Parlament, perdiendo 14, mientras que Aliança Catalana podría crecer de los dos a los 19, quedándose a sólo dos representantes de Junts. Un escenario catastrófico que pondría en cuestión el liderazgo de Puigdemont y que amenaza con convertir a la alcaldesa de Ripoll, la xenófoba Sílvia Orriols, con la nueva líder del separatismo catalán.
Más allá del negro horizonte electoral en Cataluña, a Puigdemont también le inquieta un posible adelanto de las generales. Lo que lo coloca en una encrucijada. Por un lado, instalarse en el boicot a la legislatura española, rompiendo con el PSOE y pasando a votar en contra de todas las iniciativas presentadas por el Gobierno, le serviría para empezar a despojarse de la condición de socio de Sánchez que tanto penaliza a los partidos secesionistas y que Aliança Catalana está subrayando para intentar sorpassar a Junts.
Pero, por otro, alargar su alianza con un Ejecutivo socialista asediado por la corrupción y que no cumple con sus acuerdos seguiría socavando la imagen de una Junts que celebró haber entregado a la Generalitat las riendas del fenómeno migratorio y que, medio año después, está a punto de fracasar en su empeño para regocijo de Orriols.