De nuevo, silencio. La iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas migrantes ha vuelto a quedarse en el limbo. Ni para adelante ni para atrás. Eso es lo que trasladan fuentes conocedoras del proceso de negociación. Antes de verano, las conversaciones se aceleraron casi por sorpresa, pero el terremoto del caso Cerdán las paralizó y en estos momentos permanecen bloqueadas. Los promotores de la ILP, en conversación con Público, reprochan al Gobierno no haber tenido la suficiente voluntad política y dejar morir una iniciativa ciudadana que ha sido apoyada por más de 600.000 personas.

La cuestión aritmética fue complicada desde el principio. Para salir adelante, la ILP necesita o bien los votos favorables de Junts y PNV o bien una abstención del Partido Popular. Por lo tanto, las cosas partían ya desde el minuto uno muy cuesta arriba. Sin embargo, desde Regularización Ya, una de las asociaciones promotoras de la regularización, acusan al Gobierno y, en particular, al PSOE de haber “dormido intencionalmente” la iniciativa, aunque amargamente deslizan que no les sorprende. “Sabíamos que esto iba a pasar”, reconocen.

Fuentes parlamentarias de grupos como Sumar o Esquerra Republicana confirman que no hay negociaciones desde hace meses, a pesar de que antes del frenazo se habían logrado acercar posturas y la discusión para, al menos, desbloquear la iniciativa en comisión parlamentaria y llevarla a Pleno se centraba ya en los detalles. La discrepancia residía en qué requisitos tendría que cumplir una persona migrante para acogerse a la regularización e, incluso, qué grado de detalle en cuanto a esos requisitos debían aparecer en el texto de la ley. El Gobierno, además, buscaba enmendar con la regularización una serie de errores que resultaron de la reforma del reglamento de extranjería. Pero todo ello paró en seco tras el estallido del caso Cerdán y, al menos por el momento, las negociaciones no se han reactivado.

La portavoz de Regularización Ya, Victoria Columba, en conversación con Público, lamenta que, en vista de la dificultosa aritmética para sacar adelante la regularización por la vía de proposición de ley, el Gobierno no haya optado por la opción del Real Decreto-Ley. Es una prueba más de lo que los promotores de la iniciativa ciudadana entienden por falta de voluntad.

Lo cierto es que también un Real Decreto-Ley tiene que acabar pasando por el Congreso y, por lo tanto, también necesita que PP o Junts y PNV tuerzan el brazo. Sin embargo, se trataría de una votación más agónica en la que la presión de la patronal o la Iglesia —que se han posicionado a favor de la ILP— podrían hacer más mella en el PP que durante una eterna negociación en comisión sin foco mediático. Además, por la vía del Real Decreto-Ley la regularización entraría en vigor nada más aprobarla el Consejo de Ministros y se mantendría operativa al menos hasta la votación en el Congreso, que debería producirse como máximo al cabo de un mes.

De todas formas, la partida de momento no se juega sobre el tablero de ese decreto, aunque las opciones para que la regularización no muera en el Congreso se van limitando cada vez más. Sin ir más lejos, la posibilidad de que pudiera terminar consiguiéndose con los votos del bloque de investidura (Junts y PNV incluidos) podría terminar descartada la próxima semana mismo. Junts puso como condición para dar su apoyo a la ILP que se apruebe la cesión de competencias en inmigración a Catalunya, algo que parece que no va a ocurrir, habida cuenta del voto en contra que anunció Podemos.

Por lo tanto, solo quedaría la opción de que el PP se abstuviera. Es una posibilidad que pareció factible especialmente cuando la Conferencia Episcopal se pronunció a favor de la ILP. Sin embargo, todas las señales que emite el PP van en el sentido contrario. Este mismo martes, los de Feijóo votaron junto con Vox a favor de una proposición de ley de los de Santiago Abascal para “restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo”. La influencia de las extremas derechas —Vox al PP y Aliança Catalana a Junts— y el incipiente clima preelectoral llevan a los de Alberto Núñez Feijóo a acercar sus posturas a Vox también en el terreno de las migraciones.

Mariano Rajoy durante su presidencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Jugar al ataque con la regularización de migrantes
Tanto las fuentes consultadas de entre los aliados de izquierdas del Gobierno como de los promotores de la iniciativa se quejan de no contraatacar los discursos antiinmigración con la herramienta de la ILP. “El PSOE prefiere pactar a espaldas de las comunidades migrantes para mantenerse en el poder, entregando competencias a quienes rechazan la regularización [en referencia a Junts], en lugar de cumplir con el mandato democrático de la ILP Regularización”, se quejan.

Se refieren, más allá de empujar para que salga adelante la regularización, a hacer de ella una causa que saque a las izquierdas de un discurso defensivo ante el enfoque antiinmigratorio de Vox —secundado por el PP— para pasar a la ofensiva. “Hay que poner a las personas migrantes en el centro del debate”, insisten los promotores, “desde una perspectiva de derechos, para enfrentar con valentía la radicalización del discurso de odio antimigración, al que se ha sumado el PP”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles
Con todo, en este punto ninguna de las fuentes consultadas ve posible hoy por hoy que salga adelante la iniciativa ni ven al Gobierno por la labor de contar con la regularización entre sus prioridades cuando ya han pasado 15 meses desde que el Congreso admitió a trámite la iniciativa.