La Generalitat Valenciana está buscando espacio para ubicar un centro de emergencias donde alojar a los menores migrantes no acompañados que están apareciendo en las dependencias de la Policía Nacional tanto en València (en el centro de la calle Zapadores) como en Gandía. Lo ha explicado la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y portavoz, Susana Camarero, quien sospecha que estos menores llegan en los cupos de adultos, “porque no hay otra forma que desde esos países puedan llegar de otra manera”.

Camarero ha asegurado en la rueda de prensa del Consell celebrada este miércoles en València que se va a consultar con el Gobierno central esta arribada de migrantes porque “si el sistema no deja de sufrir esta llegada permanente de menores, es imposible atenderles con la dignididad que merecen”. Cabe resaltar que estos menores a los que hace referencia Camarero no forman parte de la cifra asignada por el Gobierno central, 571 en la Comunidad Valenciana, que deberían llegar en los próximos meses y que el Consell ha rechazado de plano, presentando alegaciones.

Sobre esta cuestión de política migratoria daba explicaciones la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda cuando abordó esta nueva problemática, la cual, dijo, “nos rompe el sistema de acogida”. Según sus cifras, entre junio y ayer se han atendido a 205 nuevos menores, pero solo en septiembre han sido 38 menores los atendidos.

Sobre el traslado de menores desde Canarias establecido por el ejecutivo de Pedro Sánchez, Camarero ha vuelto a resaltar “la máxima preocupación” del gobierno valenciano, después que el Gobierno ya les haya remitido expedientes de los 11 primeros menores no acompañados que llegarán a la Comunidad Valenciana con un plazo de 10 días para alegar.

“Vamos a alegar que no haga esos traslados por la imposible coyuntura”, ha reiterado al tiempo que ha señalado como la valenciana es una Comunidad de acogida, “pero hay otras que están menos saturadas, como Catalunya o el País Vasco, donde el Gobierno ha renunciado a trasladar a estos menores”.

Hace unas semanas el Consell autorizaba a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso contencioso – administrativo contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprobaba la denominada “capacidad ordinaria” del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Junto con este recurso solicitaba la suspensión cautelar de la norma, por considerarla contraria a derecho y por suponer una vulneración del interés superior de los menores migrantes no acompañados.

Según la aplicación de esta fórmula, a la Comunidad Valenciana se le asigna una supuesta capacidad de atención para 1.767 menores migrantes no acompañados, cifra que según el Consell no refleja la capacidad real del sistema, “ya tensionado y con problemas de sobreocupación”.