El parque Bruil de Zaragoza se ha convertido en el más fiel reflejo del evidente problema que la ciudad tiene con el sinhogarismo. Más de 50 personas, la inmensa mayoría de ellas inmigrantes solicitantes de asilo o trabajadores del campo, viven en, por llamarlo de algún modo, chabolas ubicadas en una de las entradas a estos jardines, a la intemperie y a la vista de los ojos incrédulos del vecindario, que no logra comprender cómo se ha llegado a esta situación.
El Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobiernoen Aragón se mantienen en negociaciones con la intención de dar una respuesta «inmediata» que solvente el problema, pero, por el momento, el desencuentro es evidente.
Desde el consistorio, a través de la alcaldesa Natalia Chueca, solicitan al Ejecutivo que se otorguen las plazas de acogida en su totalidad, ya que, según sus datos, «solo están ocupadas 1372 de las 1.553 que están disponibles». Además, a ello le suman el agilizar las citas de Extranjería para que puedan resolver su situación, establecer un mecanismo estable de coordinación con datos actualizados cada mes y reforzar los dispositivos estatales y la red de entidades concertadas.
Son las demandas que la regidora extrajo tras reunirse con representantes de los vecinos de los barrios Bruil, Aloy Sala, Tenerías y San Agustín, donde el hartazgo comienza a alcanzar altas cotas. Así, un nutrido grupo de 500 personas, tanto inmigrantes como residentes, decidió salir a la calle para manifestarse en contra de este problema y reclamar una solución para aquellos que «se ven obligados a dormir en la calle».
Porque las entidades de los barrios no critican a las personas que viven en el parque. «Ellos no son los culpables», defienden en su manifiesto, en el que ponen el foco directamente en la Administración, a la que acusan de haber propiciado este «abandono».
«Nos han llegado a tachar de racistas por señalar el problema. El problema no son ellos, son quienes permiten que estén en estas condiciones que sufrimos todos. Si están aquí, deberán tener unos derechos; no pueden vivir entre ratas tirados en el suelo. Hemos llegado al límite. Llevamos mucho tiempo pidiendo soluciones al Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, pero hasta ahora solo han puesto parches que remedian los problemas del corto plazo sin solucionar el problema de fondo», expresaba una vecina antes de emprender la marcha.
Ante el aumento de la presión vecinal, Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en la región, indicó que «en los últimos días se ha sacado de allí a más de 60 personas que tenían derecho a acogerse al Sistema de Protección Internacional». Estos individuos han sido repartidos en diferentes puntos de acogida de la comunidad, aunque no se ha revelado la ubicación exacta de su destino porque, tal y como expresó el representante gubernamental, «si lo decimos podríamos tener más problemas de los que ya tenemos».
Con esta medida Beltrán se siente satisfecho: «Yo he hecho mi parte y voy a seguir haciéndola», aseguró. Por lo que ahora, a su juicio, es momento de que el Ayuntamiento actúe, debido a que «quienes quedan allí son demandantes de Servicios Sociales; personas que han perdido el trabajo y se ven abocadas a la calle, que presentan enfermedades».
La manifestación vecinal continuó hasta la Plaza del Pilar, donde están situadas, una frente a la otra, ambas instituciones. Allí, los protestantes culparon a Delegación y Ayuntamiento de «desplazar el problema de un lugar a otro» y de «derrochar el dinero público en pompas y espectáculo de lugar de buscar alternativas al albergue municipal», el cual está totalmente saturado.
Además, allí tomaron la palabra dos jóvenes senegaleses que, ayudados por un traductor, denunciaban que «pese a que tenemos trabajo y papeles, no nos podemos permitir entrar a una vivienda, porque te piden 400 euros por una habitación y eso es mucho dinero».
En medio de las pacíficas protestas, apareció la concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien bajó desde el consistorio para defender las actuaciones ejecutadas para resolver esta situación y avanzó que a mediados del mes de noviembre se habilitarán 20 nuevas plazas fuera del albergue para dar cobertura a personas jóvenes sin hogar.
Los anuncios se suceden, las críticas aumentan, pero en el parque Bruil todo sigue igual. Un día después de la manifestación, al caminar por su interior, se veía a personas paseando sus perros entre bancos ocultos por la ropa tendida de los sintecho o a algunos vecinos disfrutando de los últimos rayos de sol del verano de espaldas a una realidad abrumadora.
Una mujer mayor, que descansa a la sombra junto a su marido, explica a EL MUNDO que «todo comenzó cuando las personas sin hogar comenzaron a dormir en los portales y en el Ayuntamiento la única solución que nos dieron fue que nos encargásemos de poner una cerca, nada más». Reconoce que siente un cierto temor al pasar por el parque porque «son gente muy necesitada, que, se puede ver empujada a robarte».
Otro vecino, más joven, que pasea a su hijo en un carrito, no comparte esa sensación de inseguridad, pero sí reconoce «es muy contradictorio ver esto aquí cuando luego tienes la ciudad plagada de luces y en el centro está todo muy bonito». Además, en sintonía con lo expresado en la manifestación, defiende que quienes están en el parque «son gente pobre, empujada a malvivir», por lo que desea que «todo se resuelva pronto».
Sinhogarismo
•El caso del parque Bruil es solo una muestra de un problema que padece la ciudad de Zaragoza en su conjunto. La capital de Aragón se encuentra en un momento de expansión económica y social, lo que conlleva al crecimiento del precio de la vivienda y al aumento del sinhogarismo. Las calles del centro, que rodean a la Basílica del Pilar, cuentan con una gran presencia de personas en situación de exclusión y prueba de ello es que, en lo que va de 2025, Cruz Roja ha atendido más de 600 casos de este tipo, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2024.
Falta de Policía Nacional
•El pasado año, se registraron en Zaragoza un total de 28.515 delitos, un 6,9% más que en 2023. Para frenar este crecimiento, el Ayuntamiento ha aumentado la plantilla de la Policía Local en más de 300 agentes y solicitó a Delegación del Gobierno que hiciera lo propio con la Policía Nacional. Se han aumentado las patrullas pero no los agentes.