La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, denunció este miércoles el “verdadero colapso del sistema” provocado en 2024 por la llegada no controlada y muy numerosa de menores migrantes no acompañados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Durante la apertura del año judicial, Lastra calificó de “intolerable” que se intente criminalizar a estos jóvenes, cuyo único objetivo, recordó, es buscar un futuro mejor.

Los datos reflejan la magnitud del problema: de los 1.937 menores migrantes no acompañados registrados en la región el pasado año, 1.110 —casi un 57,5 %— accedieron a través de Barajas. En 2023 habían sido 399. La mayoría llegaron en vuelos procedentes de Casablanca y Egipto, en un flujo mucho menos controlado que el que accede desde Canarias.

La fiscal advirtió de que esta situación ha desbordado tanto las infraestructuras aeroportuarias como los recursos de acogida. Los centros de primera atención quedaron saturados y el sistema sanitario se vio tensionado al máximo, dado que sólo existe un hospital autorizado para realizar las pruebas radiológicas de determinación de edad. Este cuello de botella ha generado retrasos de hasta ocho meses en la emisión de informes.

La memoria de la Fiscalía también alerta del “absoluto desbordamiento” en las salas de inadmitidos y de asilo del aeropuerto, donde la avalancha de solicitudes de protección internacional en frontera superó con creces la capacidad material y humana de los servicios. Ello obligó a una coordinación de urgencia entre el servicio de guardia, su decanato y la sección de extranjería para garantizar que no se vulneraran derechos fundamentales.

El colapso obligó incluso a abrir investigaciones sobre posibles redes ilícitas vinculadas a estos flujos, lo que derivó en operaciones policiales y diligencias judiciales.

Según la Fiscalía, la presión en Barajas comenzó a aliviarse solo cuando se impusieron visados de tránsito a determinadas nacionalidades, medida que frenó gradualmente las llegadas masivas.