El distrito madrileño de Hortaleza amaneció ayer con varias de sus marquesinas de autobús y paredes infestadas de carteles que ofrecían acceso a un “chat anti menas” e invitaban a los vecinos a unirse mediante un código QR. “Mañana podrías ser tú. Joven español, reacciona”, advertían los anuncios desplegados por la organización Juventud Combativa.

La alerta ciudadana, ya latente tras la violación a la menor de 14 años y la posterior trifulca xenófoba, se intensificó el martes con la concentración ilegal convocada por Vox, que reunió a cerca de un centenar de vecinos y simpatizantes preocupados por la seguridad del barrio. Sin embargo, la escalada de tensión no se ha limitado a la calle. El paso constante de coches patrulla y agentes apostados frente al Centro de Primera Acogida busca contener los conflictos, pero la presión parece haber traspasado ahora las vallas de la propia instalación autonómica.

“La vigilancia privada se ha intensificado en las últimas semanas. Ahora hay tres guardias de seguridad que vigilan a los menas durante el día; otros dos permanecen alerta por la noche”, detallan a GRAN MADRID fuentes cercanas al propio centro. Según advierten, la situación se ha vuelto “insostenible” debido a la “fuerte presión” que recae sobre los trabajadores, que se sienten impotentes y frustrados ante el comportamiento violento de algunos de los menores.

Varios empleados y vigilantes han sido agredidos en distintos episodios y, aunque aseguran que les gustaría poder actuar, todos coinciden en lo mismo: “Las órdenes son claras. A los menas no se les toca”. Denuncian que en algunos casos en que se han producido agresiones especialmente graves, la fiscalía “ha rechazado cualquier petición de orden de alejamiento” y todo se gestiona siguiendo protocolos estrictos que “priorizan el interés del menor”.

Carteles que invitan a los vecinos a unirse al chat.
Carteles que invitan a los vecinos a unirse al chat.E. M.
El centro, diseñado originalmente para 45 plazas, cuenta ahora con capacidad para 95 personas y acoge hoy a 87 jóvenes alojados en dormitorios improvisados en antiguas salas de actividades recreativas, casi el doble de su capacidad inicial. “Están empezando a dar incentivos y a subirles el sueldo a los vigilantes, pero muchos no quieren trabajar; eso no basta para frenar los conflictos”, denuncian algunos de los trabajadores y educadores que han pasado por el recinto en los últimos años.

Señalan que, aunque las instalaciones cuentan con un sofisticado sistema de videovigilancia constante para controlar a los menas dentro del recinto, estos “se las ingenian para escabullirse y drogarse” en los puntos ciegos en que las cámaras no llegan. Además, explican que hasta hace pocos años, en el centro convivían chicos y chicas, pero se dejó de albergar a las adolescentes tras volverse cada vez más frecuentes los “episodios de acoso e intimidación” sufridos por las jóvenes.

Ahora, los conflictos internos se concentran entre los chicos: peleas por móviles, discusiones y agresiones se repiten “casi a diario”. Cuentan que muchos de los menores pasan la tarde y la noche con el mono, tras haber consumido disolventes y otras sustancias estupefacientes.
La preocupación de los trabajadores se centra ahora en que la intensa presión vecinal pueda derivar en episodios aún más violentos, ya que coinciden en que los menores “suelen alterarse con facilidad” y lo último que desean es verse involucrados en una situación similar a la ocurrida frente al centro de Alcalá o en las trifulcas que se desataron en Torre Pacheco.

Pese a la rutina de impotencia y miedo que afrontan a diario, los vigilantes de seguridad deben custodiar un centro que parece estar cada vez más desbordado. Aunque reciben ayudas y un plus de 250 euros por su labor, el destino no resulta atractivo. “Pocos quieren trabajar aquí, porque con los menores hay que tener mucho cuidado”, señala uno de los antiguos empleados.