NO ES posible enumerar aquí todas las causas de las migraciones que, por otra parte, son complejas y no siempre generalizables. Sin embargo, tres referencias ayudarán, creo, a la comprensión general del problema. La primera es el informe del poco sospechoso Banco Mundial, según el cual en el año 2001 la renta del 20% de los más ricos pasó del 70% al 80% del total de la riqueza producida en el mundo, mientras la del 20% de los más pobres había disminuido de un 2,3% al 1,4%. La segunda hace referencia a las inversiones internacionales, la mayoría de las cuales – el 75% – se ha realizado en los países ricos. Lo mismo ocurre con los intercambios comerciales, siempre renuentes a dirigirse a los países pobres.


Finalmente, en contradicción con la percepción que del problema se tiene en España, el mayor desplazamiento de poblaciones se produce en el interior de África. Europa sólo ha recibido una parte insignificante de ese flujo migratorio que hasta ahora han soportado los propios Estados africanos que, por razones políticas, económicas y sociales comprensibles – y legítimas – no están dispuestos a convertirse en países de inmigración.


Es decir, si esas condiciones no cambian – y nada indica que tal cosa vaya a suceder a corto plazo – el problema no sólo no desaparecerá sino que en los próximos años adquirirá dimensiones hoy todavía inimaginables. Y aunque es evidente que este fenómeno fomenta la inseguridad en las sociedades opulentas, la necesidad de emigrar y de encontrar nuevas soluciones de vida se hace irrefrenable para los nacionales de los países pobres.


Ante semejante perspectiva, Gobierno y oposición, en vez de enzarzarse en una lamentable disputa con el fin de apropiarse de la bandera de la firmeza frente a la inmigración clandestina, deberían ofrecer algunas soluciones comprensibles para la ciudadanía y políticamente viables.


¿Cuál va a ser nuestra política de fronteras, si se considera que los flujos más importantes de inmigración clandestina se producen a través de fronteras terrestres? ¿Qué se propone para los inmigrantes que han entrado legalmente en el país y que permanecen en él una vez que han vencido sus visados? ¿Qué planes existen para organizar las migraciones de trabajadores cualificados – cada vez más numerosos – que representan un auténtico desafío para el desarrollo de los países de origen? ¿Por qué no se utilizan las crecientes remesas de los inmigrantes para impulsar una política concertada de inversiones productivas en sus países de origen? ¿Cuál es la razón para que no existan grandes proyectos comunes de gestión de los flujos migratorios?


En la sesión parlamentaria celebrada ayer en el Congreso, en lugar de responder a estos interrogantes, el ministro Caldera no pasó de la consabida crítica a la herencia recibida del anterior Gobierno, y la portavoz popular, Ana Pastor, incapaz de articular una sola idea, se limitó a resucitar la formula aznariana del «váyase, señor Caldera» para enfatizar la petición de cese del ministro. Una verdadera lástima.