El independentismo catalán alcanza esta Diada en una situación paradójica: por un lado, continúa inmerso en el declive que revela su desplome electoral y su pérdida de impacto social, pero, por otro, mantiene su influencia en la gobernabilidad de España aprovechando la debilidad del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y la predisposición del presidente a entregar a Cataluña cuantas concesiones sean necesarias para mantenerse en La Moncloa. La maniobra cuenta con la necesaria colaboración del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ayer, durante su mensaje con motivo del 11 de septiembre, defendió la «nación catalana» y prometió desplegar «plenamente el autogobierno».

AUMENTAR EL BOTÍN
Tras abandonar la búsqueda inmediata de la secesión, de otro momentum para impulsar un nuevo referéndum o una ruptura unilateral, el independentismo se encuentra volcado en esquilmar al Estado. Como advirtió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, después de reunirse con el jefe del Ejecutivo para analizar la viabilidad de la legislatura tras hacerse público el informe de la UCO que ponía en evidencia la vis corrupta del número tres del PSOE, Santos Cerdán: «Sánchez está tocado y hay que aprovechar el tiempo que nos quede».

Y en esas está el separatismo catalán. El partido de Oriol Junqueras acaba de conseguir la aprobación en el Consejo de Ministros de la quita de la deuda autonómica y se dispone a registrar en el Congreso su proposición de ley para impulsar la «financiación singular» catalana una vez el Gobierno ya se ha comprometido a desplegar la Hacienda propia catalana para que recaude todos los impuestos en la región. La intención es presionar ahora al Ejecutivo para que reforme la Ley Órganica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y, así, avance hacia el cupo con rapidez. De ello dependerá el respaldo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras, Junts acelera hacia la definitiva rehabilitación institucional de su líder, Carles Puigdemont, tras reunirse en Bruselas la pasada semana con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo que favorece un próximo encuentro con Sánchez a pesar de que el prófugo continúa acusado de un delito de malversación por el Tribunal Supremo y de que pesa sobre él una orden de detención en territorio español. En paralelo, el líder neoconvergente amenaza con «tomar decisiones» en otoño porque las relaciones con el PSOE «no van bien», como forma de seguir apremiando a Sánchez para que logre la oficialidad del catalán en Europa o la tramitación parlamentaria del traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, suspendida por la negativa de Podemos a respaldarlo en las Cortes.

REPLIEGUE
El independentismo recolecta prebendas a pesar de que la sociedad catalana le gira la cara. Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), publicado el pasado julio, un 40% de los catalanes votaría a favor en una consulta separatista, un 8% menos que en el otoño de 2017, el del 1-O, cuando un 48,6% se manifestaba a favor de la ruptura con el resto de España. Actualmente, los partidarios de la continuidad en el Estado alcanzan el 52%, 12 puntos más que los separatistas.

Esta tendencia demoscópica se reflejó en las últimas elecciones al Parlament, celebradas en mayo de 2024, y en las que los partidos secesionistas obtuvieron su peor resultado histórico desde 1980, con 61 diputados, quedándose a siete de la mayoría absoluta y permitiendo el cambio de ciclo que otorgó la presidencia de la Generalitat al PSC.

La contracción electoral también se trasladó a las calles: el pasado 11 de septiembre sólo se manifestaron en toda Cataluña 73.800 personas; una cifra abismalmente lejana a los 1,8 millones de manifestantes que se concentraron en Barcelona en 2014, antes de la consulta del 9-N.

La propia ANC, promotora de las multitudinarias concentraciones durante el procés, sufre el repliegue independentista. Ya no es capaz de mover a masas y, desde el año pasado, se ve forzada a organizar coordinadamente con Òmnium Cultural y otras entidades como la Associació de Municipis per la Independència (AMI) o el sindicato separatista Intersindical las movilizaciones de la Diada, que, además, se celebran forma descentralizada por toda Cataluña ante la incapacidad para arrastrar a la menguante masa independentista a Barcelona.

SIN FUERZA EN LA CALLE
La decadencia de la ANC, hoy presidida por el cantautor Lluís Llach, se evidencia también en su división interna. En julio dimitieron 20 miembros de su dirección, entre ellos el que fuera diputado de Junts y ex vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que intentó disputar el control de la entidad a Llach.

La pérdida transitoria de ambición del secesionismo catalán volverá a ponerse de manifiesto este 11-S. Marcharán los independentistas bajo el lema Más motivos que nunca, pero centrarán su reivindicación en tres antiguos ejes: la defensa de la lengua catalana del monolingüismo, la denuncia del «expolio fiscal» y el reconocimiento de la «singularidad histórica de Cataluña como nación». Metas que el nacionalismo catalán ya abrazaba antes del estallido del procés y que ahora se ve obligado a recuperar ante la imposibilidad de prometer a sus votantes escenarios más épicos, como ocurrió durante esa década en la que Cataluña vivió inmersa en el trilerismo político del secesionismo, que se atrevió a poner fecha a la salida de España, a diseñar la transición jurídica hacia un Estado independiente y a prometer que las grandes corporaciones afincadas en la región y la UE acompañarían a los mandatarios independentistas en su delirio sin objeción.

RACISMO
Aunque con una fiereza menos palmaria que en épocas pretéritas, el independentismo sigue enfrentado y dividido. Junqueras y Puigdemont se reunieron el pasado enero en Waterloo con la pretensión de escenificar un reencuentro entre las dos principales fuerzas separatistas catalanas, pero la competición por liderar este espectro político en la etapa postprocés continúa latente, con la particularidad de que un nuevo actor se ha sumado a la disputa tras la irrupción de la xenófoba Aliança Catalana, que cuenta con dos diputadas en el Parlament, pero a la que el CIS catalán ya concede hasta 11 parlamentarios si se celebraran ahora unos nuevos comicios autonómicos.

Este crecimiento explosivo ha desatado el pánico en Junts, propiciando su evolución impúdica hacia posturas antiinmigración, con el fin de contener la fuga de votos hacia la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que ha prometido participar en su primera manifestación de la Diada para «retratar» al resto de partidos independentistas.

Además de pactar el traspaso de las competencias migratorias para Cataluña con el fin de controlar las expulsiones de extranjeros o de imponer el catalán para poder conseguir el permiso de residencia, Junts está defendiendo, por ejemplo, la prohibición del velo islámico en el espacio público. Existe pavor entre los alcaldes neoconvergentes a una hecatombe en favor de Aliança en las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en 2027.

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El final del procés también ha provocado la recuperación de otros marcos de enfrentamiento entre el secesionismo, que ahora busca el desgaste del enemigo intentándolo retratar en cuestiones exógenas a su causa. Sirva como muestra el conflicto entre Israel y Palestina, que ha generado dos bandos en el secesionismo: el que denuncia con más vehemencia la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu a los atentados de Hamas del 7-O y que forman ERC y la CUP y el que mantiene mayor simpatía con el país hebreo, formado por Aliança y Junts, que conserva el alma proisraelí procedente de la vieja Convergènciapujoliana y está haciendo equilibrismos para preservarla mientras denuncia las matanzas en Gaza.

El choque ya no sólo se produce por las diferentes formas de abordar el proyecto separatista y su desenlace. El eje izquierda-derecha también divide ahora a las fuerzas independentistas que discrepan profundamente en cuestiones de cariz económico como la reducción de la jornada laboral que apoya ERC y rechaza Junts o la ampliación del aeropuerto de El Prat, que demonizan los de Junqueras y bendicen los de Puigdemont.