A pesar de que oficialmente no admite la existencia de una ruta migratoria ilegal consolidada entre Argelia y Baleares, el Gobierno de España declara la “emergencia migratoria” en el archipiélago.

Lo hace ante el fuerte incremento de llegadas que se han venido produciendo por la ruta de las pateras argelinas desde el pasado año, cuando arribaron a las Islas 5.800 personas. Una cifra que va camino de superarse ampliamente este año 2025.

El anuncio de esta declaración oficial de emergencia se produjo el pasado mes de agosto, cuando así lo avanzó la ministra de Inclusión, Elma Saiz (PSOE) en plena oleada de embarcaciones a Baleares. Este martes el Consejo de Ministros lo ha aprobado, oficializando esa declaración. Desde el departamento de Saiz trasladan que la medida adoptada no debe confundirse con la declaración de la contingencia migratoria, que depende de los Ministerios de Juventud e Infancia y Política Territorial, los departamentos encargados de conducir el reparto de menores migtantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de las Comunidades Autónomas, incluida Baleares.

El Gobierno ha decretado esta figura ante la necesidad de reforzar la atención humanitaria de las personas que llegan por vía marítima, muchas de ellas en condiciones precarias y procedentes principalmente del Magreb y de países del África susbahariana. La declaración lleva aparejada una inversión de 6,75 millones de euros públicos, según ha informado el Ministerio, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Se trata de una medida, explican fuentes ministeriales, que responde a las necesidades del archipiélago. Según reconocen, el archipiélago “no dispone de ningún centro y recurso” que le permita gestionar el incremento de llegadas.

Carpas aclimatadas
Entre las actuaciones que se están llevando cabo y que se costearán con esos recursos, han informado desde el Gobierno central, se incluye la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y la atención adecuada a los migrantes que llegan a la costa. Principalmente, esos lugares de acogida son carpas aclimatadas, que desde hace unos días ya se están instalando en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera.

Igualmente, el Gobierno anuncia que se destinarán fondos estatales para contratar servicios de traducción e interpretación con el fin de atender a los migrantes que llegan así como para reforzar la atención médica y cubrir las necesidades de “alimentación y salubridad” en esas primeras horas tras la llegada.

Esta declaración de emergencia no supone la declaración de la “contingencia migratoria” que reclama el Govern balear que preside Marga Prohens (PP). Por tanto, no excluye a Baleares de participar en el polémico reparto de menores no acompañados llegados a las Islas Canarias.

El gobierno autonómico ha denunciado en reiteradas ocasiones (como hizo la propia Prohens en declaraciones a este diario) que sus servicios de acogida a menores se encuentran desbordados. Dos de cada tres menores tutelados en Baleares son migrantes y, según las estimaciones del gobierno regional, los servicios públicos insulares de tutela de menores “están al 1000% de su capacidad”.

El Gobierno de España admite la emergencia pero sigue denegando a día de hoy la declaración de la contingencia, por lo que mantiene a Baleares dentro del grupo de comunidades autónomas a las que se derivarán menores no acompañados llegados por mar a las Islas Canarias.

Inclusión señala que el Programa de Atención Humanitaria que costeará con esta declaración de emergencia está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos.

Es, por tanto, un programa “cuyo objetivo final es el de garantizar los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la dignidad” de estas personas.