Un antiguo vigilante de seguridad del Centro de Primera Acogida de la Casa de Campo ha denunciado ante la Policía Nacional al director de la instalación por presuntas agresiones a los menores tutelados y por permitir un grave deterioro en la gestión del recinto. En el escrito, al que ha tenido acceso GRAN MADRID, se describen episodios de violencia, venta y consumo de drogas, fugas de internos y una supuesta «ley del silencio» que, según el denunciante, impera en la dirección y en la Fundación Diagrama, entidad responsable de este y otros centros de menores.

El testimonio acusa directamente al director, de origen magrebí y con años de experiencia al frente de diferentes recursos de acogida, de haber agredido de manera reiterada a chicos bajo tutela. Uno de los incidentes relatados habría ocurrido el pasado mayo, cuando en el comedor un adolescente incumplía las normas de vestimenta. El director lo increpó gritándole «sal fuera que te voy a enganchar», al tiempo que lo empujaba y golpeaba en la espalda. Afirma además que otros vigilantes tuvieron que intervenir en más de una ocasión para frenar intentos de agresión similares, el último de ellos hace escasas dos semanas.

El escrito asegura que no sólo existen escenas violentas directas, sino también una falta sistemática de control que facilita fugas de internos «a sabiendas de que las emplean para delinquir y consumir drogas». De acuerdo al denunciante, el entorno más conflictivo se sitúa en el Camino del Robledal, próximo al centro de recuperación de aves rapaces nocturnas, donde algunos menores intimidan a transeúntes, roban, se enfrentan entre ellos y consumen estupefacientes. La denuncia también detalla que el tráfico de drogas se produce tanto dentro como fuera de las instalaciones. Antiguos residentes regresan con frecuencia para entregar a los tutelados bolsas con alcohol y pastillas, en ocasiones delante de la propia dirección. Incluso menciona informes internos que constatarían el menudeo en el interior, pese a que nunca han trascendido públicamente.

Otro de los puntos más sensibles apunta a la prohibición expresa de avisar a la Policía, incluso ante episodios graves de violencia. Según relata, los vigilantes se enfrentan a sanciones disciplinarias si recurren a los agentes, lo que habría consolidado lo que define como un «blindaje de silencio» dentro de la entidad.

El denunciante aprovecha también para enumerar deficiencias que, a su juicio, comprometen la seguridad del centro: inexistencia de chalecos anticorte y escudos solicitados, emisoras con escasa cobertura, botiquines insuficientes o la falta de uniformes adecuados para los recién incorporados. A ello suma problemas estructurales, como la central contra incendios inoperativa desde hace más de un año, sin que se haya subsanado la reposición de detectores y pulsadores. El documento advierte asimismo del trato desigual por parte de algunos mediadores que, según sostiene, encubren conductas violentas de los menores o contradicen las versiones de los vigilantes en procedimientos judiciales, lo que habría debilitado la persecución penal contra algunos internos.

El vigilante, que trabajó en el centro hasta hace unos meses, responsabiliza a la dirección y a la fundación gestora de mantener un sistema donde «todo se tapa», citando como ejemplo la sobrecarga de horas impuesta a la plantilla para cubrir turnos. Su denuncia, presentada en comisaría, pide que se investiguen estos hechos para verificar si detrás de la gestión se esconden prácticas de violencia y negligencia institucional.

Además, señala que las agresiones no se producirían si se aplicaran las normas, ya que hay equipos educativos que no cumplen con sus funciones. Agrega que parte de estos hechos han sido trasladados, con pruebas, a la Fiscalía sin que se haya iniciado ninguna actuación. Por último, señala que los educadores del propio centro de Batán tienen miedo a contar muchas de las cosas graves que suceden y la verdad de los recintos de menores donde los vigilantes se “juegan la vida”.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no tiene constancia oficial de esta denuncia ni de los supuestos hechos que denuncia este ex vigilante, que fue despedido hasta en dos ocasiones por no cumplir con sus obligaciones. Añade, que el consumo o tráfico de droga son actividades no permitidas y están completamente prohibidas en éste o en cualquier otro centro de menores. Tampoco les consta en ningún caso que el director de este recurso haya agredido a ningún menor, existiendo además un protocolo común para detección y notificación de situaciones de violencia en toda la red de centros de menores.

La Asociación Mayores y Familia ha pedido en varias ocasiones una reunión con la Consejera de Políticas Sociales "para tratar la recuperación del Albergue Juvenil y exponerle los problemas que está generando al barrio el centro de menores- Aseguran que no han sido recibidos y consideran que “no hay transparencia alguna en este tema”

Asimismo, una trabajadora del centro de menas ya contó en su día que “se han ocultado y se siguen ocultando demasiadas cosas. Muchos de nosotros ya avisamos varias veces que este recurso habría que cerrarlo, no es el lugar apropiado”