El portavoz del Gobierno de Canarias,

Alfonso Cabello

, volvió a encender las alarmas este viernes por la

lentitud

en el traslado a la península de los

menores con derecho a asilo

, donde sólo

67 de los 1.000

comprometidos han salido hasta ahora. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cabello aseveró que "

s

e está vulnerando el derecho de esos menores”

y la

responsabilidad

de dar respuesta

“es del Ejecutivo central”.

Cabello recordó que

han pasado “muchos meses”

desde el

último auto del Tribunal Supremo

, que fijó

un plazo de diez días

para revertir la situación de

hacinamiento. Sin embargo, la foto no cambia, y son

unos 5.000 jóvenes inmigrantes los que

siguen en Canarias

“en situación de hacinamiento”

, señaló. El balance oficial que ofreció el propio portavoz deja poco margen a la interpretación.

“Se empiezan a temer que no haya voluntad real por parte de nadie de cumplir con el Archipiélago, pues cuando debe llegar la respuesta

parece que la solidaridad es de boquilla

”, zanjó Cabello.

El Gobierno de España queda de nuevo en el centro del foco por

gestionar a cuentagotas

una medida que, según Canarias,

no es opcional

sino una

obligación legal y humanitaria. Tras meses de advertencias y un requerimiento judicial expreso, el resultado es

un atasco

injustificable que

prolonga el estrés del sistema de acogida

y

condena a menores

a una espera que

no deberían soportar.

El mensaje político que llega de las Islas siempre ha sido claro, y es que "

Madrid promete y no ejecuta".

Y cuando la

ejecución

se reduce a

un 6,7%

de lo comprometido (67 de 1.000), "no hablamos de ajustes técnicos sino de

falta de voluntad"

, como deslizó Cabello. Si el Gobierno central

no cumple sus propios plazos

- y los dictados por el Supremo, según la versión del Ejecutivo canario – ,

la credibilidad de su política migratoria

queda, cuanto menos, en entredicho.