España todavía es común encontrar a profesionales formados que trabajan en ocupaciones que poco tienen que ver con su preparación, dado que el país lidera en la Unión Europea la tasa de sobrecualificación laboral. Médicos en servicio de limpieza, ingenieros como peones o maestros como repartidores. Según Eurostat, el 35% de los trabajadores desempeña tareas por debajo de su nivel académico, frente a una media europea del 21%. El problema es general y a nivel nacional, pero se dispara entre la población extranjera: entre los extracomunitarios, el porcentaje llega al 56%.

Así, esta situación se acentúa entre los inmigrantes, que concentran los niveles más altos de sobrecualificación. Se trata de profesionales que, pese a contar con carreras universitarias y experiencia en sus países de origen, no logran acceder a empleos de su categoría y llegan, incluso, a ocultar sus títulos para poder acceder a empleo menos cualificado. Y, en gran parte, lo que se lo impide son los retrasos en la homologación de sus títulos.

Hasta junio de 2025, quedaban 97.216 expedientes de homologaciones pendientes por tramitar. Aunque se marcó un hito en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) al resolver más solicitudes de las que se recibieron, aún queda una brecha que arrastra años de espera, incluso para iniciar el proceso. “Pensar en homologar es pensar en ser reconocida como profesional”, asegura Liliana Velandia, licenciada en Español y Literatura por la Universidad Industrial de Santander.

Su título, homologado, equivale a una licenciatura y el Maes (Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas), que le permite ejercer como maestra en centros educativos. Sin embargo, “en docencia no me llaman ni a una entrevista. He trabajado como comercial ocultando que soy profesional”, explica la colombiana de 36 años.

Liliana Velandia, licenciada en Español y Literatura.
Liliana Velandia, licenciada en Español y Literatura.EL MUNDO
De hecho, Velandia no ha podido iniciar el proceso porque los requisitos que exigen son prácticamente imposibles en su caso. Explica que tendría que recuperar los programas de todas las asignaturas que cursó entre 2006 y 2012, contactar con cada profesor, conseguir que los envíen a la universidad y que la institución los expida como oficiales, pese a que la carrera ya ha pasado por dos actualizaciones. Por esto, forma parte de esa estadística que refleja el desaprovechamiento de talento.

Este fenómeno no indica que quienes llegan de otros países estén menos cualificados. Informes de la consultora Goldman destacan que la última ola migratoria llega con un “capital humano más elevado que generaciones anteriores”. Y varios estudios confirman el dato de Eurostat y sitúan el porcentaje en un entorno similar: según Caixabank Research, el 52% de los inmigrantes con estudios superiores en España está sobrecualificado, mientras que la ONG Accem lo cifra en un 58%.

Este es el caso de Lisbeth Pedraza. Se graduó de farmacéutica en la Universidad Nacional de Colombia en 2007 y desde octubre de 2023 sus documentos están radicados en el MICIU, con el estado de “en revisión” en la web durante casi dos años. Mientras tanto, Pedraza trabajó en el sector de la limpieza porque en el Ecyl (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) “no puedo registrar que soy farmacéutica ni que acabo de terminar un máster en calidad, desarrollo e innovación de alimentos”, cuenta la colombiana de 43 años.

Como Velandia, y muchos profesionales más, Pedraza tuvo dificultades para encontrar empleo por su título. “Mi CV muestra mi trayectoria en hospitales y clínicas de alta y media complejidad en Colombia. Me decían que por qué buscaba trabajo en aseos y limpieza”, recuerda.

Lisbeth Pedraza, farmacéutica graduada en Colombia.
Lisbeth Pedraza, farmacéutica graduada en Colombia.EL MUNDO
Así, el talento se desperdicia, y con él, años de estudio, experiencia y potencial económico. Pedraza reconoce que en Castilla y León hacen falta farmacéuticos, al ser parte de la España vaciada, pero dentro de su área solo ha logrado trabajar como técnica, y ahora, auxiliar.

“No estamos hablando de que queramos dar un título de un país con un nivel de formación más baja”, explica Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas. “Lo que estamos hablando es de cuestiones absurdas a los que se intenta poner solución, pero todavía no ha llegado”.

Aun con estos procesos administrativos que dificultan su inserción laboral, el aporte de los inmigrantes al crecimiento económico no es poco. Según un estudio del Banco Central Europeo, los inmigrantes contribuyen en un 80% al crecimiento del PIB desde 2019, lo que quiere decir que es casi cuatro veces superior a la de los trabajadores nativos.

Además, muchos de los trabajadores que llegan hablan español, lo que facilita su integración y formación, y hace que su nivel medio de cualificación sea superior al de otros países europeos. Tanto es así, que sin este impulso, “España colapsaría”, asegura el catedrático, quien mantine lejos de las ideas extendidas, que los inmigrantes “no desplazan a los trabajadores españoles” ni encarecen la vivienda.

Por esto, la homologación de los títulos extranjeros es crucial para que se integren a nuevos sectores del mercado laboral fuera de los servicios donde se concentra el mayor crecimiento. Especialmente en algunos en lo que ya se empieza a notar su presencia y que requieren mayor cualificación, como las actividades financieras, científicas, técnicas y comunicaciones.

La ingeniería, por ejemplo, es una carrera de alta especialización que requiere pasar por el proceso de homologar el título. Un camino largo en el que William es otro de los estancados, en su caso, empezó en junio de 2023. Es cubano con un título de electrónica industrial y automática e incluso podría ejercer como maestro y tiene dos certificados profesionales (el último, en seguridad informática), pero ha trabajado como obrero, “en algunos casos sin calificación porque hice la homologación del bachillerato en menos de dos meses”. Además, también ha ejercido en comercio, como ayudante en actividades y la situación le ha llevado a estar desempleado una temporada. “Un médico o ingeniero que ha estado años trabajando en un determinado ambiente no puede de hoy para mañana decir ‘me voy a la agricultura’. Es un cambio bastante fuerte”, contextualiza William.

En su caso, dos años después de presentar su solicitud de homologación le notificaron que abrieron su expediente y trasladaron sus documentos a la unidad tramitadora y un mes después, el estado cambió a “pendiente de que se emita el informe de la solicitud”, aunque William no sabe de qué se trata ni a quién preguntárselo. Mientras, para encontrar un trabajo, prefiere “no desenvolverse tanto porque me puede limitar”. Es decir, también le ha tocado ocultar su formación para acceder a trabajos.

“En cuanto tu cualificación no es reconocida, trabajas en otros sectores”, apunta Rodríguez. “Pero eso es algo algo que que habla bien de estos inmigrantes. Es decir, lo que quieren es luchar por su familia, por su integración y por prosperar, sea al coste que sea, aunque no sea realizando el trabajo que ellos saben hacer y una cosa que se valora poco es que ellos se sacrifican a veces generacionalmente”.

En el proceso de homologación, muchos profesionales se ven frenados por la burocracia que regula el reconocimiento de sus estudios. El Real Decreto 967/2014 establece los criterios de homologación y equivalencia de títulos extranjeros. Desde este año hasta 2024, la sobrecualificación de personas fuera de la UE creció más frente a los países pertenecientes. En el primer caso, se mantiene sobre los 50 puntos desde 2014, mientras que en el segundo caso ha caído 13,7 puntos en los 10 años. Estos datos indican que casi seis de cada 10 trabajadores extranjeros que viven en España están sobrecualificados para el puesto que ocupan. Y, aunque desde este momento la resolución de las solicitudes de homologación han ido incrementando, el mayor número se alcanzó apenas hace un año, en 2024. Aún hay pendientes casi 100.000 solicitudes, que van creciendo al día.

Una de estos casos es el de Víctor Cuesta, un ingeniero electricista graduado en Venezuela con especialidad en telecomunicaciones. En 2023, presentó todos los documentos, pero hasta la fecha “ni siquiera han revisado el expediente”, describe, a pesar de que tiene la nacionalidad por origen. “Mis años como residente han sido muy duros, el conseguir empleo o como autónomo me ha sido imposible”, lamenta Cuesta. Por esto, trabajó como teleoperador con un contrato temporal, como encargado de una franquicia que “resultó un fracaso” y en una empresa de construcción donde tuvo varios problemas.

Además, Cuesta tiene un 37%de discapacidad declarada después de más de tres años, pero las agencias de colocaciones para discapacitados “solo me ofrecieron cursos que no van con mi currículum e insistieron de manera reiterada que trabajara como vendedor de loterías en cualquier esquina de la calle”, dice.

Víctor Cuesta, ingeniero electricista.
Víctor Cuesta, ingeniero electricista.EL MUNDO
Ahora tiene 60 años, realizó siete cursos de profesionalidad con diplomas, dos certificados y comenzará un posgrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para mantenerse activo. Sin embargo, por su edad ya no ve manera de emplearse y planea regresar a Venezuela: “Aunque la situación este muy mal allá, tengo el reconocimiento de la gente que me conoce y me han ofrecido ayudarme”.

Al igual que Cuesta, aunque estos desafíos se acentúan en la población inmigrante, hay quienes tienen la nacionalidad y aún así no tienen una resolución de sus títulos para poder ejercer en el país. Uno de estos casos es Anaí Escontrela, española que estudió en Venezuela y se graduó de farmacéutica. Lleva casi tres años esperando la tramitación de su solicitud, en la que la única información que le han dado ha sido que un funcionario vio los documentos. Antes, tuvo experiencia como asistente de cuidados o gerocultora y, más cerca de su profesión, pudo trabajar como técnico en farmacia. Sin embargo, ahora está en la búsqueda de empleo. “Llevo casi cinco meses sin conseguir trabajo”, afirma.

Anai Escontrela, farmacéutica graduada en Venezuela.
Anai Escontrela, farmacéutica graduada en Venezuela.EL MUNDO
Una vez más, encontrar un trabajo en cualquier área se vuelve aún más difícil con el título porque hay muchos empleadores que rechazan la sobrecualificación de Escontrela. “Yo lo que no concibo es tener que que falsear un currículum para poder trabajar”, reconoce Escontrela. “Voy a quitar toda mi experiencia profesional y toda mi vida por conseguir un trabajo, no tiene sentido. Ya de momento tengo el ingreso del paro, pero a mí eso me mortifica enormemente. A mí no me gusta vivir del paro”.