La distribución que el Gobierno ha hecho de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias provocó a finales de agosto un enfrentamiento público entre el Gobierno vasco y la Junta de Andalucía después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, apuntara a un supuesto trato de favor del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Euskadi y Cataluña en ese reparto.

Como se recordará, Moreno recriminó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya reconocido de facto al País Vasco la condición de «frontera norte» para justificar de alguna manera que no se envíen menores a esta comunidad. «¿Cuántas pateras llegan al País Vasco», se preguntó el presidente andaluz de forma irónica, para recordar a continuación que Andalucía está «a tiro de piedra» de África y asiste cada día a la llegada de inmigrantes a sus playas, pese a lo cual el Gobierno no le reconoce su condición de frontera sur. Horas después, el lehendakari, Imanol Pradales, telefoneó a Moreno para recordarle que el 50% de los menores inmigrantes que hay en sus centros de acogida «llegan en autobús desde Andalucía».

Ambos gobiernos autonómicos han hecho esfuerzos, sin embargo, en las últimas horas para templar el debate y devolver la pelota al tejado del Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, al que han reclamado un «plan estructural» que permita establecer unos criterios generales para responder al reto migratorio, y han demandado que ese plan vaya acompañado de una «memoria económica» que garantice los fondos que las comunidades necesitan para hacer frente al fenómeno.

Tras más de dos horas de reunión, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y la consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Loles López, realizaron una declaración conjunta para hablar de esa necesidad y también de la conveniencia de que exista una mejor “coordinación” y un “intercambio de información” entre comunidades, en palabras de la consejera vasca, que recordó que tanto Euskadi como Andalucía vienen reclamando ser reconocidas como fronteras del fenómeno migratorio.

En el transcurso de la reunión, la Junta reconoció que existe un “flujo migratorio” desde Andalucía hacia el País Vasco pero “ha quedado claro que el Gobierno andaluz no está trasladando al País Vasco menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo su tutela, tal y como están insinuando terceras personas”, explicó en una nota posterior la Consejería.

El encuentro se celebró en la Oficina de la Junta de Andalucía en Madrid, “en un clima afable, de trabajo y coordinación entre ambas regiones, dispuestas a seguir trabajando por el interés del menor”, según explicó el Gobierno andaluz. Durante la reunión, la consejera vasca negó que el lehendakari hubiera insinuado que fuera la Junta la que enviaba de forma organizada a esos jóvenes tutelados por la Junta. Pero también quedó claro, subraya la Junta, que el Gobierno andaluz no está detrás de la organización de dichos traslados, “como pretenden señalar terceras personas, entre ellas la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero”. “Es cierto que el País Vasco sufre un flujo migratorio que proviene desde Andalucía”, ha reconocido Loles López: “No podemos olvidar que somos frontera sur y tenemos una situación geográfica sensible, con casi 900 kilómetros de costa a 14 kilómetros del continente africano”.

Por ello, ha añadido la consejera, “seguiremos reclamando al Gobierno de España que reconozca Andalucía como frontera sur, del mismo modo que es lícito que el País Vasco solicite este reconocimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez, acorde con su situación geográfica”.

Loles López ha insistido en que su discrepancia “no es con el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido imponer un reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que asigna cero menores para el País Vasco y Cataluña y casi 700 para Andalucía”.

“Nunca cuestionaré el esfuerzo del País Vasco en la acogida de los menores migrantes, ha asegurado López, “pero no podemos aceptar que el Gobierno central pretenda enviar a Andalucía 677 menores migrantes, cuando ya ha trasladado a 668 bajo la apariencia de la mayoría de edad, muchos de ellos en autobuses”. “Menores migrantes de los que el Gobierno de España no quiere saber nada y Andalucía financia a pulmón”, ha añadido.