La universidad de Harvard ha ganado este miércoles la primera batalla legal contra la administración Trump. La decisión de la jueza Allison D. Burroughs, de un Tribunal Federal de Massachusets, no es el punto y final, pero coloca a la universidad más prestigiosa y rica del mundo en una posición más favorable de cara a llegar a un acuerdo con el Gobierno. “Es difícil concluir algo distinto a que los acusados usaron el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo y con motivaciones ideológicas contra las principales universidades de este país”, dice la sentencia. Las medidas de presión fueron “represalias, condiciones y coerciones inconstitucionales”, concluye. La decisión puede ser recurrida y podría acabar en el Supremo, sino hay un acuerdo entre las partes.

Harvard acudió a la justicia después de que Trump ordenada congelar miles de millones de dólares del presupuesto federal, comprometidos en el pasado, para doblegar a la institución. Hubo decenas de casos similares, de universidades grandes y pequeñas, Ivy League y modestas, y la mayoría acabó plegándose al presidente, que con el noble pretexto de la lucha contra el antisemitismo ha arremetido contra todos los bastiones progresistas, pero también algunos conservadores.

Centros como Columbia, por ejemplo, aceptaron pagar hasta 200 millones como peaje para zanjar las disputas. Brown pagó 50, y el Departamento de Justicia le pide 1.000 millones a la de UCLA, en California. Trump quiere que Harvard pague más, y en julio se publicaron noticias de que la universidad aceptaba poner sobre la mesa hasta 500 millones de dólares, una auténtica fortuna. Pero no sin garantías claras de que no habría más asaltos a su independencia. Un precio muy alto, y no solo en sentido pecuniario.

En el pleito, las partes pedían que el Tribunal tomara una posición inicial. Se realizaron vistas orales y los implicados aportaron toda la documentación que consideraron necesario, pero no hubo un juicio como tal. Los intentos del Gobierno de que la magistrada, que en las vistas mostró claramente que no entendía los argumentos para cortar fondos de programas científicos apelando a pocos esfuerzos contra el racismo, fuera sustituida y que el caso acabara en una corte técnica de la capital fracasaron. “Esas acciones han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de todos aquellos que podrían beneficiarse de dicha investigación, además de reflejar un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución y las leyes federales”, dice la decisión de hoy.

La lucha por y contra Harvard era y es la más política y simbólica. La Casa Blanca pedía no sólo que la institución revisara sus políticas para combatir la discriminación contra los judíos, sino que abandone las políticas de igualdad y diversidad, la discriminación positiva y que proporcione a las agencias federales de seguridad toda la información sobre su alumnado extranjero. El Ejecutivo no sólo cortó los fondos, sino que quiso anular los visados de todos los estudiantes internacionales, que son un porcentaje muy relevante. Y exigía poder auditar todas las cuentas internas, buscaba forzar un cambio total en la política de admisiones e incluso en el equilibrio ideológico del profesorado, que es mayoritariamente progresista y no conservador.

Harvard empezó a negociar, pero a diferencia del resto de centros educativos, acudió a la Justicia. Y lo hizo no sólo apelando a los contratos para cientos de programas de investigación y desarrollo, sino a la primera enmienda, que regula la libertad de expresión, y reivindicando que el Ejecutivo no estaba respetando los procedimientos legales y violaba las garantías recogidas en la Constitución.
“Es necesario luchar contra el antisemitismo, pero también debemos proteger nuestros derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión, y ninguno de los dos debe ni necesita sacrificarse en aras del otro”, escribió el juez Burroughs en la sentencia, un documento de más de 80 páginas. “Harvard está, aunque con retraso, tomando las medidas necesarias para combatir el antisemitismo y parece dispuesta a hacer aún más si es necesario”, dice el texto. “Ahora es tarea de los tribunales actuar de manera similar, salvaguardar la libertad académica y la libertad de expresión, tal como lo exige la Constitución, y garantizar que investigaciones importantes no se vean sujetas indebidamente a cancelaciones de subvenciones arbitrarias y procesalmente deficientes, incluso si al hacerlo se arriesgan a la ira de un Gobierno comprometido con su agenda, cueste lo que cueste”.