Podemos condena al fracaso la polémica proposición de ley para la cesión de competencias migratorias a Cataluña que pactaron el PSOE y Junts como contrapartida por el apoyo de los de Carles Puigdemont para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido morado ha anunciado que la próxima semana, cuando llegue al Pleno del Congreso, votará en contra de la iniciativa por ser “racista”. Esto significa que sus cuatro votos, junto a los de PP, Vox y UPN, formarán una mayoría de bloqueo que hará descarrilar la propuesta de socialistas y neoconvergentes y la tirará a la papelera.

Fuentes oficiales de Podemos han anunciado que el partido “se opondrá” a la tramitación porque la proposición de ley tiene “intenciones abiertamente racistas” en el preámbulo, donde se habla de la inmigración como un problema y donde se dice que es “un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.

“Que la intención de ese pacto [entre el PSOE y Junts] es desplegar una agenda racista y no abordar el autogobierno en Cataluña lo demuestran, además, las propias palabras de [Carles] Puigdemont cuando dijo, refiriéndose a este texto, que ‘sin integración no hay nación’”, abundan estas fuentes de Podemos.

El pacto entre el PSOE y Junts surgió en un momento en el que los de Puigdemont elevaron el precio a Sánchez por seguir apoyándole con sus votos, introduciendo en la ecuación el tema de la cesión de competencias migratorias a Cataluña para gestionar las expulsiones de los migrantes. Era un asunto que hasta ahora los socialistas se negaban a entrar, pero al que acabaron plegándose para salvaguardar su mayoría de la investidura. Y es que la inmigración y su restricción se han convertido en grandes bazas electorales para Junts, que disputa abiertamente con la formación de extrema derecha Aliança Catalana, de Sílvia Orriols.

El contenido de la norma
El texto que firman PSOE y Junts contempla, entre otras novedades, que los Mossos se incorporen al control de las fronteras junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, otorga a Cataluña la capacidad de gestionar las devoluciones de extranjeros, cuando tengan prohibición de entrada a España. De esta forma, Cataluña tendría voz y decisión en la expulsión de extranjeros: instruiría y ejecutaría las expulsiones que no requieran expediente y, en las que sí, la Generalitat formularía una propuesta de expulsión que se tendría en consideración.

Desde la propia concepción del acuerdo, el contenido del pacto entre el PSOE y Junts estuvo rodeado de polémica. En la bancada de la oposición cargaron contra el acuerdo sellado con Junts argumentando que la gestión de la inmigración es “competencia del Estado”. Y, en el lado opuesto, fue la exposición de motivos lo que concitó las grandes críticas de los partidos de la izquierda, que acusaron al PSOE de comprar el marco de la derecha por presentar la inmigración como un problema social.

El preámbulo de la Ley firmada por PSOE y Junts señala, por ejemplo, la necesidad de “proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura” ante la llegada de inmigrantes . Además, el texto que se votará la semana que viene apunta al “impacto que representa para la lengua catalana” la presencia de personas de fuera de Cataluña.

Desde que se presentó, la proposición de ley ha permanecido parada, hasta ahora, que Junts ha decidido elevarla al Pleno dentro de su cupo para presentar iniciativas, pues era su turno. Así, la Junta de Portavoces ha validado este martes la introducción de la iniciativa en el orden del día de la próxima semana.

Sumar, por su parte, es partidaria de apoyar la admisión a trámite de la proposición de ley orgánica. Cuando se presentó la norma hubo formaciones en la coalición parlamentaria de Yolanda Díaz que trasladaron sus reticencias en línea de los argumentos de Podemos, pero algunas de ellas se mostraron dispuestas a permitir el primer trámite parlamentario del texto e introducir después modificaciones en el periodo de enmiendas.

Podemos lanza reproches a Junts
Fuentes de Podemos subrayan que la propuesta “sólo se entiende en el marco de la pugna electoral que mantienen Junts y Aliança Catalana”, y explican que llega ahora porque el partido de extrema derecha “recorta distancia con Junts en las encuestas”. “Lo dijimos en el pasado y lo mantenemos: para hacer leyes racistas no se puede contar con los votos de Podemos, menos aún para pugnas electorales racistas”, subraya el partido morado.

La formación que lidera Ione Belarra justifica que aquí el autogobierno no tiene nada que ver. “Podemos siempre ha defendido la plurinacionalidad y el autogobierno, también cuando más difícil era y cuando PSOE y PP apoyaban el 155. En ese sentido, como siempre ha hecho, Podemos seguirá apoyando las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán y de cualquier otro, y denuncia que sean utilizadas por Junts para un fin tan lamentable como es extender el racismo”, afirman las fuentes consultadas.

Lejos de ese marco, Podemos asegura que está en el Congreso para “garantizar los derechos de las personas migrantes en Cataluña y en España”. Por eso mismo, alerta de que es “urgente” la regularización pendiente de más de medio millón de migrantes y la derogación de la Ley de Extranjería, incluyendo medidas como el cierre de los CIE y el fin de las redadas basadas en perfil étnico. “Por eso nos oponemos a la agenda racista de Junts”, zanjan desde Podemos.