El primero de los incidentes denunciados ocurrió el pasado marzo, cuando tres individuos de aspecto ceñudo e intimidante se presentaron en el supermercado de un comerciante ucraniano de Torrevieja algo antes de que cerrara su negocio y le dijeron a bocajarro que debería abonarles «un impuesto» si deseaba seguir abriendo. Los criminales iban muy en serio. «Te vamos a matar si no nos entregas el dinero», le espetaron, según la víctima de las coacciones.
Los extorsionadores rondaban entre los 25 y 30 años y tenían la clásica apariencia de los nacionales rusos de origen checheno. Durante las semanas que siguieron a ese episodio, el ucraniano recibió una avalancha de llamadas y mensajes por WhatsApp y TikTok. No solo amenazaban con matarle a él, sino con violar y acabar con la vida de las mujeres de su familia. «Tenemos armas», se jactaron para hacer más verosímil la amenaza. Y en verdad las tenían.
La seguridad con la que se desenvolvían sugería que no era la primera vez que aquellos tres matones se ponían en el papel de «toros», que es como se designa en la jerga criminal de Rusia a los que ejecutan las amenazas y el cobro de la extorsión. No concretaron todavía cuánto debía pagar para ponerse a salvo de ellos, pero trataron de dejarle claro que no tenía alternativa.
El 3 de mayo volvieron a aparecer por su local para repetir su cantinela con ese estilo propio de los clanes de Grozni: amenazas cortas acompañadas de gestos que encogían el aire. La historiografía criminal rusa describe a los chechenos como un caso específico de hampones que forjaron su propio camino.
A diferencia de la mafia rusa tradicional, se organizan en lo que ellos llaman teips, que son una especie de fraternidad o cofradía tribal con una disciplina militar y un código diferenciado. Desde las guerras de Chechenia, muchos de sus combatientes o parientes emigraron hacia Moscú y San Petersburgo, y desde allí hasta Europa, para emprender prósperas carreras en el mundo criminal.
En ese periplo, mantuvieron un modus operandi reconocible: el cobro extorsivo como fuente estable de financiación, ya fuera contra comerciantes ucranianos en los mercados de las ciudades europeas o, muy frecuentemente, contra los transportistas que cubren ciertas rutas hacia el este. Son conocidos por su brutalidad y osadía. Su reputación como hombres violentos es formidable, algo que estos gánsteres acostumbran a explotar para infundir más miedo.
En el episodio de Torrevieja combinaron la vieja receta de la coacción directa con el uso de las redes sociales para hostigar y atemorizar a la víctima. En Alemania, Francia o Turquía también se han detectado clanes procedentes de Chechenia que usan vídeos intimidatorios en TikTok para sembrar el terror entre rivales.
El ucraniano de Alicante podría haber pagado por su protección pero, en lugar de ello, expuso en las redes lo ocurrido y se presentó el pasado mayo en el cuartel local de la Benemérita. Mientras formalizaba su denuncia, uno de sus transportistas le avisó de que había recibido un vídeo de los extorsionadores a través de TikTok en el que le advertían: «Si te quemamos la tienda o te pinchamos las ruedas, ¿también lo arreglará la policía?».
De acuerdo con el atestado al que ha tenido acceso Crónica, el comerciante sospechó desde el primer momento que sus acosadores podrían estar vinculados o haber sido contratados por un comercio rival ruso de la zona. Lo que sostuvo ante la Guardia Civil es que había tenido roces previos con la familia propietaria de la otra tienda: «Solo puedes vender lo que te permitamos nosotros», le advirtió el yerno de la propietaria del local competidor.
Se trata, claramente, de un intento de control mafioso del mercado dirigido contra los ucranianos con el mismo libreto de extorsión que en los 90 floreció en Moscú, cuando los «reketiry» recorrían mercados y almacenes ofreciendo «protección» mientras se apartaban sutilmente el abrigo turco de políester para dejar que asomara la Makarov, la Tokarev o un cuchillo de resorte. Los puños americanos y los bates de béisbol eran un icono entre las bandas de la nueva Rusia que aplicaban escarmientos a los comerciantes.
Entonces, bastaba con que dos o tres matones se presentaran en un local para recordarle al tendero que, sin soltar la pasta, su negocio se hundiría. Aquella pedagogía del miedo se convirtió en un auténtico sistema paralelo de recaudación, legitimado en los barrios por la convicción de que la policía ni podía ni quería intervenir. Lo que en Moscú se conocía como «techo» no era más que el derecho a no ser destrozado por los mismos que te protegían.
Y ese es justamente, con variantes y añadidos de la era digital, el patrón que se replica en 2025 en la costa levantina. Cambian los escenarios —del mercado de Izmáilovo a la Vega Baja—, cambian las herramientas —de la libreta de cuentas y los sobres de efectivo a TikTok y WhatsApp—, pero la música es la misma: un tributo a la diáspora que convierte a los ucranianos en rehenes dentro de su propio exilio.
El comerciante ucraniano teme que aquella disputa comercial con competidores rusos haya derivado en la contratación de matones de Europa del Este para amedrentarlo y sacarlo del negocio. Pero lejos de achantarse, lo que ha hecho es tratar de reunir pruebas. Si algo ha dejado claro es que detrás de él hay toda una red de compatriotas —transportistas, empleados y hasta su hijo— que han sido testigos
Los conductores de furgonetas de la comunidad ucraniana conocían ya a los extorsionadores porque habían coincidido con ellos en la gestión de envíos hacia Ucrania. Y según le confesaron al comerciante, los tres hombres no eran extraños en ese circuito: utilizaban documentación dudosa, pasaportes con identidades falsas, y uno de ellos, afirmaban, estaba incluso reclamado por INTERPOL.
Los transportistas añadieron asimismo un detalle revelador: aseguraban haber visto a esos individuos merodeando en el mercadillo situado no lejos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Torrevieja, un lugar concurrido por inmigrantes de Europa del Este y donde los vendedores de vodka, embutidos o productos de ultramarinos actúan como punto de encuentro de la diáspora. Que los extorsionadores frecuentaran ese escenario, justo a las puertas de la institución armada, era en sí mismo un gesto de desafío.
«A él también lo vamos a matar»
Pero aún hay un asunto más relevante todavía: las amenazas no se han limitado al comerciante y su familia. Los propios transportistas que daban servicio a su supermercado son también un objetivo directo de los chechenos. Mientras duró el hostigamiento, varios recibieron mensajes y llamadas en los que se les exigía un pago de 200 euros por cada trayecto a Ucrania. La cuota, explicaban los mafiosos, era la condición para «circular tranquilos».
También los empleados y el hijo del ucraniano han sufrido directamente la presión mafiosa. Este último recibió en su teléfono móvil un mensaje especialmente macabro. «A él también lo vamos a matar», le escribieron, en alusión a su padre. El muchacho había presenciado el cara a cara con los chechenos cuando irrumpieron en el local y corroboró la versión paterna.
Ese coro de testigos ha convertido lo que podría haberse interpretado como un simple conflicto comercial en una trama de extorsión dirigida contra la diáspora ucraniana en Torrevieja, con conexiones en el extranjero y un modus operandi idéntico al descrito en países como Dinamarca.
El ucraniano nunca pagó ni un euro a sus acosadores. Además, ha entregado a los investigadores imágenes de las cámaras de seguridad de su establecimiento y grabaciones de audio y vídeo de las amenazas vertidas por WhatsApp y TikTok. La Guardia Civil llevó a cabo a finales de primavera diligencias por un posible delito de extorsión mientras trabajaba con la hipótesis de que detrás de este episodio haya una red organizada.
¿Existe alguna pista de quién podría estar detrás de la trama criminal? La investigación llevada a cabo por Crónica, muestra indicios más que consistentes de que el grupo que opera en Alicante llegó desde el norte de Europa.
DE DINAMARCA A TORREVIEJA
En mayo de 2019, la prensa regional danesa dio cuenta de una condena ejemplar contra cuatro hombres acusados de someter a camioneros ucranianos a una campaña de terror. Sus penas: entre uno y tres años y medio de cárcel, seguidas de expulsión del país.
El tribunal los declaró culpables de extorsión sistemática, amenazas violentas, incendios provocados, robos y falsificación documental. El caso tuvo su apogeo en noviembre de 2019, cuando los delincuentes fueron interceptados en la autopista E20 tras robar a un camionero ucraniano y prender fuego a su furgoneta. El relato judicial es calcado al que este año ha ocupado a la Guardia Civil en Torrevieja: cuotas iniciales por «derecho a circular» y un tributo por viaje junto a amenazas de muerte en caso de no cumplir.
Las coincidencias son demasiado abrumadoras para ser desestimadas, y no son los periodistas quienes las subrayan, sino los propios inmigrantes ucranianos asentados en Torrevieja. En grupos de Facebook y foros de la diáspora, varios de ellos advierten que el clan que les extorsiona en Alicante podría ser el mismo que fue condenado en Dinamarca.
Nombran a uno de los condenados en Dinamarca, de iniciales Z.S. Y recuerdan las penas impuestas a otros tres: P.S., S.A-H. B. y S.J. Advierten que el patrón vuelve a repetirse: en Dinamarca como ahora en España, las víctimas son ucranianos; las amenazas se dirigen tanto a la integridad física como al sustento de sus familias; y los pagos se fijan «por viaje», un peaje mafioso que convierte cada trayecto o cada apertura de la tienda en una aventura peligrosa.
El escenario de fondo es ideal porque Torrevieja se ha convertido en Little Kiev por la magnitud de su colonia eslava. Más de 8.000 ucranianos están empadronados aquí, a los que se suman miles más de rusos, bielorrusos y moldavos. La llegada de estos inmigrantes comenzó durante los 90, cuando la construcción y el turismo ofrecían empleo y vivienda barata. La guerra en Ucrania aceleró la concentración: familias desplazadas se asentaron en una ciudad que ya tenía supermercados, transportistas y asociaciones ucranianas.
Esa densidad facilita la vida cotidiana —tiendas, iglesias ortodoxas, envíos de dinero—, pero también ofrece anonimato para criminales que pueden confundirse con honrados compatriotas. El atestado español ya apunta a chechenos con antecedentes de violencia. Los informes europeos corroboran que las bandas de esa república son particularmente agresivas en la extorsión.
No es la primera vez que la ciudad aparece en informes policiales. En 2003, durante la Operación Avispa, la Guardia Civil grabó la fiesta de cumpleaños de Zakhar Kalashov en una finca cercana. En 2010, la Operación Java volvió a demostrar que mafias georgianas y armenias operaban con base en la costa. Y en 2025, una red con base en Torrevieja y Orihuela fue desmantelada tras estafar más de cinco millones de euros con webs falsas que imitaban portales de inversión. Ese grupo no amenazaba con cuchillos, sino con correos electrónicos, pero el patrón era el mismo: coacción sobre la comunidad eslava.
La irrupción de chechenos en este tablero introduce una nota distinta. Su marca no es el lujo discreto de los capos rusos, sino la intimidación tribal y la brutalidad como carta de presentación. En Moscú, en los noventa, su sola reputación bastaba para que comerciantes pagaran sin rechistar.